La reforma energética debiera tener como propósito el fortalecimiento de una Nación, sin duda. No se puede estar más de acuerdo en que existe la necesidad de transformar el sector energético del país. Pero ¿acaso las paraestatales no nos han dado sustento en las últimas décadas? ¿Qué no habrá sido el despilfarro, la corrupción, los malos manejos y las finanza públicas petrolizadas las que generaron este caos? ¿Es necesario entregar a los privados extranjeros nuestro patrimonio?
No. Podemos salir adelante por nosotros mismos, mediante una transformación al sector que impida la corrupción, que disminuya la aberrante carga fiscal a la que está sujeta, y que se implementen las políticas públicas necesarias para modernizar su estructura y su tecnología.
Nadie, a pregunta directa de un servidor en sesión de Comisiones como en el Pleno ha respondido cuál es un ejemplo de privatización que ha traído beneficios a los mexicanos. Siempre ha prevalecido un silencio rotundo. Fertimex, por ejemplo, actualmente importa más del 90% de los fertilizantes que usan en nuestros campos, todos entregados a particulares a cambio de nada.
Para los mexicanos, esta reforma no implica la baja en el precio de las gasolinas. Continuarán los “gasolinazos” hasta 2017 y, con la entrada de privados en la venta al público, será a libre mercado. El gas y la electricidad bajarán de precio con la condición de que se aumente la producción de gas, de lo contrario seguirán en aumento. Lo anterior depende de que en México se implemente a gran escala un proceso de fracking, que en países de Europa y algunos estados de EU ha sido prohibido por las graves consecuencias a la salud, medio ambiente y por el uso indiscriminado de agua potable para su ejecución. Si a lo anterior sumamos que se eliminarán los subsidios generalizados en algunos sectores, resulta evidente que no existirá un beneficio directo para las familias mexicanas.
La forma en que iniciaron el convencimiento sobre la necesidad de abrir el sector energético fue mediante el pretexto de la falta de tecnología y capacidad para perforar en aguas profundas, pero reformaron la Constitución para ir mucho más allá. Toda la cadena productiva —desde la exploración hasta la venta final, pasando por la extracción, la transportación, el almacenaje, la refinación privada en suelo mexicano, etc.— podrá hacerse por iniciativa privada. Con sus artículos transitorios, crearon órganos reguladores de características híbridas, con toda la autonomía y facultades de un órgano constitucionalmente constituido, pero que forman parte del poder central, con lagunas y deficiencias en el otorgamiento de facultades y en sistema de rendición de cuentas.
De igual forma, las denominadas Empresas Productivas del Estado, Pemex y CFE, se desarticulan, debilitan y fragmentan, de tal suerte que con la carga fiscal que se les continúa imponiendo, no serán competitivas con las trasnacionales y, en consecuencia, terminarán por desaparecer.
Además se crea la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y Medio Ambiente, la cual no representa un ente especializado, pues carece de facultades para supervisar las instalaciones de las empresas que participen del negocio y se omitió otorgarle facultades en protección al ambiente. Por el contrario, estará facultada para otorgar permisos y licencias, ¿acaso es un negocio planeado en pro de los intereses de particulares?
Se aseguraron que las empresas extranjeras no tengan inconvenientes con el uso de las tierras para sus negocios privados, cambiando el término expropiación por “ocupación temporal”. Sin embargo, mantienen la declaratoria de utilidad pública y a nivel constitucional la actividad preferente, siendo éstos elementos suficientes para solicitar la expropiación. De igual forma los mexicanos o accedemos o nos despojan legalmente de nuestras tierras.
Por ello, no podríamos estar de acuerdo con esta reforma privatizadora, porque no contiene ningún beneficio para los mexicanos. No tiene comparación con los modelos de otros países: en Noruega el Fondo Petrolero es para ahorro a largo plazo y es soberano, lo controla el Senado de ese país, se encuentra dentro de los 5 países con mayor transparencia y menor corrupción.
Azerbaiyán tiene contratos muy específicos donde no hay cabida a la corrupción y contiene dentro de sus políticas públicas programas sociales principalmente en educación para los jóvenes de ese país. En Brasil, todo contrato es en asociación con Petrobras y su contenido nacional es del 70% y no de 35% como el que se pretende establecer en nuestro país.
