El tercer año de la LXII Legislatura, en poco o nada difiere de los dos anteriores. A veinte días de concluir el periodo legislativo tenemos aún grandes pendientes que resolver y que, como ha sido la constante, han quedado sujetos a negociaciones políticas o de intereses, y muy apartados del beneficio ciudadano.
La discusión de la Ley de Transparencia que está en curso en la Cámara de Diputados y el análisis de todo lo derivado del tema de anticorrupción en el Senado, evidencian que estamos lejos de encontrar las soluciones de fondo que se requieren para cada uno.
Ambos son temas fundamentales para la calidad de nuestra democracia. Sin embargo, la conducción del proceso legislativo ha evidenciado que antes que la construcción de los mejores instrumentos legislativos, está el trueque político. Y es que ha iniciado en las cámaras una lucha para aprobar una a cambio de que no existan modificaciones en la otra.
Un mejor régimen, con buenas leyes, no debe estar sujeto al interés personal ni político. No debe ser producto de la coyuntura o de la ocasión. Transparencia y corrupción son temas definitorios de nuestro sistema político y social. El diseño de sus instituciones, habla de la visión de país que tenemos, por lo que no pueden quedar a expensas de lo que convenga a unos cuantos.
En el contexto actual, la rendición de cuentas y el combate a la corrupción no deben ser únicamente un lema de campaña. Hoy las y los legisladores tenemos la oportunidad de diseñar un modelo innovador, que permita recuperar la confianza ciudadana en sus instituciones, que obligue a la autoridad a transparentar tanto el uso de los recursos públicos que manejan, como el desempeño de las funciones que por ley están obligados a cumplir. No más, pero tampoco menos.
Mientras sigue el toma y daca político, los vehículos de lujo, yates, viajes, casas o la utilización de bienes públicos para fines personales son el pan nuestro de cada día. En la legislatura que está por terminar tenemos la oportunidad de combatir uno de lo más grandes males que aquejan a las instituciones del Estado y que, de manera frecuente, casi cotidiana, vemos retratada en los medios de comunicación, pero que hasta la fecha, no ha derivado en un solo castigo a funcionario público alguno.
El tiempo sigue corriendo y la lista de pendientes se sigue engrosando. La reforma política del DF, a pesar de que fue aprobaba por las comisiones dictaminadoras y realizada la primera lectura ante el Pleno, sigue sin concretarse. Además, aún aprobada en el Senado, requiere pasar la Cámara de Diputados para su análisis y votación, lo que en 20 días resulta poco promisorio.
Esto implicaría que, una vez más, los capitalinos sigamos esperando “mejores condiciones políticas” para contar con nuestra propia Constitución y avanzar en la consolidación de los derechos y la política social que han distinguido a la ciudad.
Estos son tan sólo algunos ejemplos de lo que las negociaciones políticas afectan el avance legislativo.
Otro tema fundamental es la legislación en materia de justicia y seguridad pública enviada por el Ejecutivo federal, que ante el panorama económico actual, resulta urgente establecer medidas para el combate efectivo de la delincuencia, pero también atender las causas que la generan, por lo que otro pendiente que no puede esperar es no sólo la desindexación del salario mínimo, sino una reforma profunda a todo el marco jurídico que lo regula, de forma que permita mejorar de manera efectiva la calidad de vida de los trabajadores mexicanos.
Senadora de la República por el PRD.
@Ale_BarralesM
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