Intervención en Tribuna del senador Manuel Camacho Solís, del Grupo Parlamentario del PRD, para hablar sobre el dictamen de protección a periodistas.
Manuel Camacho Solís, (MCS): … voy a retomar aquí lo que planteamos en la comparecencia del secretario de Gobernación y para lo cual no hubo una suficiente respuesta. Nos preguntábamos por qué habíamos caído tanto.
En democracia se nos compara con Honduras; en libertades, estamos entre los siete países con mayor impunidad respecto a los ataques a periodistas y defensores de derechos humanos, sólo mejor que Irak, Somalia, Filipinas, Sri Lanka, Colombia, Afganistán y Tailandia; con el agravante de que Colombia ha mejorado y nosotros nos hemos deteriorado.
El deterioro de las libertades es un problema de ética política grave, pero también es un foco rojo que anuncia ingobernabilidad.
Donde hay prensa libre y donde se puede hacer con seguridad la defensa de los derechos humanos, no habrá ingobernabilidad. En ningún país con prensa libre ha habido revolución.
En los últimos doce años, hasta junio de 2013, según los datos de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos contra la Libertad de Expresión, se han registrado 95 homicidios que, en su inmensa mayoría permanecen impunes.
Aunque fue aprobada la Ley de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas que estableció un mecanismo de protección, su puesta en marcha ha sido deficiente.
Las causas de la violencia e intimidación de los periodistas son diversas.
Una parte importante de los casos está ligada a acciones del crimen organizado, pero otra parte equivalente, es por razones vinculadas con la corrupción, violación de derechos humanos y asuntos políticos.
Entiendo que resolver el problema es muy complejo, pero lo peor sería quedarnos donde estamos, es decir, con una fiscalía y una ley insuficientes; con procesos de degradación social y política que siguen su curso; y con nuevos riesgos que podrían agravar la situación e incluso desestabilizar la democracia.
Las acciones a las que han estado sometidos algunos de los periodistas y medios de mayor prestigio debieran alertar. Por ejemplo, el asesinato de la periodista Regina Martínez Pérez, de Proceso, el 28 de abril de 2012, en Xalapa, que continúa impune.
¿Qué impide ir al fondo?
Nos preocupan hechos que han ocurrido en los últimos meses, como por ejemplo, las acciones de intimidación en contra de la periodista Carmen Aristegui. Estamos ante asuntos políticos cruciales que son responsabilidad directa del Gobierno mexicano.
Si los espacios de libertad y autonomía son clausurados, ¿qué alternativa tendrán los ciudadanos, los medios, la oposición política y social, los obispos, las ONGs de derechos humanos y las autoridades honestas para defender las libertades y preservar el orden constitucional?
Más allá de la necesaria revisión y fortalecimiento de la Fiscalía y del mecanismo de protección que corresponde a la Secretaría de Gobernación, desde el Senado respetuosamente, y nos escuche, le proponemos que el Presidente de la República que haga una definición política de fondo en favor de la libertad y que ésta vaya acompañada de cinco acciones consecuentes.
¿Cuáles?
Uno. Que el Presidente de la República comunique a todas las autoridades políticas del país, su decisión de dar seguimiento a los casos en curso, proceder en contra de cualquier acción contraria al libre ejercicio de los periodistas y defensores de los derechos humanos y la determinación de su gobierno de utilizar su autoridad contra cualquier responsable político que dé cabida o protección a estas acciones.
Dos. Que el gobierno aclare un caso, un caso, para sentar precedente. Ahí está el caso de Regina, para que, si hay alguna responsabilidad política, ésta sea sancionada y, si no la hay, también quede esclarecido el caso.
Tres. Que el asunto de Carmen Aristegui, y cualquier otro en circunstancias semejantes, no se tome a la ligera. Defender los espacios de libertad hoy es crucial para la democracia mexicana y para la estabilidad política.
Cuatro. Que el gobierno cumpla con su compromiso contendido en la reforma constitucional de Telecom para fortalecer la competencia, mejorar los contenidos, mantener abierto el Internet, no criminalizar la protesta social y regular a fondo la publicidad gubernamental conforme al compromiso que hizo el propio Presidente de la República.
Cinco. Que se acepte, por parte del PRI, en el Senado, la creación de un comité asesor externo de expertos e instancias especializadas en la defensa de las libertades y los derechos humanos, para dar seguimiento a los compromisos que haga el Ejecutivo en favor de la libertad.
Eso fue lo que le comentamos al secretario de Gobernación y yo vuelvo a preguntar: ¿Qué impide que haya una respuesta, cuando hay 95 periodistas asesinados y en todos los casos hay impunidad, qué impide, señores senadores, senadoras, diputados, diputadas, que haya una respuesta política a la altura del problema de parte del Presidente de la República, los legisladores, los procuradores, los gobernadores, los responsables de la seguridad y la justicia? No hay tiempo que perder.
Si en el caso de la reforma energética, los congresos locales la aprobaron en horas, con la misma urgencia y contundencia se deben atender estos riesgos de política interna.
Hay que contener los impulsos cortesanos y autoritarios. Nada más eficaz para ello que asegurar la libertad.
Ese era el punto de acuerdo que propusieron Dolores Padierna, Layda Sansores, Gabriela Cuevas, Lorena Cuéllar, Adriana Dávila y Luz María Beristain.
Muchas gracias por su atención.
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