En diciembre de 2014, el jefe de Gabinete de Enrique Peña Nieto, Aurelio Nuño, hizo una confesión a la prensa extranjera en referencia a la estrategia de seguridad de este gobierno: “no vimos la dimensión del problema y la prioridad que debería haber tenido”.
No es el único tema importante de la agenda nacional en el que el gobierno fue ciego y torpe. Apenas tomaron el poder revisaron sus encuestas y decidieron dar un golpe en el terreno de la educación. Se les hizo fácil decir: “culpemos a los maestros, metamos a la cárcel a su lideresa que es nuestra aliada, sometamos a su sindicato y anunciemos una reforma educativa que nos va a dar muchos puntos”.
Hasta ahora en lo único que han cumplido, y a medias, es en mantener en prisión hospitalaria a Elba Esther Gordillo, aunque al parecer ya la quieren liberar. Incluso, ahora el dirigente nacional del PRI, César Camacho, le reprochó a los gobiernos panistas del 2000-2012 haber hecho una alianza con Gordillo, como si la lideresa que controló a mano de hierro el SNTE no hubiera sido priista.
La pretendida reforma educativa se redujo a una reforma laboral que ni siquiera han podido echar a andar.
Se privilegió la evaluación educativa sin transformar los otros aspectos fundamentales de la educación como son los mismos contenidos y la capacidad de la abultada burocracia político-sindical que asfixia al sistema educativo.
Después de que incumplieron la ley, los secretarios de Educación y Gobernación, Emilio Chuayffet y Miguel Ángel Osorio Chong, volvieron a la escena pública cual toreros que huyeron y regresan como si nunca hubiesen abandonado la plaza. Que habrá evaluación llueve o truene, dice Chuayffet. Que no hay alternativa, completa Osorio.
Al comparecer ante la Comisión Permanente, el titular de la SEP sentenció que con los concursos de promoción realizados entre el 20 y 22 de junio “murió el sistema escalafonario anterior”, y menospreció aquel escueto comunicado del 29 de mayo en el que anunció la suspensión indefinida para la realización de las evaluaciones. “No tuvo consecuencias jurídicas”, sentenció Chuayffet.
Pues bien, se evaluará a los maestros y aquellos que resulten con promedios altos serán merecedores de estímulos económicos. ¿Lo serán? Es un decir, porque eso no dependerá de Chuayffet ni de Osorio, sino de lo que diga otro secretario, el de Hacienda, Luis Videgaray.
Así lo dice claramente el documento que detalla el programa de estímulos que sustituye a la Carrera Magisterial, que en el numeral VII, 3 advierte: “se reitera que quienes hayan logrado los resultados requeridos en los procesos de evaluación para ser sujetos de los incentivos, y que por la falta de disponibilidad presupuestal en el ejercicio fiscal correspondiente no hayan sido acreedores a los mismos, podrán volver a participar en los procesos de evaluación al siguiente año”.
La más grande de las mentiras que se repitieron durante la semana del debate es que el mismo gobierno “mató la reforma educativa”. La verdad es que para matar esa reforma primero tendría que haber estado viva. Y, claro, tendría que ser, cosa que no es, una reforma educativa.
Los promotores de la privatización de la escuela pública quisieron leer el anuncio oficial del 29 de mayo de la SEP como un triunfo de quienes se oponen a la reforma educativa, especialmente de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. En esa lectura, el gobierno habría cedido a las “presiones” del magisterio disidente. Equivocaron el camino de sus críticas.
Antes al contrario, y como han expuesto expertos, quizá la verdadera intención del gobierno era culpar a la CNTE de la suspensión –pese a que el titular de Educación ha dicho que esta organización representa apenas a 10 por ciento de los docentes del país– para después poder dar un golpe de mano y llegar incluso a una salida represiva queaplaste el descontento social.
La supuesta reforma educativa se ha convertido en rehén de las disputas dentro del gabinete presidencial y, todavía más, en el botín de un grupo de empresarios que desprecian a los maestros, que quieren imponer su ley en las aulas igual que la imponen en las pantallas de la televisión.
Habría que recordar que uno de los ejes de la reforma constitucional fue establecer un servicio profesional docente nacional, que regulará el ingreso, promoción, reconocimiento y permanencia en la educación básica y media superior impartida por el Estado.
Igualmente, se estableció que el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE), organismo constitucional autónomo, asumiera las atribuciones de evaluar el desempeño y resultados del Sistema Educativo Nacional en los niveles que van de preescolar a media superior.
El fortalecimiento de la escuela pública, objetivo declarado de la reforma, se ha topado con la falta de compromiso y con la inacción gubernamental, toda vez que el sistema educativo nacional sigue padeciendo graves rezagos. Un prestigiado académico utilizaba la analogía del transporte: se quiso mejorar el servicio de un camión destartalado, que circula además entre topes y baches, simplemente cambiando al chofer, como si fuese el responsable del mal servicio.
Casi la mitad de las escuelas públicas siguen sin drenaje, un tercio sin agua potable y 11 por ciento sin servicio eléctrico. Claro, el gobierno presume más y más escuelas de tiempo completo, pero no dice que los padres se tienen que organizar y pagar los alimentos, ni que muchas veces ni siquiera cubre la plantilla de personal de cocina.
La SEP no hizo la tarea.
Twitter:@Dolores_PL
