Es oportuno y necesario hacer una evaluación diagnóstica de cada uno de los aspectos derivados de la reforma constitucional en materia de derechos humanos del 11 de junio de 2011, esto es, su trascendencia en las leyes secundarias, en las políticas públicas y, sobre todo, su impacto en la vida cotidiana de toda nuestra sociedad, señaló la senadora Angélica de la Peña.
Lo anterior en el marco de la reunión previa a la presentación del «Diagnóstico sobre la Implementación de la Reforma Constitucional de Derechos Humanos de 2011», en la que estuvieron presentes la Senadora Angélica de la Peña, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Senado de la República; la Diputada Miriam Cárdenas, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados; el Dr. Ricardo Sepúlveda, Director de Políticas Públicas de Derechos Humanos (SEGOB); y el Dr. Carlos Pérez Vazquez, coordinador de Derechos Humanos y asesoría de la Presidencia (SCJN).
La presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Senado consideró pertinente realizar una valoración de cada uno de los aspectos derivados de esta reforma constitucional, puesto que enfrenta grandes retos por la propia situación de desigualdad social y marginalidad social en la que se encuentran muchísimos grupos sociales y que tienen que ver necesariamente con sus bondades.
«¿Para qué le sirve a la ciudadanía esta reforma constitucional inscrita hace tres años? ¿en qué le ha cambiado su vida? ¿en qué le ha beneficiado? ¿en qué circunstancias se encuentra a tres años nuestra sociedad y especialmente, esos grupos sociales que deben verse beneficiados por esta reformas constitucional en materia de derechos humanos?», cuestionó la legisladora de PRD.
Para la también presidenta de la Segunda Comisión de la Comisión Permanente con el diagnóstico se podrá medir el impacto de las leyes secundarias y lo que hace falta por hacer en materia legislativa; también se conocerá los alcances de la implementación de los nuevos preceptos legislativos en cada una de las áreas de la gobernanza en los tres niveles de gobierno; y por supuesto, desde el Poder judicial, un balance de la exigibilidad judicial en la aplicación de las acciones gubernamentales.
Finalmente, la senadora Angélica de la Peña dijo que el gran mérito del diagnóstico que se presentará la próxima semana es, precisamente, garantizar el derecho a la información de ciudadanas y ciudadanos, de las organizaciones de la sociedad civil, «pero también de niñas, niños y adolescentes, todos ellos sujetos plenos de derechos, porque será un documento accesible a toda la población interesada en que le informemos qué se ha cumplido, qué hace falta y qué tenemos que hacer.»
