Intervención en tribuna del senador Luis Humberto Fernández Fuentes, del Grupo Parlamentario del PRD, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud en materia de control y aprovechamiento de las pérdidas alimentarias.
Luis Humberto Fernández Fuentes, (LHFF): Con su venia, su Señoría, buenas tardes.
Quiero poner a su consideración una iniciativa que habla de algo que es muy sensible para todos los mexicanos, que es la alimentación.
En los próximo años, uno de los principales retos de los países, sobre todo de las naciones en desarrollo, será asegurar a su población del abasto suficiente de alimentos, como consecuencia ésta, una mayor esperanza de vida y cambios en los patrones de consumo de alimentos, entre muchos otros.
La crisis alimentaria mundial de 2008 evidenció la fragilidad de la mayoría de los sistemas alimentarios del mundo. En este periodo se registró un incremento significativo de los precios del arroz, el trigo y el maíz.
Según la FAO, 795 millones de personas en el mundo no tienen lo suficiente para comer, la gran mayoría -98 por ciento- vive en las regiones en desarrollo.
En México, de acuerdo con el último Informe de Evaluación de la Política Social presentado por el CONEVAL, 23.3 por ciento de la población presentó carencia por acceso a la alimentación, es decir, casi una cuarta parte de los mexicanos padecían inseguridad alimentaria severa o moderada en nuestro país.
La FAO ha establecido que la inseguridad alimentaria es, a menudo, más una cuestión de acceso que de suministros, y es que hoy en día vivimos en un mundo donde los precios de los alimentos son cada vez más elevados y más volátiles.
A finales de 2012, este organismo dio a conocer el incremento del desvío de reservas de alimentos para fines no alimentarios y el aumento de la especulación financiera de algunas de las causas de la subida del nivel de los precios y la volatilidad, por lo que, de no controlarse, existe la posibilidad de que se presente una crisis alimentaria mundial parecida a las que hemos tenido con anterioridad.
En México, según el «Reporte sobre las condiciones de competencia en el sector agroalimentario» dado a conocer por la Comisión Federal de Competencia Económica, entre 2005 y 2014 el aumento de precios en los alimentos fue de 23 por ciento, el más alto entre los países de la OCDE, cuyo promedio fue del 8 por ciento.
A este escenario se suma una de las grandes paradojas que enfrenta el mundo: mientras millones de personas no tienen qué comer, aproximadamente un tercio de las partes comestibles de los alimentos producidos para el consumo humano se pierde o desperdicia, estamos afirmando que una tercera parte de los alimentos que se pueden consumir, se desperdician.
En términos financieros se estima que a nivel mundial el valor de los alimentos que se pierden o desperdician cada año es más de un billón, mil millones de dólares al año, y 6 por ciento de las pérdidas ocurren en América Latina y el Caribe.
En México, el problema no es diferente, se estima que en nuestro país el 37 por ciento de los alimentos producidos se pierden o desperdician, con lo cual se podrían alimentar a 7.4 millones de personas en pobreza extrema e inseguridad alimentaria.
Al año se desperdicia un alto porcentaje de leche, de tortillas, de pan, de carne, de pollo y de huevo.
De acuerdo con la Asociación Mexicana de Bancos de Alimentos, ya se había destacado que cada año el campo mexicano produce 31.4 millones de toneladas de alimento, sin embargo el 6.3 millones son desperdiciadas.
Frente a presiones de toda índole que van desde el desempleo, el incremento de la violencia en nuestro país, la corrupción, el narcotráfico, el cambio climático, la falta de crecimiento económico, la violación a los derechos humanos, entre muchos otros, el problema del abasto y distribución de los alimentos ha logrado escalar dimensiones mayores y posicionarse como un problema nacional que no puede dejarse absolutamente y únicamente en manos del mercado.
Ante la falta de regulación del desperdicio de alimentos, el papel de los bancos de alimentos ha cobrado relevancia.
En 2015 la FAO dio a conocer una propuesta de plan de Reducción de Pérdidas y Desperdicios de Alimentos para América Latina y el Caribe, que contempla la participación de los bancos de alimentos al ser «organizaciones eficientes y sostenibles que ofrecen alternativas al descarte de alimentos, mediante la gestión y logística de productos de alto valor nutritivo.
De este tipo de prácticas este organismo reporta que en 2013 en América Latina se recuperaron 190 mil toneladas de alimentos que se distribuyeron a 12,700 organizaciones.
En el caso de la Ciudad de México hay esfuerzos importantes, es de destacarse el caso de la Central de Abasto de la Ciudad de México, donde hay un esfuerzo de los comerciantes de la Central para instituir un banco de alimentos que ha recibido hasta la fecha 540 toneladas de alimentos, que han sido canalizadas a asociaciones civiles, fundaciones, orfanato y otras dependencias públicas como el DIF-DF, que apoyan a personas en situación vulnerable.
En este contexto, lo que queremos poner a su consideración es regular y sancionar el desperdicio alimentaria, es verdaderamente criminal que se esté tirando esta cantidad de alimentos con el hambre que existe en nuestro país.
Hay experiencias exitosas, hace unos días, el congreso de Italia aprobó una ley para desalentar el desperdicio de alimentos y promover su entrega con fines sociales, todo ello bajo un programa denominado Despilfarro Cero.
Con esta medida, no solamente está dirigida a los grandes supermercados, sino también al comportamiento de productores, vendedores y particulares.
También en este contexto es importante reconocer que es fundamental regular el aprovechamiento y utilización de las mermas alimentarias que producen personas físicas y morales y esto es un deber del Estado mexicano que obliga a todos a abatir la pobreza alimentaria que sufre el país.
La presente iniciativa, lo que busca es reformar y adicionar la Ley General de Salud para qué, para establecer un marco regulatorio de control, aprovechamiento, con responsabilidad social de las pérdidas alimentarias que producen las personas físicas y morales que laboran y procesan y distribuyen y comercializan alimentos.
Insisto, es para la industria alimentaria, no para los ciudadanos en lo individual.
Lo que buscamos es sancionar a aquellos que tiren alimentos en buen estado, únicamente para efectos de mercado que es un práctica común e irregular.
Es importante mencionar que la iniciativa que ponemos a su consideración también estamos considerando que la autoridad fiscal otorgue la deducibilidad correspondiente a la donación de bienes básicos para la subsistencia humana, específicamente de alimentos, para los fines asistenciales y de alimentación de grupos vulnerables.
En ese sentido, se propone imponer una multa, una sanción administrativa, a quienes incurran en esta falta.
Estamos seguros que con estas medidas podremos disminuir el hambre en nuestro país.
Es cuanto, señor presidente, muchas gracias.
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