Intervención en tribuna de la senadora Verónica González Rodríguez, del Grupo Parlamentario del PRD, para presentar una iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un apartado C al artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Verónica González Rodríguez, (VGR): Compañeras y compañeros senadores;
La iniciativa que vengo a poner a su consideración tiene como objetivo establecer en el artículo 123 de nuestra Carta Magna, el supuesto de “Emergencia Laboral”, situación que debe ser declarada por el Congreso de la Unión cuando los indicadores oficiales muestren que en un periodo consecutivo de 18 meses, la economía no genera empleo suficiente y de calidad para satisfacer la demanda de nuestra población.
De acuerdo con el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, toda persona tiene derecho al trabajo pues se trata de un derecho humano que es base para la realización de otros derechos y para acceder a una vida digna; por ende los Estados tienen la obligación de garantizar a la sociedad la oportunidad elegir y aceptar libremente un trabajo, bajo condiciones equitativas y satisfactorias.
Este derecho se encuentra consagrado en el artículo 123 de nuestra Constitución, sin embargo tiene la particularidad de referirse únicamente al trabajo asalariado, donde media un contrato.
La Organización Mundial del Trabajo ha señalado que en los últimos años a nivel mundial existen signos de debilidad y bajo crecimiento económico, situación que lleva a una desaceleración de la economía en consecuencia al aumento en las tasas de desempleo.
Distintos organismos internacionales calculan que al término del presente año, en nuestro país habrá 2.4 millones de desempleados, y se estima que en el 2017 esta cifra no disminuirá sino que se mantendrá a la alza. Esta situación llevaría la tasa de desempleo para 2016 en un 4.1 por ciento, mientras que para 2017 oscilaría en un 4 por ciento.
A esto debemos sumar que, de acuerdo con la OCDE, nuestro país se ubicó entre los que han reportado mayor incremento en la tasa de desempleo, en contraste con la baja de la mayoría de países integrantes dicho organismo.
Hacia 2015 la tasa de desempleo en nuestro país fue de 4.4 por ciento, situación que no refleja una realidad que viven todos los días nuestros ciudadanos y que coincide con la opinión de la OCDE en el sentido de que durante los últimos dos años nuestro país se encuentra con niveles al alza en cuestión de desempleo.
Esta situación y la precariedad en la contratación laboral son elementos que forman parte de un escenario poco alentador que cada día se vive nuestro país, y que muchas veces llega a ser simulado bajo un discurso que muestra un desempeño del mercado laboral alejado de la realidad.
Es necesario que los principios fundamentales del derecho del trabajo se preserven porque constituyen cimientos a la estructura que sostiene y promueve la justicia social.
En opinión del Banco Mundial, el complejo entorno económico y la globalización de las políticas monetaria y fiscal han creado un escenario donde 205 millones de personas a nivel mundial están oficialmente desempleadas, situación que nos da una problemática que pareciera no tener fin, debido a que los responsables de las políticas no están seguros de cómo crear puestos de trabajo y mucho menos, que estos sean suficientes y de calidad.
El Banco de México anticipó que para este año, la cantidad de nuevos empleos no cubrirá al millón 200 mil personas que cada año se incorporan al mercado laboral; se calcula que apenas 1 de cada 2 mexicanos que requerirán encontrar un empleo podrán obtenerlo, obligando a muchas personas a laborar en el sector informal.
Un Estado que tiene incorporado el derecho al trabajo en su marco constitucional debe garantizarla generación de empleos, muy particularmente cuando la economía se encuentra en sus peores momentos. Es inconcebible que un Estado no asuma esta tarea, pues se trata del ingreso de millones de familias; justificar la pérdida del empleo para la viabilidad de una política fiscal es condenar a una parte importante de nuestra población a quedar desprotegida y sin sustento alguno.
Desde 1917, nuestro país fue ejemplo de justicia social, la Revolución Mexicana dio la pauta a la creación de una legislación más progresista y completa del mundo en materia laboral, donde las viejas estructuras fueron renovadas para establecer las bases en donde se impondría al Estado la responsabilidad de cuidar la condición justa y libre de los hombres frente a la economía y el capital.
Estos principios que se establecieron, que incluyen la estabilidad y continuidad en el trabajo, reduciendo el riesgo al trabajador de quedar sin empleo o ser despedido injustificadamente deben adaptarse a la nueva realidad que vivimos que sociedad.
Con la presente iniciativa se propone la declaración de la “Emergencia en materia laboral”, lo que llevaría a la prohibición de despidos y cesantías sin causa, tanto en el sector público como en el privado. Con esto buscamos proteger el trabajo en sus diversas formas para lo cual se adoptan un conjunto de medidas legales que operarán durante un periodo determinado.
Esta iniciativa es una salvaguarda de excepción en beneficio de los trabajadores, sujeto que merece debida y especial tutela por parte del Derecho del Trabajo así como el más amplio y profundo respaldo por parte de nosotros como sus representantes.
Es cuanto, señor presidente.
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