Con cerca del 97 por ciento de avance en el decreto en materia de desaparición forzada y la cometida por particulares, aún queda resolver cómo atender la exigencia de separar el proceso de búsqueda respecto del proceso de investigación y la integración de la Comisión de Búsqueda, afirmó la senadora Angélica de la Peña Gómez.
Durante la reunión de comisiones unidas de Derechos Humanos, de Gobernación y de Justicia, con el integrante del Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias de la ONU, Ariel Dulitzky, la senadora del PRD destacó la importancia que tiene el proceso de búsqueda en nuestro país por la desatención que ha tenido en los últimos diez años.
“Esta es una situación muy compleja en el país, una crisis donde tenemos una gran cantidad de casos no resueltos, una crisis sobre todo en la búsqueda de personas desaparecidas en los ámbitos locales”, agregó.
La presidenta de la Comisión de Derechos Humanos reconoció que es un tema complejo que abre el debate respecto a señalamientos de una invasión de la esfera local y que permanentemente hay una discusión dogmática respecto al federalismo y al centralismo.
Sin embargo, dijo, “son los familiares de las personas desaparecidas los que llegaron desde el 2012 a decirnos necesitamos que sea una ley general, ante la propuesta de una proyecto de ley federal, lo primero que nos dijeron es una ley general, y entonces dijimos en el 2013 ¿y ahora qué hacemos? Pues vamos a trabajar a buscar los consensos para hacer una ley general, con lo que deriva de tener una ley general”.
De la Peña Gómez resaltó la necesidad de resolver este problema que es un delito continuo, permanente y que no prescribe ante la situación crítica que persiste el país con miles de personas desaparecidas.
En ese tenor, aseguró que hay un compromiso para sacar en este periodo la ley en materia de desaparición forzada hasta su promulgación y por otro lado lamentó que las modificaciones a la Ley General de Víctimas se hayan politizado.
Por su parte, Ariel Dulitzky reconoció que existe la voluntad al trabajar en distintas reformas por parte del Estado mexicano en su conjunto, particularmente del Poder Legislativo y del Poder Ejecutivo, en materia de desaparición forzada que se vive en el país.
“Reconocemos que las distintas reformas constitucionales, la reforma constitucional sobre el amparo, la reforma constitucional sobre derechos humanos y particularmente la última reforma que permite la adopción de esta ley general de desapariciones forzadas, son pasos extremadamente positivos en la correcta dirección y nosotros hemos felicitado públicamente al Estado mexicano por esto”, dijo.
No obstante consideró que la Ley General de Víctimas y la Comisión Ejecutiva de Atención a las Víctimas no han dado los resultados esperados, pues no han servido para reparar y acompañar a las víctimas de desaparición de víctimas, por lo que celebró que en el Senado se esté revisando su modificación.
En ese sentido, apuntó que la desaparición forzada tiene particularidades que no son completamente integradas en la Ley General de Víctimas por lo que es preciso reforzar algunos principios básicos en materia de reparación.
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