Intervención del senador Armando Ríos Piter, del Grupo Parlamentario del PRD, en reunión de comisiones unidas para fijar posición en lo general sobre la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción.
Armando Ríos Piter, (ARP): Con su permiso, señor presidente.
Pues nos hemos tardado un rato en llegar aquí, no solamente el día de hoy que ha sido largo para poder arrancar esta discusión, sino han sido, no solamente dos meses de mucha tensión, tensión política con posiciones distintas, sino que desde que el Presidente Peña Nieto presentó su decálogo, pues ha pasado ya un ratito, estamos hablando de que lo presentó a finales de 2014.
Estamos ya a mediados de 2016, y quiero traer esto a cita porque sé que pareciera un poco de trámite el planteamiento de este momento, pero creo que es indispensable dejar plenamente asentado qué fue lo que motivó que estemos discutiendo el Sistema Nacional Anticorrupción.
Fueron dos hechos, dos sucesos que hicieron que el Presidente presentara aquí el decálogo: uno ocurrido en mi tierra el 26 de septiembre, cuando fueron ultrajados, desaparecidos, 43 estudiantes de Ayotzinapa; y después los hechos relacionados con la Casa Blanca en posición de la esposa del Presidente Peña Nieto.
Creo que es equivocado rehusarse traer eso a la memoria, porque es precisamente la dimensión y el tamaño que tenemos que darle a la discusión y sobre todo a la ley que estamos por votar.
Me ha tocado escuchar en varias ocasiones que esos dos momentos generaron una suerte de momento en el tiempo mexicano que si no se logra resolver difícilmente podremos proyectarnos como una nación con energía y con visión de resolver sus problemas.
Porque con esos dos ejemplos ocurrieron dos cosas: una, que con la desaparición de 43 jóvenes quedó en evidencia que tal vez 30 mil desaparecidos hoy son un ejemplo de que la corrupción mata, que la corrupción ya nos tiene en una condición de violaciones graves a los derechos humanos.
Y la segunda, al hablar de la Casa Blanca, hablamos de que la corrupción llega a todos los niveles cuando involucra incluso al Presidente de la República.
Ese es el dictamen que hoy tenemos, es el paquete que hoy estamos convocados a discutir y para lo cual ha sido convocado precisamente este periodo extraordinario.
Y yo quiero subrayar que estos meses que hemos pasado construyendo, ha significado un proceso difícil, sin duda alguna, pero con acercamientos que nos han permitido tener hoy un dictamen en el que tal vez al principio cada grupo parlamentario planteó sus iniciativas y progresivamente nos fuimos encontrando.
Primero el Partido Acción Nacional y el Partido de la Revolución Democrática hicimos un conjunto de documentos, hicimos 7 planteamientos que nos permitieron decir: este es el modelo de Sistema Nacional Anticorrupción que queremos que sea el que represente la modificación constitucional.
Y cuando lo pusimos a revisión de las organizaciones, yo ahí lo comentaba Eduardo Bojórquez, pues lo que empezamos fue a enterar y a encontrarnos con la sociedad que a su vez había hecho un esfuerzo a partir de la presentación de la Ley 3de3.
Que a su vez había hecho un esfuerzo a partir de la presentación de la Ley 3de3 y después también junto con el PRI, hay que decirlo, porque el PRI pese a todas las tensiones que sufrimos y que vivimos junto con el Partido Verde, pues, al final del día terminamos teniendo documentos muy similares en su estructura y en su visión, que hoy nos permiten pensar en un Sistema Nacional Anticorrupción del cual yo rescataría tres elementos fundamentales.
El primero es que tenemos un nuevo modelo de coordinación entre las instituciones, ese fue el planteamiento que le dimos a la Constitución para que en vez de que estuviera balcanizado el sistema de atención del tema anticorrupción lo que pudiéramos tener fuera una buena coordinación.
No solamente una coordinación burocrática, sino especialmente una coordinación en la generación de información que es la que permite precisamente que a través de la inteligencia gubernamental con la participación de los ciudadanos se tenga una visión de dónde se están cometiendo actos de corrupción, pero donde están los patrones de ese comportamiento, porque si lo que queremos es castigar, pues, tal vez nos vamos a quedar muy cortos.
