Intervención de la senadora Angélica de la Peña Gómez para presentar el posicionamiento del PRD al dictamen que contiene proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Penal Federal en materia de combate a la corrupción.
Angélica de la Peña Gómez (ADLPG):
Con su venia, señora presidenta.
Señoras senadoras, señores senadores.
De acuerdo al preámbulo de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, conocida también como la Convención de Mérida, la corrupción es una plaga insidiosa que tiene un amplio espectro de consecuencias corrosivas para la sociedad.
Socava también la democracia y al estado de derecho, da pie a violaciones de los derechos humanos, distorsiona los mercados, menoscaba la calidad de vida y permite el florecimiento de la delincuencia organizada, el terrorismo y otras amenazas a la seguridad humana.
Transparencia Internacional presentó a finales de 2014 los resultados del Índice de Percepción de la Corrupción de 2014, que incluyó a 175 países, entre ellos México, teniendo una calificación de apenas 35 puntos, una calificación negativa de 35 puntos, ubicándonos en la posición 103, junto con Bolivia, Nigeria y Moldavia.
En América Latina, México se encuentra por debajo de sus principales socios y competidores económicos, 82 posiciones por debajo de Chile, 34 por debajo de Brasil, es decir, nuestro país se ubica en la última posición entre los países que integran la OCDE.
Como hemos dicho en intervenciones anteriores, la corrupción no se erradica con la sola promulgación de tipos penales, sino mediante un sistema diseñado para evitar la comisión de estos delitos; peor también con instituciones que puedan sancionar a quienes se aprovechan de sus encargos para su beneficio, y para ello es indispensable contar con los tipos penales adecuados.
Las reformas al Código Penal Federal son, por lo tanto, modificaciones de la mayor relevancia, y con la aprobación del presente dictamen, y por supuesto, también el adéndum que se está votando al mismo tiempo con este dictamen, estamos reformando 16 artículos del título décimo, que ahora se va a denominar delitos por hechos de corrupción.
Los delitos que están sufriendo reformas o adiciones son: ejercicio ilícito del servicio público; abuso de autoridad; coalición de servidores públicos; uso ilícito de atribuciones y facultades; concusión; intimidación; ejercicio abusivo de funciones; tráfico de influencias; cohecho; peculado; enriquecimiento ilícito; y delitos cometidos contra la administración de la justicia.
Con las reformas que se presentan en este dictamen, se castiga con mayor severidad a aquellos funcionarios públicos con mayor rango jerárquico; se adecúan las sanciones y las multas, al determinar su monto o cuantía, tomando la gravedad de la infracción, el daño a la hacienda pública, el monto del beneficio ilícito obtenido y la capacidad económica del infractor, entre otras circunstancias.
Los delitos contra la administración de justicia fueron construidos en contexto del sistema penal mixto, con el cambio al sistema penal acusatorio, hoy estos delitos penales sufren una adecuación a fin de que se encuentren armonizados con el nuevo sistema de justicia penal acusatorio, eliminando conceptos del sistema anterior. De ese tamaño es la trascendencia de las reformas que hoy está sufriendo el Código Penal Federal y que estamos poniendo a su consideración.
Si queremos fortalecer el sistema democrático y a las instituciones de nuestro país, todas y todos desde nuestro encargo debemos actuar consecuentemente para erradicar la corrupción que tanto daño genera al país.
Con estos tipos penales, la Fiscalía Especializada tendrá las herramientas adecuadas para sancionar para quienes optan por obtener un beneficio indebido cuando por su encargo administran recursos públicos, es decir, recursos de la ciudadanía.
Se podrá sancionar a quienes eligen aprovecharse del servicio público en lugar de dar cumplimiento cabal a su encomienda.
Señoras y señores, lo que hemos escuchado de la sociedad es que se encuentran hartos de la corrupción; lo que la gente nos ha dicho es que no quieren ya más servidores públicos corruptos; por lo tanto, es nuestra obligación actuar en consecuencia y en ese sentido van las reformas que hoy ponemos a su consideración y, por supuesto, también el adéndum que acompaña el presente dictamen.
Es cuanto.
Muchas gracias por su atención.
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