El senador Mario Delgado Carrillo, afirmó que México necesita tener un rumbo fijo hacia la paz y el bienestar, mismo que se podrá tener a través de un sistema de justicia penal funcional, una política de drogas integral y una recuperación del campo que permita a la gente emplearse y vivir con dignidad.
Por otro lado, Delgado Carrillo recordó que en 2006 el entonces presidente Felipe Calderón sacó al ejército a las calles para combatir al crimen organizado, argumentando que era una medida temporal.
Desde entonces, dijo, han pasado más de diez años, se han desplegado 52 mil elementos, y como resultado la violencia en el país se ha generalizado, teniendo ya alrededor de 213,000 muertos.
En este contexto, el senador informó que según datos del Centro de Investigación y Docencia Economías (CIDE), en México existe un índice de letalidad del Ejército, donde éste mata a 8 por cada 1 que hiere. Razón por la que actualmente hay 12,408 quejas ante la CNDH, y una incontrolable crisis de derechos humanos, mientras la impunidad es casi absoluta, en casos como el de Tlatlaya.
También, subrayó que las Fuerzas Armadas no pueden seguir realizando tareas de seguridad pública tales como, investigación de delitos, patrullaje y detenciones, ya que constitucionalmente no le corresponden y mucho menos deben suplantar el papel de la policía civil.
Asimismo, explicó que la Ley de seguridad interior pretende legitimar la intervención de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública, mismas que corresponden a autoridades civiles. Y a su vez, intenta debilitar los contrapesos legislativos y judiciales que permitirían vigilar y controlar la ejecución de sus tareas.
«Los proyectos de la ley de seguridad interior que actualmente se analizan en el Congreso representan una amenaza para la democracia. Y son, sin duda una violación de los derechos humanos, porque alimentan la espiral de violencia en la que estamos”, puntualizó.
Bajo esta lógica, el senador Mario Delgado exhortó al Congreso de la Unión a trabajar en un nuevo modelo de seguridad pública. En el que se busque la profesionalización de la policía, para contar con elementos más capaces y confiables. Y se ajuste a las necesidades de cada una de las comunidades del país.
“Debemos ser congruentes y respetuosos de nuestra Constitución, dejando la seguridad interior en manos de las Fuerzas Armadas, acotada a casos específicos. Y la seguridad pública conservarla en un terreno meramente civil. Pero, sobre todo debemos reconocer a las miles de víctimas de delitos y violaciones de derechos humanos, de lo contrario parecerá que la justicia y la rendición de cuentas no son prioridad para este Senado”, concluyó.
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