LOS ACUERDOS ESTABLECIDOS CON LOS JORNALEROS DE SAN QUINTÍN, REFLEJAN UN POBRE AVANCE EN LA SOLUCIÓN DE LA PROBLEMÁTICA REAL QUE ENFRENTAN LOS TRABAJADORES AGRÍCOLAS: ENCINAS RODRÍGUEZ
Para el Senador Alejandro Encinas Rodríguez, las 12 horas de reunión entre funcionarios federales, estatales y jornaleros de San Quintín, no refleja un avance significativo que de muestra de la voluntad política para atender las demandas más sentidas de los trabajadores agrícolas que padecen condiciones de abuso, irregularidad, nula seguridad social, discriminación, pobreza e imposibilidad para ejercer los derechos constitucionalmente reconocidos para todos los seres humanos, señaló.
El legislador hizo hincapié en que lo que ocurre en San Quintín es complejo ya que integra problemas presentes en nuestro país como la histórica desventaja laboral para los jornaleros, acompañada del poco acceso a la justicia; hecho que quedó de manifiesto con la desproporcionada e irracional fianza para quedar en libertad, después del enfrentamiento del 9 de mayo, a Aarón Francisco Gamboa Juárez, Moisés Gil Velasco y Antonio Álvarez Cruz, a quienes un juez de esta comunidad en Baja California, quien inicialmente se les solicitó el pago de 7 millones de pesos a cada uno. Si bien se ha recapitulado sobre el particular y fijado la fianza en 10 mil pesos para cada uno, lo cierto es que resulta ofensivo criminalizar una acción, que no ha sido investigada a fondo; y donde todo apunta a la práctica comúnmente utilizada al introducir grupos de choque que dieron pie a la violencia que se desató en esta comunidad.
Por otro lado, resulta preocupante, denuncia el Senador Encinas, el hermetismo con el que se han manejado las autoridades estatales y federales; quienes sólo anunciaron que los trabajadores serán incorporados al sistema de seguridad social, a través del Instituto Mexicano del Seguro Social, pero sin dejar en claro, si esta acción conllevará otorgarles los beneficios que por ley les corresponden, tal es el caso del INFONAVIT y el AFORE.
Cuestionados sobre el tema de los salarios, ambas partes sólo mencionaron que el asunto será tratado en una próxima reunión que tiene como fecha tentativa el 4 de junio. Ante este panorama, el legislador considera necesaria la intervención urgente del Congreso de la Unión, así como de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, para dar seguimiento y garantizar que los acuerdos se cumplan conforme a derecho.
