- Esta acción no elimina la necesidad de reformas en materia de seguridad pública, advierte Miguel Barbosa
- Que Guzmán Loera declare sobre red de complicidad que permitió su fuga; y sobre red de protección por la cual decidió esconderse en Sinaloa, por el tiempo de su evasión.
- GPPRD en el Senado se pronuncia a favor de que sea juzgado y encarcelado en México
El Grupo Parlamentario del PRD en el Senado de la República expresó su reconocimiento al Gobierno federal, y particularmente a los elementos de la Marina y Ejército que participaron en las acciones para la recaptura de Joaquín Guzmán Loera realizada el día de hoy en la ciudad de Los Mochis, Sinaloa.
“Es el resultado, sin duda, de una acción de diferentes fuerzas del Estado mexicano, que consiguen la detención del criminal más peligroso al que se haya enfrentado hasta este momento”, apuntó el senador Miguel Barbosa Huerta.
El coordinador parlamentario del PRD en el Senado destacó que esta detención no significa que las cosas ya estén funcionando bien; consideró que después de esta destacada detención, el narcotráfico, el crimen organizado y en general la inseguridad pública en México constituyen una degradante realidad en nuestro país.
Por lo cual, enfatizó, resultan urgentes la reformas legislativas en materia de seguridad pública.
En conferencia de prensa, Miguel Barbosa subrayó que en estos momentos resulta fundamental que Joaquín Guzmán Loera declare sobre dos aspectos: quién lo ayudó a escapar del Penal de Máxima Seguridad del Altiplano y quién lo protegió en Sinaloa durante el tiempo que estuvo prófugo.
Afirmó que la gente debe y exige saber quién o quiénes le permitieron su fuga en las condiciones por todos conocidas y con qué redes de protección cuenta en estados como Sinaloa donde finalmente fue detenido.
“Me refiero a esa red de complicidad que hace que la ley en México pueda violarse con las consecuencias sociales como las que tuvo la fuga de Joaquín Guzmán Loera”, dijo.
El senador poblano se manifestó a favor de que Joaquín Guzmán Loera sea juzgado y purgue su condena en territorio nacional, a pesar de estar consciente de la enorme capacidad corruptora y de presión que posee.
“Nos pronunciamos para que sea juzgado por tribunales y leyes mexicanos, y que su condena sea cumplida en penales del país. El Estado méxicano está a prueba”, dijo.
El legislador precisó que resulta fundamental que el Estado mexicano demuestre solidez institucional al procesar y resguardar a este personaje.
“El Estado mexicano debe de acreditar que es un Estado fuerte, que tiene instituciones capaces de hacer cumplir la ley; no negamos que tenga cuentas que rendir a tribunales de otro país, pero primero que las rinda por los delitos cometidos en nuestra nación” aseveró.
Además, agregó que “la captura no significa olvidar la evasión, hay que reconocer este hecho y asumirlo como el cumplimiento de una obligación de la autoridad”.
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