El senador Alejandro Encinas Rodríguez sostuvo que se debe avanzar en el replanteamiento de la política pública en materia de drogas sobre los dos pilares fundamentales para resolver el problema: el de salud pública y el de los derechos humanos.
En el marco de las audiencias públicas sobre el posicionamiento que México llevará a la Sesión Especial de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas sobre el problema mundial de las drogas, el legislador sostuvo que el narcotráfico es uno los principales problemas estructurales que vive nuestro país.
Encinas Rodríguez enfatizó que la política prohibicionista y la corrupción asociada al manejo de la política de drogas en México han evidenciado la debilidad del Estado mexicano y su fracaso en la forma de atender esta problemática y otro tipo de delitos.
El secretario de la Comisión de Relaciones Exteriores, Organismos Internacionales, subrayó que las resoluciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre el uso medicinal de la cannabis y el libre desarrollo de la personalidad sacudieron la posición conservadora que había mantenido el Gobierno sobre el tema.
En ese sentido, afirmó que del debate iniciado con dichas resoluciones han surgido diversos consensos como asumir que la política prohibicionista ha fracasado, pues su objetivo fundamental era disminuir la producción y el consumo de las drogas, pero no solamente no disminuyó la producción, sino que se diversificó el tipo de drogas que se consumen.
Además de que se hizo acompañar de diversos problemas culturales, sociales, institucionales, como el de la corrupción, que vinieron a empoderar a los grupos delictivos que encontraron en el mercado ilícito de las drogas una fuente muy rentable de financiamiento y junto con ello se criminalizó y estigmatizó a los consumidores.
Además, agregó Encinas Rodríguez, en la lógica de endurecer las penas por la portación y comercio de la drogas, se llenaron las cárceles del país con hombres y mujeres detenidos indebidamente, pero particularmente de gente de escasos recursos que no podría comprar su libertad como sucede con otros estratos sociales.
Particularmente, añadió, se ha criminalizado a las mujeres por portación, pues el 80 por ciento de las mujeres en las cárceles de la frontera norte son mujeres de escasos recursos detenidas porque fueron utilizadas para el transporte de la droga.
Lo cual, apuntó, debería obligar a una revisión de la legislación en la materia para ver la posibilidad de otorgar una amnistía a la gente que pudiera estar detenida por portación así como a revisar el tipo de delitos que actualmente existen en nuestro Código Penal.
Alejandro Encinas reiteró que en el Senado se han vislumbrado consensos en torno al uso de la marihuana con fines medicinales y de investigación, la revisión de las penas por posesión y portación y del gramaje permitido para consumo.
Así como en la necesidad de promover campañas de prevención y promoción respecto a los daños que ocasionan las drogas y contra la estigmatización y criminalización de los consumidores.
Sin embargo, apuntó que aún no hay consenso es en asumir el problema de las drogas como un asunto de derechos humanos y retomar la propia resolución de la SCJN respecto a que debe prevalecer el derecho al libre desarrollo de la personalidad y con ello que cada persona decida sobre su forma de vida y no sea el Estado quien le restrinja ese derecho.
“De poco o nada nos servirá reducir la nueva política de drogas sólo a los temas de salud pública, si no resolvemos también el tema del libre desarrollo de la personalidad porque el mantener un mercado ilícito de las drogas va a permitir que siga latente y sigan existiendo los grupos delictivos”, dijo.
El senador aseveró que las resoluciones deben estar por encima de las convicciones éticas, filosóficas, religiosas, morales y políticas para entender que éste es un problema del interés público que tiene que ser atendido de manera integral.
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