Ciudad de México, 17 de octubre de 2018
Boletín 057
NO MÁS FUERO CONSTITUCIONAL; QUE EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA SEA SUJETO A JUICIO POLITICO Y SERVIDORES PÚBLICOS NO GOCEN DE FUERO
Que el titular del Ejecutivo Federal pueda ser sancionado con destitución o inhabilitación como cualquier servidora o servidor público y la eliminación del fuero al Presidente de la República, así como a funcionarios públicos de alto nivel –durante el periodo de su mandato– para que puedaexigírseles responsabilidad penal por delitos graves previstos en la legislación mexicana, planteó el Grupo Parlamentario del PRD (GPPRD) en el Senado de la República.
El senador Juan Manuel Fócil Pérez presentó la iniciativa con proyecto de decreto en materia de juicio político y declaración de procedencia, la cual propone reformar la Constitución para que la persona que sea titular delEjecutivo Federal esté dentro del catálogo de las y los servidores públicos sujetos a sanciones por faltas en el desempeño de su empleo, cargo o comisión, así como por hechos que resulten delictivos.
“Se ha dejado intocable al Presidente de la República, esto es parte de la impunidad que ha habido en este paísporque desde arriba se empieza a proteger y esto va en cascada, generándose impunidad hacia abajo”, recalcó.
La iniciativa contempla que se garanticen los principios y derechos en el procedimiento penal, entre ellos, la presunción de inocencia y el debido proceso como a cualquier ciudadana y ciudadano, a fin de que el sometimiento a la jurisdicción de los Tribunales correspondientes en materia penal se les aplique como a cualquier persona, sin distingos.
El legislador detalló que la propuesta estipula que quien ocupe el cargo como titular de la Presidencia de la Repúblicapueda ser acusado durante el periodo de su encargo no solo por traición a la patria y delitos graves del orden común, sino por delitos electorales, hechos de corrupcióny demás delitos graves previstos en la Constitución y en el Código Nacional de Procedimientos Penales.
De dictarse el auto de vinculación a proceso por delitos graves el juez de control comunicaría a la Cámara de Diputados la situación jurídica de la o el servidor público a efecto de que declare el retiro de la inmunidad constitucional, la separación del cargo y la puesta a disposición de la autoridad competente en un plazo no mayor a cinco días naturales.
En el caso del titular del Ejecutivo Federal, quien dictará el auto de vinculación a proceso por delitos graves sería la Suprema Corte de Justicia de la Nación y la comunicación se realizará a la Cámara de Senadores.
Lo que se busca es disminuir la percepción de corrupción y legitimar la función de las y los servidores públicos,dejando claro que el desempeño de algún empleo, cargo o comisión no es sinónimo de impunidad. La iniciativa plantea que la o el Presidente de la nación no puede tener algún rango superior y como cualquier ciudadana o ciudadano debe cumplir con las leyes de este país y ser ejemplo de honestidad.
“Estamos procurando eliminar del texto Constitucional, el término de fuero constitucional y la declaración de procedencia, ya que son figuras obsoletas y descalificadas por la sociedad que inhibe el proceso para exigir responsabilidad penal a cualquier servidor público”, indicó.
El constante abuso del fuero constitucional por parte de las personas servidoras públicas, ha provocado una sociedad distante, que observa a pequeños grupos enriqueciéndose con la aprobación de leyes y proyectos a modo; la pobreza, la desigualdad y la marginación social cada vez van más en aumento, recriminó el senador.
En mayo de 2015, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el “Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Combate a la Corrupción”, con el objetivo de crear un Sistema Nacional Anticorrupción efectivo a través del cual se prevenga la práctica de dichos actos por parte de personas servidoras públicas y particulares, así como el de mejorar los estándares de transparencia, fiscalización y rendición de cuentas.
Sin embargo, tres años después aún no se ven reflejados los resultados de esta Reforma Constitucional, pues México pasó de ocupar el lugar 95 en 2015, al 123 para 2016–descendiendo 28 lugares en un año—, con una calificación de 3 en una escala del 0 al 10, de acuerdo con los resultados del Índice de Percepción de la Corrupción (IPC), publicado por Transparencia Internacional.
Asimismo, sobresale que en 2017 México se ubicó en la posición 135 de 178 países, con una calificación de 2.9.
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