México está enfermo de corrupción e impunidad, sostuvo el senador Luis Humberto Fernández Fuentes, por lo que para combatir estos flagelos de manera integral propuso tipificar los actos de corrupción como delincuencia organizada a fin de generar sanciones efectivas que desincentiven la participación en redes para cometer este delito.
Al fundamentar una iniciativa para reformar diversos artículos del Código Penal Federal, la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada y del Código Federal de Procedimientos Penales, el legislador del PRD afirmó que el Estado mexicano está vulnerado y carece de la capacidad suficiente para cumplir sus obligaciones constitucionales en la materia.
Aseguró que el origen del problema de corrupción que vive el país está en las redes organizadas que debilitan el Estado de derecho, la democracia y el libre mercado y que constituyen una industria integrada para cubrir desde la planeación, la operación, el manejo financiero, el blindaje jurídico, hasta la cobertura política.
“Parece un elemento omnipresente en la vida cotidiana, desde la gestión de servicios básicos o apoyos sociales que un ama de casa realiza para su hogar, los contratos multimillonarios que celebran los gobiernos, hasta el sistema financiero que en algunos casos ha servido para lavar dinero”, condenó.
De acuerdo con estadísticas, señaló, a principios de 2015 el 60 por ciento de los mexicanos percibía un aumento en la corrupción, mientras que 36 por ciento la consideraba como el principal problema del país.
Fernández Fuentes destacó que el esfuerzo que el Estado realiza para combatir el narcotráfico es una estrategia prohibicionista y militar que cuesta vidas y dolor, y que ha hecho que el gasto de seguridad esté entre los 10 más altos del mundo.
“El combustible que alimenta al narcotráfico es la complicidad, la corrupción y la impunidad; frente a estas dos realidades, el esfuerzo contra la corrupción es, en la práctica, inexistente”, dijo.
Aseveró que pese a las reformas que se han realizado al marco legal para sancionar la corrupción, estos esfuerzos son insuficientes por su falta de ejecución y mencionó que entre 2000 y 2013 se exhibieron 71 casos de corrupción por parte de 41 gobernadores; 16 fueron investigados y sólo 4 procesados y encontrados culpables.
Ante esta situación, el integrante de la Comisión de Anticorrupción y Participación Ciudadana consideró que con tantos fracasos e imposturas, el primer paso es reconocer la gravedad del problema.
“La presencia de las redes de corrupción y las prácticas de impunidad generan desconfianza de la ciudadanía hacia quienes son responsables de sancionar los actos de los corruptos. De acuerdo con el Barómetro Global de la Corrupción, en México 87% asocia a los Servidores Públicos con corrupción”, agregó.
Fernández Fuentes señaló que el artículo 16 párrafo noveno de la Constitución define delincuencia organizada la organización de tres o más personas para cometer delitos en forma permanente o reiterada.
En este sentido, la iniciativa tipifica la corrupción como delincuencia organizada, y busca mitigar el incremento del problema, haciendo evidente la criminalidad de los involucrados, ya sean servidores públicos, ciudadanos o sector privado
Esta propuesta, afirmó, es conveniente, pertinente y armónica con el sistema jurídico mexicano, y fortalecería a las fiscalías responsables de sancionar este tipo de conductas además de ser un instrumento legal para desarticular las redes de corrupción y no atacar hechos aislados únicamente.
“La medida propuesta no resuelve el problema, ni la falta de valentía o voluntad política para enfrentarlo, pero sí ataca una de las aristas más dolorosas; ésta es la primera de un paquete de medidas que la fracción del PRD presentará para combatir la corrupción y fortalecer al Estado.”, concluyó.
La iniciativa fue turnada a las comisiones de Justicia, de Anticorrupción y Participación Ciudadana y de Estudios Legislativos para su análisis y posterior dictamen.
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