Intervención de la senadora Angélica de la Peña Gómez, del Grupo Parlamentario del PRD, para al dictamen de las comisiones unidas de Puntos Constitucionales; de Anticorrupción y Participación Ciudadana; de Gobernación, y de Estudios Legislativos, Segunda en materia de combate a la corrupción.
Angélica de la Peña Gómez, (APG): Con su permiso, Presidente.
Compañeras y compañeros Senadores:
De acuerdo a la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, conocida como Convención de Mérida, la corrupción es una plaga insidiosa que tiene un amplio espectro de consecuencias corrosivas para la sociedad. Socava la democracia y el estado de derecho, da pie a violaciones de los derechos humanos, distorsiona los mercados, menoscaba la calidad de vida y permite el florecimiento de la delincuencia organizada, el terrorismo y otras amenazas a la seguridad humana.
Por tanto, la Minuta que estamos por aprobar representa un avance fundamental para el país, sus instituciones y para la vida cotidiana de la ciudadanía.
Se trata de establecer desde la Constitución las bases de todo un Sistema Nacional Anticorrupción, como una instancia de coordinación entre las autoridades de todos los órdenes de gobierno en la prevención, detección y sanción de responsabilidades administrativas y hechos de corrupción, así como en la fiscalización y control de recursos públicos, lo cual no es un asunto menor.
Sin duda, uno de los problemas estructurales que agobia a las y los mexicanos es la corrupción. Su impacto en la vida cotidiana le cuesta al país según los expertos más de 341 mil millones de pesos que se dejan de generar a causa este flagelo.
Transparencia Internacional presentó a finales de 2014 los resultados del Índice de Percepción de la Corrupción 2014, que incluyó 175 países, entre ellos al nuestro.
Del total de países incluidos México obtuvo una calificación de 35 puntos, lo que nos ubica en la posición 103, junto con Bolivia, Moldavia y Nigeria.
De acuerdo con la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental levantada por el INEGI en 2013 el 88.3% de la población considera que las prácticas de corrupción son muy frecuentes en el país; el 89.7% de la población considera que la policía es corrupta, seguido de los Partidos Políticos y el Ministerio Público. Más del 77% de la población enfrentó barreras a sus trámites en el último año, mientras que el 47.7% no recibió información adecuada para acceder a los servicios públicos. Asimismo, más del 50% de las y los mexicanos cree que está bien desobedecer la ley cuando se piensa que la ley está mal o cuando el sistema legal falla.
Todo lo anterior compañeras y compañeros se agrava con los escándalos de corrupción de sobra conocidos, que demuestran la falta de reglas que obliguen a los funcionarios a hacer pública su declaración patrimonial, la ausencia de controles para las empresas que se relacionan con el gobierno, así como la necesidad de sanciones contundentes para quienes cometan tales delitos, como algunos de las deficiencias en la legislación.
Por tanto, las prácticas de corrupción están asociadas a la opacidad gubernamental; también al diseño de las reglas de operación y sistemas reglamentarios de los programas y servicios públicos; pero sobre todo, a una cultura extendida del no respeto a la ley.
En palabras de Luigi Ferrajoli: Uno de los factores de la actual crisis de la democracia y de la regresión de la esfera pública lo es esa creciente mezcla entre los poderes políticos y los poderes económicos, que se manifiestan en los variados conflictos de intereses y en la más estrecha relación entre la política y el dinero, lo que conlleva a una suerte de un Infra-Estado oculto y paralelo, dedicado a la apropiación de la cosa pública que contradice todos los principios de un Estado Democrático de Derecho.
De ahí la importancia en la aprobación de esta Minuta. Es un primer paso para el establecimiento de mecanismos e intuiciones que permitan inhibir, prevenir y en su caso sancionar esta perniciosa práctica.
De esta minuta podemos destacar:
La creación del Sistema Nacional Anticorrupción como una instancia de coordinación entre las autoridades de todos los órdenes de gobierno competentes para la prevención, detección y sanción de hechos de corrupción.
La implementación de Comité Coordinador del Sistema, el cual tiene entre sus fines establecer mecanismos de coordinación con los sistemas locales para diseñar y promover políticas integrales en materia de fiscalización y control de los recursos públicos.
El Comité Coordinador del Sistema podrá emitir recomendaciones no vinculantes a las autoridades, con el objeto de que adopten medidas encaminadas al fortalecimiento institucional para la prevención de hechos de corrupción.
Se faculta al Congreso de la Unión para expedir una Ley General que establezca las bases de coordinación del Sistema Nacional.
Se fortalecen las facultades de fiscalización de la Cámara de Diputados por conducto de la Auditoria Superior de la Federación.
Se eliminan los principios de anualidad, por lo que se podrá iniciar el proceso de fiscalización a partir del primer día hábil del ejercicio fiscal siguiente.
Se fiscalizará en coordinación con las entidades locales de fiscalización o de manera directa las participaciones federales y se establecen tres fechas para la entrega de informes individuales de auditoría.
Se crea el Tribunal Federal de Justicia Administrativa y su Sala Superior se integrará por 16 magistrados, designados por el Presidente de la República y ratificados por el Senado.
El Senado de la República ratificará el nombramiento del titular de la Secretaría de Estado encargada del control interno del Ejecutivo Federal.
Se establece que la prescripción por faltas administrativas graves no podrá ser menor a siete años.
Compañeras y compañeros Senadores:
La sociedad nos demanda remontar la grave crisis de credibilidad de las instituciones y erradicar esta permisiva práctica. Con la aprobación de ésta Minuta iniciamos un proceso encaminado a restaurar los problemas y las amenazas que plantea la corrupción para la estabilidad y seguridad de la sociedad al socavar las instituciones y los valores de una democracia con calidad.
Votaremos a favor del presente dictamen, no sin antes señalar que nuestro Grupo Parlamentario, insistirá en aprobar las reformas que permitan contribuir a eliminar el abuso de poder que se da a través de los privilegios que consideramos deben modificarse.
Primeramente es necesario concluir el procedimiento que éste Senado de la República inició para nombrar al Fiscal Anticorrupción y con ello, hacer las reformas necesarias al Título Décimo del Código Penal relativo a los delitos cometidos por servidores públicos.
Asimismo es necesario eliminar la perniciosa cláusula constitucional que establece que el Presidente de la República durante el tiempo que dure su encargo, sólo podrá ser acusado por traición a la patria y delitos graves del orden común.
Es necesario también, eliminar la figura del fuero que ha sido un límite que impide que lo servidores públicos y los representantes de elección popular puedan ser objeto de sanción ante la eventual comisión de un delito o algún acto de corrupción. Así como eliminar las prebendas, canonjías, sobresueldos y privilegios de los funcionarios de altos niveles; los seguros de gastos médicos para los funcionarios que son pagados con recursos de las y los contribuyentes; eliminar la partida destinada al pago del seguro de separación y eliminar plazas. Dejar de pagar pensiones a ex presidentes; racionalizar y hacer eficientes las compras de bienes y servicios, eliminar gastos suntuosos y la prohibición del uso de transportación aérea y la compra de automóviles para los funcionarios, son compromisos ineludibles en un Estado Democrático y de Derecho
Es cuanto.