Lo que especialmente queremos en un país donde el 10 por ciento del Producto Interno Bruto se da en corrupción, pues, lo que queremos es prevenirlo, ¿para qué? pues, para que haya mejores hospitales, para que no falten medicinas, para que haya mejores carreteras o mejores escuelas.
Y en ese sentido, un comité de coordinación que tiene como segundo elemento la Presidencia del Sistema por parte de los ciudadanos y creo que es algo fundamental subrayar, ¿quién paga el dinero público?, son los ciudadanos y las ciudadanas con sus impuestos, precisamente por eso este dictamen que tenemos hoy presente tiene que fue parte de una de las grandes discusiones a esos ciudadanos, a ese comité de participación ciudadana presidiendo el Sistema.
Y esto puede ser sumamente útil porque es el catalizador que hasta ahora no hemos tenido, llevamos un buen rato de transición democrática y los ciudadanos, los dueños del dinero, no han estado precisamente involucrados en esa definición de cómo catalizar a una Secretaría de la Función Pública que muchas veces se vuelve tapadera de los actos que se cometen en el Poder Ejecutivo o muchas veces una Auditoria Superior de la Federación que hace investigaciones a contentillo de las bancadas en el Poder Legislativo.
¿Entonces, qué queremos? Que haya una coordinación y que si ésta no se da y que si no se dan pesos y contrapesos que tengamos a los ciudadanos con capacidad de exhortar a estas instituciones a que trabajen, a que dinamicen, a que puedan tener precisamente una mejor forma de atender el problema.
Y una tercera parte, no solamente un secretario ejecutivo fuerte con capacidades de organizar y darle dinámica al sistema, sino especialmente las plataformas públicas.
Tener un esquema como el de Compranet ayuda, pero tener un esquema en el que sepamos cuales son los servidores públicos que han sido sancionados, identificar toda la información que está dentro del sistema es poner a los ciudadanos, esos 120 millones de hombres y mujeres del país, capaces de conocer y de saber lo que está pasando con el dinero público.
Y eso es lo que tenemos hoy en el dictamen, éste es un dictamen que fue, reitero, de mucha tensión pero de muchas aproximaciones que hoy nos permiten, y me permiten a nombre del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática decir que estaremos a favor de este dictamen.
Faltan cosas, sin duda alguna hay temas que debatiremos en las distintas reservas que a nombre de mi bancada me permitiré presentarles a los tres presidentes de las comisiones.
Por ejemplo, tenemos dudas de cómo está planteado en el dictamen el tema de la plataforma digital, una suerte de plataforma digital dual, que no está garantizado que es una plataforma digital con unicidad para que tenga un acceso público y la gente pueda saber, por ejemplo, el gran tema que ha estado a debate: ¿cuánto es lo que tiene de patrimonio, cómo es lo que paga de impuestos y cuáles son los intereses que tiene un senador de la República, una senadora, un diputado, una diputada, un gobernado, un presidente, un funcionario en todos los niveles, en todos los órdenes de gobierno?
Eso lo tienen que saber los ciudadanos y sin duda alguna y hoy estamos en contra de cómo está presentado ese dictamen en materia de responsabilidades porque ése ha sido uno de los grandes debates: garantizar que como lo plantearon los ciudadanos y las ciudadanas en la Ley 3de3, la Ley de Responsabilidades, que estas plataformas, que desde nuestro punto de vista, son de las partes fundamentales del sistema, pues no solamente se queden a observación de unos cuantos burócratas.
Queremos que haya acceso pleno a esas declaraciones de interés, fiscal y de patrimonio en todas las personas que hoy son servidores públicos. Eso lo habremos de plantear en la Ley de Responsabilidades.
Mantenemos una preocupación por que no esté involucrado un capitulado específico sobre el tema de testigos y denunciantes; nos preocupa que la presidencia del Sistema Nacional de Fiscalización se esté presentando de una manera dual, queremos que sea la Auditoría Superior de la Federación.
Nos preocupa que hay partes en las cuales la Auditoría Superior de la Federación se ve minimizada, digamos en la energía y en las capacidades que le dimos en la Constitución.
Son temas, compañeros y compañeras, que sin duda alguna habremos de debatir en las reservas pero habremos de votar a favor de este dictamen.
Es cuanto, señor presidente.
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