Intervención en tribuna del senador Raúl Morón Orozco, del Grupo Parlamentario del PRD, para hablar en contra del dictamen en relación a las observaciones del Ejecutivo Federal a la Ley General de Responsabilidades Administrativas.
Raúl Morón Orozco, (RMO): Con su permiso, senador presidente.
Compañeras senadoras, compañeros senadores.
Voy a exponer algunas de mis razones para votar en contra de que aprobemos el dictamen en relación a las observaciones del titular del Poder Ejecutivo a la Ley General de Responsabilidades Administrativas.
Todas y todos sabíamos en esta Cámara que la Ley General de Responsabilidades Administrativas, conocida también como 3de3, representaba un ordenamiento jurídico de la mayor trascendencia en la transformación urgente que el país exige.
La aprobación de la Ley 3de3, tal y como fue propuesta por más de 600 mil firmas ciudadanas, con el amplio respaldo de la sociedad mexicana, hubiera sentado una base más firme para comenzar el nuevo diseño de las instituciones en materia de anticorrupción.
Necesitamos emprender una auténtica lucha, no simulada, contra ese cáncer que amenaza y destruye al sector público, privado y a la sociedad por igual. Desgraciadamente no fue así.
Muchos de nosotros, en su momento, votamos en contra de que esta Ley se aprobara a medias; como bien dicen, “sin dientes”. Ahora insistimos en hacer un llamado de conciencia: nuestro deber era ir a fondo y reformar también el artículo 29, que era una exigencia muy concreta de los ciudadanos.
Es decir, hacer obligatorias, bajo los principios de transparencia y máxima publicidad, las tres declaraciones de funcionarios públicos y del sector privado de mayor relación con el Estado mexicano.
Evitar, bajo el amparo de la opacidad, que se siguieran produciendo los grandes fraudes públicos y privados contra el patrimonio estatal, pero desperdiciamos esta oportunidad.
Ya lo dijimos en el debate sobre el Sistema Nacional Anticorrupción: en materia de combate a la corrupción, no podemos actuar a medias.
Estábamos obligados a revertir la omisión en el artículo 29 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas que en el período extraordinario anterior, dejó a criterio del servidor público la facultad de autorizar o no el que se publicite de manera total sus declaraciones, patrimonial, fiscal y de intereses.
Todos sabíamos que esto no podía quedar así, que debían ser obligatorias y públicas las tres declaraciones de todo funcionario público y de los privados que hacen negocios con dinero público.
Además, este veto presidencial proviene de una inequidad muy grande: se debió a la presión que empresarios muy poderosos ejercieron contra el Presidente, un insólito reclamo al Poder Ejecutivo por haberse aprobado esta ley en ambas Cámaras, en particular el artículo 32, que obligaba a las personas físicas y morales que tuvieran contratos con entidades públicas a presentar también sus 3 declaraciones.
Senadoras y senadores:
No puede haber ciudadanos de primera y de segunda, ni acciones de privilegio y discriminación.
No es ético, ni justo, ni equitativo, actuar por la presión de un grupo de empresarios que ostentan el poder económico del país e ignorar a miles de voces allá afuera, tanto a nivel nacional como internacional, que piden, con argumentos, que se revise y modifique la reforma educativa aprobada en 2013.
Los empresarios, después de su expresión de rechazo a este artículo 32 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, fueron recibidos inmediatamente por el Presidente.
Los maestros y otros sectores de la sociedad vienen solicitándole al gobierno federal una mesa de diálogo, así como la discusión y modificación de la reforma educativa, al menos desde el 15 de mayo pasado, concretamente se exige la modificación de su carácter punitivo que se expresa en la Ley General del Servicio Profesional Docente, que establece los términos de la evaluación obligatoria y que condiciona injustificadamente la permanencia laboral de los profesores en el sistema educativo nacional.
Si lo que está generando estos graves problemas –todavía de incalculables consecuencias y hasta pérdida de vidas– es este agravio contra los docentes, al condicionar su trabajo a una evaluación que debería tener un carácter diagnóstico y formativo para fortalecer la capacitación y actualización de los mismos profesores, pues entonces resulta inexplicable que el gobierno federal no quiera ir a la raíz misma de estos problemas y proponer las modificaciones necesarias a la legislación educativa que tanto disgusto social ha provocado.
