Ciudad de México, 27 de noviembre de 2018
SI NUEVO GOBIERNO CONTINUARÁ CON CONSULTAS DEBE HACERLAS APEGADAS A LA LEY; EL PRESUPUESTO NO PUEDE DEFINIRSE DE ESTA MANERA
• En la conformación del presupuesto intervienen muchos factores de planeación y previsión que requieren del conocimiento de las necesidades reales del país
• En materia de educación, se tiene que dejar de delegar la responsabilidad del gobierno federal, a las entidades federativas, expone el senador Antonio García Conejo
• Exhorta a la federación a que se haga responsable del mandato constitucional y garantice el pago oportuno al magisterio en Michoacán
Si el gobierno federal entrante piensa en seguir implementando consultas, éstas deben estar perfectamente reguladas y realizarse con apego a la ley, aseveró el Grupo Parlamentario del PRD en el Senado de la República, y más delicado si se trata de temas de presupuesto, dado que requieren una planeación financiera detallada y técnica.
El coordinador parlamentario del PRD Miguel Ángel Mancera señaló que en la conformación del presupuesto intervienen muchos factores de planeación y previsión que requieren del conocimiento de las necesidades reales del país.
“Escuchamos lo que le está pasando a Michoacán, ya escuchamos al gobernador de Nayarit que dice que está en un punto de quiebre financiero muy delicado también; escuchamos a otros estados que están buscando cómo cerrar diciembre, entonces someter a consulta esto que requiere una planeación financiera tan detallada, tan técnica, parece que sería muy delicado”.
Al respecto –que el gobierno de Michoacán dio a conocer que si bien no está en bancarrota, ya no está en posibilidad de cubrir la nómina del magisterio, por lo que entrega al gobierno federal el sistema educativo local–, el senador Antonio García Conejo expresó el respaldo al gobierno de la entidad.
El legislador dijo que cada vez más ha sido insuficiente la aportación de la Federación en el rubro educativo, “prácticamente dejando al estado con una carga muy grande para resolver el tema”.
“Por esa razón, le hemos manifestado el respaldo al gobierno de Michoacán y estaremos preparando un punto de acuerdo en los días consecuentes para pedir que la Federación, resuelva a la brevedad”, adelantó.
Solamente para darles un dato y terminar. En el año de 1992 el gobierno del estado de Michoacán aportaba, en el rubro educativo, el 9.6 por ciento y la Federación en ese acuerdo que se firmó, el 90.4 por ciento; esto significa entonces, que los principales puntos que se acordaron entre la federación y el estado fue transferir los recursos suficientes, así para que cada gobierno estatal tuviera condiciones de elevar la calidad y ampliar la cobertura.
En conferencia de prensa en el Patio del Federalismo, el senador Antonio García Conejo abundó que en la actualidad el gobierno de Michoacán está aportando mayor porcentaje que la federación, inclusive la ha incrementado a un 55 por ciento.
Desde el 1992 hasta la fecha y prácticamente la federación ha disminuido en un 63 por ciento con su aportación, (estos datos son el caso Michoacán), es decir, la federación poco a poco se ha venido desentendiendo del tema educativo dejando prácticamente toda la carga a las entidades federativas, “quiero entender que no solamente es el estado de Michoacán hay más estados de la federación que tienen el mismo problema”.
En el mismo tema de las consultas, la senadora Leonor Noyola Cervantes aseguró que la fracción continuará insistiendo en las consultas a los pueblos indígenas.
“Que sean estas consultas vinculantes; nosotros como Grupo Parlamentario, queremos que la opinión de los pueblos indígenas sea tomada en cuenta, que realmente ellos se expresen su sentir y lo que ellos requieren”.
La agenda legislativa del GPPRD además plantea una iniciativa de ley –propuesta por el senador Juan Manuel Fócil Pérez— para buscar que las colegiaturas que pagan los padres de familia en escuelas privadas, sea deducible de impuestos en un nivel igual a lo que el Estado gasta en la educación.
Esto es, por ejemplo, según la OCDE, la educación primaria, secundaria y preparatoria en México, cuesta 75 mil pesos al sector público –eso nos cuesta cada estudiante, 75 mil pesos por cada uno—, sin embargo, para los padres de familia que trabajan y generan impuestos, esta educación solo les deduce en primaria, 12 mil 900 pesos.
“Esto consideramos no es justo y que al menos se le debe de deducir a las personas que están pagando impuestos y que además están pagando la educación de sus hijas e hijos, que puedan deducir el pago completo de sus colegiaturas y que inclusive, podamos hacer deducible hasta el gasto de posgrado de la educación que, hoy más que nunca se requiere para tener mayormente preparada”.
“Sentimos –agregó— que es una injusticia hacia la gente que está pagando la educación privada”, afirmó el legislador al aclarar que no se trata de un tema de clases, sino de libertades, porque México es un país democrático, donde los padres de familia pueden decidir dónde llevar a sus hijos a la escuela sea pública o privada.
“Además, que si hoy decidieran cerrar todas las escuelas privadas, tendríamos una revolución social porque el gobierno no es capaz de darle cabida a todos los estudiantes que están en escuelas privadas hoy, así que esta es una propuesta importante y justa para apoyar la educación y la economía de la ciudadanía que está trabajando y generando impuestos.
