El Congreso de la Unión avanza en reconocer las transformaciones de la sociedad y se compromete a garantizar el ejercicio absoluto de los derechos humanos de todas y todos los mexicanos sin distinción alguna, indicó la senadora Angélica de la Peña luego de que la Comisión Permanente aprobara exhortar a las legislaturas de las entidades federativas implementar reformas a su legislación civil o familiar, a fin de garantizar el reconocimiento del derecho al matrimonio entre personas del mismo sexo.
La decisión de la Comisión Permanente se formuló a partir de un punto de acuerdo presentado por la senadora del PRD en el que señaló como ilegales e injustas aquellas legislaciones que niegan el reconocimiento y el acceso a los derechos asociados al matrimonio, luego de una trascendental resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
La legisladora apuntó que luego de haberse establecido jurisprudencia por las resoluciones de la SCJN, aquellas legislaciones estatales en donde se prohíbe el matrimonio entre parejas con motivo de su preferencia sexual o identidad de género, deberán ser modificadas por los Congresos estatales por ser inconstitucionales.
Sin embargo, acotó de la Peña Gómez, no existe obligación legal para que los Congresos locales reconozcan en sus legislaciones civil o familiar el matrimonio entre personas del mismo sexo, por lo que el recurso de amparo prácticamente será un molesto y costoso trámite.
Explicó que para proteger los derechos humanos consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que nuestro país es parte, así como para evitar una lluvia de amparos a lo largo y ancho del país, se ha exhortado a las y los legisladores de las entidades federativas a garantizar el reconocimiento del derecho al matrimonio sin discriminación de ningún tipo.
Las legislaturas estatales deben reconocer que el mundo está cambiando, que nuestra sociedad se transforma dinámicamente, que nuestra Constitución protege cada uno de los derechos humanos, y que negar el derecho a contraer matrimonio por las preferencias sexuales de las y los solicitantes es inconstitucional, concluyó la senadora Angélica de la Peña.
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