Además, a los representantes del poder económico de este país los recibe el presidente Peña inmediatamente, y a los profesores y a la sociedad civil organizada que los apoya, los recibe el Secretario de Gobernación sólo después de que ocurren las agresiones y los homicidios de Nochixtlán, Oaxaca.
Es un trato inequitativo que ya nos está llevando a un diálogo simulado, a un callejón sin salida de las amenazas del Gobierno Federal contra los maestros, sus pueblos y comunidades: se abre la puerta de una represión anunciada desde el mismo gobierno federal contra los profesores y la sociedad.
Como está el país, el hartazgo ciudadano por un gobierno represivo y sin voluntad de transformación y mucho menos de diálogo, las fuerzas de la oposición tenemos la obligación de empujar una nueva alternativa democrática para México.
La reforma educativa aprobada en 2013 debe ser revisada, discutida y modificada en lo que sea necesario y pertinente; urge abrir en todo el país los canales de diálogo y análisis responsable, mediante un método que permita discutir a fondo los fundamentos pedagógicos y humanistas de la educación en México, con todos los involucrados en el proceso educativo: profesores, autoridades, padres de familia, expertos en educación, sociedad civil, etcétera.
Esta es una propuesta a la que también se ha negado el Ejecutivo Federal, a pesar de representar un ejercicio más democrático, participativo, abierto e incluyente.
El tiempo se le acaba al Gobierno federal, no a los maestros, y parece no importarles de nuevo.
Las leyes y reformas constitucionales por supuesto que son modificables, sobre todo si está demostrado que violentan derechos laborales y humanos, como es el caso de la reforma educativa, a la que hay que quitarle su carácter punitivo.
No tiene sentido la supuesta voluntad de diálogo del Gobierno federal si no se pone en la mesa, claramente, la revisión y discusión de la misma reforma educativa, su evaluación punitiva, la permanencia condicionada y los despidos injustificados que atentan contra los derechos de todos los profesores de México y que es uno de los puntos más importantes en la generación de este conflicto.
Se deben retirar las amenazas de despidos, la represión, y revertir los daños colaterales que ya ha provocado esta reforma.
También es muy importante que se haga justicia y se castigue a quienes cometieron los homicidios en Nochixtlán, Oaxaca; deslindar la responsabilidad de personas y de cuerpos policiacos, pero también de los diferentes niveles de gobierno y frenar la violencia que viene de las instituciones, lo que debe ser un proceso paralelo a la discusión de la reforma.
Si el Poder Ejecutivo esta renunciado a su responsabilidad de escuchar a los ciudadanos por igual y está llevando a México a una encrucijada muy peligrosa, el Poder Legislativo debe asumir su obligación histórica de responder a la sociedad mexicana con sensatez, sensibilidad y compromiso con los educadores del país.
Debemos evitar, por la vía del diálogo, que nuestro país entre en una espiral de violencia de incalculables y terribles consecuencias. El tiempo también se agota para nosotros y la historia de México no nos perdonará ninguna equivocación u omisión, por falta de actuación y decisiones oportunas.
Corrupción también es consentir o ignorar las injusticias y las desigualdades. Nuestra función debe ser, ante todo, exigirle un trato digno y equitativo al Poder Ejecutivo para todos los sectores sociales, sin distingo alguno por razones de raza, credo, ideología o posición económica o social.
Somos representantes populares, compañeras y compañeros, nos debemos a la voz y demanda de la sociedad mexicana, y hoy esta sociedad exige que los funcionarios públicos estén obligados a presentar sus tres declaraciones bajo los principios de transparencia y máxima publicidad; exige también una auténtica reforma de la educación desde un ejercicio democrático e incluyente, así como modificar el marco jurídico que más convenga a la defensa de los derechos laborales de los trabajadores del magisterio y, por supuesto, la defensa irrestricta de la educación pública.
Por estas razones, mi voto será en contra de este dictamen.
Muchas gracias por su atención.
0-0-0
