Intervenciones del senador Alejandro Encinas Rodríguez, durante las audiencias públicas respecto al proyecto de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
Alejandro Encinas Rodríguez, (AER): Muchas gracias, senador Pablo Escudero.
Al igual que el presidente de la Comisión Anticorrupción y Participación Ciudadana, darles a todas y a todos ustedes la más cordial bienvenida, y agradecer que hayan aceptado la invitación a esta audiencia pública en torno a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información.
Y más en un día tan especial, como el día de hoy. Después de haber conocido el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que pone en el centro del debate la importancia y la trascendencia de conocer y acceder a la información pública; así como la forma y los mecanismos como se adoptan las decisiones por parte de la autoridad en temas de alto impacto social o inclusive en los temas cotidianos de los asuntos en la gestión pública.
Espero que en esta audiencia podamos acotar de manera muy puntual el debate respecto a lo que debe tener, contener y los alcances de la Ley Federal; partiendo del principio de que hemos logrado un avance significativo en la Ley General y que la Ley General debe ser el piso básico para el desarrollo de la Ley Federal. Nada por debajo de lo establecido en la Ley General.
Pero sí, hacer un esfuerzo por fortalecer tanto el Sistema Nacional de Transparencia y Rendición de Cuentas, como en lo fundamental en las posibilidades de ejercicio en el derecho de los ciudadanos, acceder a toda la información pública, como parte de los derechos humanos ya consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Y por eso, dentro de los temas polémicos que vamos a discutir, quiero hacer una referencia a la declaración que aparece el día de hoy en el periódico Reforma, del consejero jurídico de la Presidencia, que hay que recordarle que solamente es el consejero jurídico de la Presidencia y que no tiene ninguna autoridad para reconvenir las declaraciones o las posiciones de los legisladores federales, y en particular de quienes promovimos una iniciativa en materia de Ley Federal de Transparencia, en donde queremos fortalecer los derechos de los ciudadanos en este tema.
E independientemente de que pudiéramos tener discrepancias con el consejero, no solamente nosotros sabemos honrar nuestra palabra y nuestros compromisos, y el compromiso fundamental es con los ciudadanos que representamos.
Yo espero que en los temas vinculados, haya uno de seguridad nacional que quedó perfectamente delimitado al igual que el asunto de los temas vinculados con derechos humanos en donde puede mejorarse sin generar controversia entre los órganos autónomos constitucionales, como el INAI y la Comisión Nacional de Derechos Humanos, o los temas vinculados con la seguridad nacional.
Como también, yo no sé por qué le preocupa tanto al consejero jurídico el que podamos en la ley federal establecer obligaciones más puntuales por sector dentro de la administración pública, cuando ya en la ley general de manera muy puntual establecimos obligaciones muy puntuales en materia de energía; todas las obligaciones particulares a que está sujeto el sector energía.
Pero, sin lugar a dudas, será parte de la discusión que nosotros tengamos.
Hay planteamientos específicos en materia de política exterior. Habrá que ver los temas respecto a otras áreas del gobierno, porque no pueden establecerse sólo obligaciones de carácter genérico al conjunto de la licitación pública federal, menos aún cuando la propia Ley Orgánica de la Administración Pública otorga facultades y competencias específicas a cada una de las dependencias que integran el Poder Ejecutivo Federal; o habrá que hacer lo propio con otras áreas del gobierno.
Yo espero que las aportaciones que el día de hoy nos hagan favor de presentar, nos ayuden a ir acotando el debate de transparencia, los contenidos fundamentales, y lograr como lo hemos venido alcanzando desde el inicio de esta legislatura en el 2012 el mayor consenso posible en esta ley que ha sido la que más ha concitado el entendimiento y el acuerdo en el Senado de la República.
Le agradezco al senador Pablo Escudero, a la senadora Cristina Díaz y a la senadora Marcela Torres Peimbert de que compartamos esta mesa, y tendremos sin lugar a dudas una muy buena discusión y reflexión el día de hoy.
Muchas gracias.
Segunda intervención
AER: Es un asunto de jerarquía senador.
Muchas gracias.
La verdad es que ha sido una mañana muy interesante, en donde se han ido ubicando con mucha precisión un conjunto de temas que tenemos que desahogar de manera muy puntual.
Yo los dividiría en tres grandes capítulos:
El primero, en el que tenemos evidentemente coincidencia, con todo lo aquí planteado es, en primer lugar, el de asumir que la Ley Federal en materia de Transparencia, forma parte de un paquete, de un conjunto de leyes que efectivamente le da forma al Sistema Nacional de Transparencia y que tendrá que articularse de manera muy puntual con la Ley Federal de Protección de Datos Personales y la Ley General de Archivos.
Pero no solamente, porque lo que estamos trabajando en este momento, en correspondencia con la Ley de Anticorrupción, debe a nosotros permitirnos avanzar en la creación de un sistema de sistemas:
El Sistema Nacional de Transparencia, el Sistema Nacional Anticorrupción, el Sistema Nacional de Archivos y todo lo que es el manejo del conjunto de la información.
