Intervención en tribuna del senador Isidro Pedraza Chávez para manifestarse a favor del dictamen de la Comisión de Asuntos Indígenas, por el que se solicita al poder judicial de cada una de las entidades federativas realizar los convenios necesarios con las instancias correspondientes que permitan el acceso pleno a la jurisdicción del Estado y garanticen una debida defensa de los integrantes de los pueblos y comunidades indígenas.
Isidro Pedraza Chávez (IPC): Gracias, compañero presidente, compañeras y compañeros senadores.
En este punto de acuerdo que presenta la Comisión de Asuntos Indígenas, está encaminado a firmar un acuerdo que entre las instituciones que procuran justicia, para que pueda suscribirse un convenio de colaboración y se puedan dar las facilidades en asesoría y defensa a las indígenas que presentan algún proceso de carácter penal.
Yo quería remitirme a que el Senado de la República exhorta al Poder Judicial en cada una de las entidades federativas y aquí quiero que se tome nota, presidencia, de hacer un agregado para que esté redactado de la mejor manera y que diga “y del Distrito Federal” a realizar convenios necesarios con la Comisión Nacional del Desarrollo de los Pueblos Indígenas, el Instituto Federal de Defensoría Pública y el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas y la Comisión Nacional de Derechos Humanos, así como los organismos estatales, que permitan el acceso pleno a la jurisdicción del Estado y garanticen una debida defensa de los integrantes de los pueblos y comunidades indígenas.
Este punto de acuerdo, compañeros, quiero remontarlos a ustedes, a la parte de las injusticias que hemos cometido con la aplicación de ley, en esta ley tan ciega que tenemos en nuestro país, que ahora habla hasta de impunidad pero que donde más se expresan los abusos, tiene que ver con los más marginados y particularmente con los hermanos indígenas.
Ustedes deben de acordarse de Alberto Patishtán, profesor indígena y activista del estado de Chiapas que fue privado de su libertad y durante 13 años estuvo acusado a participar en un atentado contra elementos de la policía estatal y municipal en el estado de Chiapas.
Nada más, rápidamente les suscribo dónde fueron las violaciones a su proceso: Se violentó sistemáticamente el principio de presunción de inocencia, su detención se realizó sin orden de aprehensión, las pruebas de acusación fueron obtenidas de manera ilegal y violando los derechos fundamentales por lo que son nulas, las declaraciones de los testigos presentaron contradicciones, se permitió que personas no autorizadas fungieran como representantes legales, no tuvo una defensa adecuada por abogado elegido libremente y él, compañeros, para lograr su libertad, este Senado tuvo que tomar medidas para excarcelarlo.
Jacinta Francisco Marcial, comerciante de origen ñhä-ñhú (otomí), fue acusada y sentenciada injustamente en Querétaro junto con Alberta Alcántar y Teresa González por considerarlas responsables de haber secuestrado a 6 agentes de la Agencia Federal de Investigación.
Se llevó su juicio sin acceso a intérprete, ni a persona alguna que pudiera traducir el horizonte ñhä-ñhú a la acusación que le imputaban a la acusada, entre otras irregularidades.
La misma compañera Alcántar, junto con las compañeras fue condenada a 21 años de prisión y 2 mil días de multa y hasta mayo de 2014 se ordenó indemnizar y reconocer públicamente la inocencia de esta compañera, lo mismo que Adriana Manzanares Cayetano, que atravesó la misma circunstancia.
Rosa López Díaz, indígena de origen tzotzil, acusada de secuestro con su esposo estuvo privada de su libertad durante 6 años desde mayo de 2007 hasta 2013 en que logró su liberación y también, entre las cuestiones que destacan de este procedimiento, es que la declaración se realizó sin la presencia de un juez y sin la presencia en su defensa legal, no tuvo acceso a intérprete o traductor conocedor de su lengua y sus costumbres, no recibió atención médica tras de la tortura de la que fue objeto, su hijo nació en prisión.
Compañeros, estos datos quise retomarlos para ilustrar de qué manera hace falta que este punto de acuerdo que se está proponiendo, pueda hacer posible que los indígenas tengan acceso a la justicia de manera integral como se le hace a los demás.
Y pega más el asunto de la pobreza y de la discriminación a este sector indígena porque, en 2010 había 52.8 de personas pobres en la población nacional, en el 2012 este número pasó a 53.3 millones de personas en 45 por ciento del total.
En dos años aumentó el número de personas pobres en el país, lo que equivaldría aproximadamente en dos años a diario 685 personas se sumaron a la población que presenta alguna carencia.
Compañeros, este punto de acuerdo que le pedí a la presidencia que pudiera revisar y retomar el agregado que estamos haciendo, tiene que ver incluso también con datos que reporta la Comisión Nacional de Asuntos Indígenas, que hay 24 defensores públicos hablantes de lenguas indígenas y que tienen la atención de personas integrantes de los pueblos indígenas.
El Instituto de Defensoría Pública, nos decía que había 24 que hablaban 21 lenguas indígenas, entre ellas huichol, maya, mazateco y náhuatl.
Las entidades que mayor destacan por tener incorporada a la defensoría pública a defensores hablantes de una lengua, son Chiapas y Oaxaca.
El Instituto Federal de Defensoría Pública refiere que asumió la defensa de mil 76 personas indígenas en toda la república, de las cuales 959 hombres y 117 mujeres. Esta cifra contrasta con el número de personas indígenas que se encuentran albergadas en algún sistema penitenciario del país, reportando un total de 8 mil 334 personas indígenas. De esta población, 327 son mujeres, 8 mil 7 son varones y 7 mil 632 pertenecen al fuero común.
¿Dónde es donde se requiere más este respaldo y este convenio? Precisamente en las entidades federativas donde más se concentra la población indígena, ya que la mayoría de ellos está sujeto a procesos de delitos del fuero común.
El Instituto Federal de Defensoría Pública señala que ya cuenta con un convenio de colaboradores suscritos con la CDI y el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas desde el 30 de abril de 2014. El objeto es la coordinación y capacitar a los abogados en materia indígena.
Esto, compañeros, amerita que sea aprobado por este órgano legislativo y que se considere la modificación a este punto resolutivo para que incluya, no debe decir solamente “el poder judicial de las entidades” sino también “al del Distrito Federal” porque lo están dejando fuera en este asunto.
Muchas gracias por su atención compañeras y compañeros senadores.