De modo tal de que es un paquete integral e integrado, en donde debe haber una plena horizontalidad en el conjunto de la legislación para que efectivamente, como señalaba Mauricio Merino, no entremos en una legislación que enfrente contradicciones y que se convierta en litigio.
Entonces yo creo que ese es el primer tema dentro de los aspectos que debemos de considerar.
En segundo lugar, dentro de este primer rubro, tenemos que esclarecer un debate de técnica legislativa, los alcances y la naturaleza en cuanto a la armonización de la Ley General y la Ley Federal.
Si se reproducen muchos de los conceptos, bases, definiciones, principios que existen en la Ley General, en la Ley Federal, en donde siendo objetivos, siendo la Ley General preponderante sobre la Ley Federal, no habría necesidad, aunque habría que ponerlo con esa precisión en el texto.
Pero al mismo tiempo hay una discusión siempre de que si no mantenemos en las dos leyes los principios, los objetivos, las definiciones, pues en muchas ocasiones el ciudadano no conoce lo que se refiere a la ley preponderante.
Entonces, aparte de un asunto de técnica legislativa es un asunto también didáctico, de facilidad en el manejo del ciudadano en lo que se refiere a la legislación que se desprende de la ley.
Es un asunto que habrá que discutirlo con mayor detalle y por supuesto en todo esto darle plenamente coherencia a toda la legislación y secundaria que se derive de la creación de estos tres grandes sistemas.
Hay tremas en los que han coincidido básicamente todos los ponentes. El proceso de designación de los comisionados, siguiendo la experiencia que desarrollamos en este último proceso, hubo una muy importante participación de los ciudadanos, el incrementar el catálogo de las obligaciones de transparencia tanto comunes como por sector de la administración pública y cuando hablo de la administración pública federal no me refiero solamente al Poder Ejecutivo.
Tiene que involucrarse el Poder Legislativo y el tema de Parlamento Abierto. Tiene que involucrarse el Poder Judicial y como lo ha señalado la senadora Rojas, a los órganos autónomos para que queden plenamente acotadas y diferenciadas sus funciones.
Es decir, de todos los sujetos obligados, incluidos sindicatos y partidos políticos en donde tenemos que hacer un análisis mucho más pormenorizado.
Y habrá que establecer los criterios justamente para que en estas obligaciones de transparencia el alcance de las mismas. Si por ejemplo se hablaba Alejandro todo lo que se refiere a la presentación de lo de lineamientos generales de política económica deben, yo creo que será conveniente, acompañarse de las corridas financieras, las estimaciones del precio del petróleo, las estimaciones del tipo de cambio, aunque también ya sé que va a ser el primer litigio que nos va a presentar el Consejero Jurídico, porque les va a decir que eso pone en riesgo la estabilidad financiera del país, bueno, la seguridad nacional.
Y por eso, bueno, y aquí paso al otro tema, al segundo gran rubro de esta discusión, que son los temas ya no digo polémicos, sino los temas en los que tenemos que hacer una reflexión mucho más detenida, que tiene, se refiere a las facultades, alcances y competencias del consejero jurídico, en la materia de transparencia y es cómo se acota su acción a procurar o defender el interés del Ejecutivo Federal y no del conjunto de las instituciones públicas del país.
Los temas vinculados con la materia de derechos humanos, seguridad nacional y particularmente los elementos que definen la prueba de daños, la confidencialidad de los datos y en particular las discusiones que corresponden directamente al INAI respecto al ejercicio de sus facultades, para tutelar el derecho de los ciudadanos.
Yo, en lo que planteaba la comisionada presidenta, creo que siendo el INAI el órgano garante que debe tutelar el derecho de los ciudadanos, tiene facultades para interpretar la ley.
Porque le corresponde al INAI, en su carácter de órgano autónomo, la aplicación estricta de la ley. Son los temas que habrá que discutir. Igual el alcance y las resoluciones del Instituto, para que se cumpla, por parte de todos los sujetos obligados, la legislación.
Y el tercer gran apartado, el tercer gran rubro, tiene que ver justamente en cómo no sobreponernos en el debate y la discusión sobre la creación del Sistema Nacional Anticorrupción, cuáles son los temas de materia y competencia de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, lo que son los órganos internos de control debe definirse en la Ley Federal de Transparencia o en la Ley General que crea el Sistema Nacional Anticorrupción.
Para de ahí poder derivarnos también a las implicaciones que tienen las reformas en la discusión del Sistema Anticorrupción, en lo que corresponde a la Ley de Obra Pública, la Ley de Adquisiciones, las contrataciones, los mecanismos de asignación directa que tienen que estar contemplados en otro marco normativo, para evitar justamente esta contraposición de leyes que permitan posteriormente llevarlas a un litigio y con ello que no entren plenamente en sus funciones.
Yo rescataría de esta muy rica discusión que hemos tenido desde la mañana, estos tres grandes apartados. Me comprometo a sistematizarlos y a ver si podemos ir construyendo los cambios o los acuerdos que se requieren para evitar particularmente generar contradicción en conjunto de las leyes que van a derivar en este sistema de sistemas, que a ver si con ello posiblemente le pegamos a la transparencia, sino al combate a la corrupción y a la impunidad.
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