- La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) es la cabeza del Poder Judicial federal. Está encargada de interpretar la Constitución Política para resolver conflictos entre particulares y la autoridad, o entre las mismas instituciones, cuando existe una controversia entre dos Poderes de la Unión.
- Se trata del máximo tribunal de justicia y está conformado por los “máximos juzgadores” en el país.
De un total de 11 integrantes que la componen, se desocuparán dos posiciones en la SCJN en fecha próxima. Recae en el Presidente de la República la obligación de proponer al Senado dos ternas de candidatos. De ellas, deberá seleccionarse a las dos personas que ocuparán el cargo de ministro de la Corte.
¿Cuál es la característica más importante que debe tener un juez, es decir, aquel cuyo trabajo es resolver un conflicto entre dos? La lógica más elemental nos obliga a pensar que esa persona debe ser neutral hacia cualquiera de las partes, e independiente de intereses o presiones, que busquen sesgar sus decisiones de determinada forma. Esto es indispensable para que los conflictos sean resueltos de forma imparcial, efectiva y pacífica; y para que realmente pueda existir justicia.
Pero, ¿qué pasaría si de pronto los jueces de mayor rango dentro de una sociedad fueran parciales? Que fueran, por ejemplo, militantes o actores afines a algún partido político, incluso legisladores o ex-presidentes de alguno de ellos. ¿Qué clase de justicia impartirían?; ¿cómo resolverían un conflicto donde una de las partes tuviera relación con el partido político en el que militan?; ¿qué pensarían de ellos los demás jueces, los jerárquicamente inferiores?, ¿cómo se afectaría el comportamiento de todo el aparato de justicia en esa sociedad?
Estas preguntas son relevantes porque se ha filtrado que existe la intención, por parte del PRI y del PAN, de buscar un acuerdo “en lo oscurito” para nombrar cada uno de ellos, a dos personajes afines a sus intereses políticos como ministros de la Corte, ni más ni menos.
Esto es tan ridículo como si alguien quisiera que un clásico América-Chivas fuera arbitrado por alguien que trabaja en Televisa. ¿A qué equipo sería más probable que le marcara este árbitro una falta?
En el caso de la Corte mexicana, además de ridículo, es algo muy amenazante para la democracia y el equilibrio de los poderes de la República.
Es por esto que, desde hace algunas semanas, representantes de la academia, miembros de la sociedad civil, integrantes del servicio judicial de carrera, líderes de opinión y algunos legisladores, hemos manifestado nuestra profunda inconformidad sobre la intención de impulsar nombramientos con ese perfil.
Si la Corte se politiza, entonces los máximos jueces de México serán, necesariamente, juez y parte.
Y si el Poder Judicial se partidiza, ¿cómo podríamos, por ejemplo, brindar garantías a la sociedad para contener cualquier abuso de poder?
Nuestro Poder Judicial requiere una profunda reforma. Es fundamental, si algún día queremos tener un verdadero Estado de derecho, terminar con la corrupción y la impunidad. Por ello, debemos desterrar cualquier amenaza que hoy busque atentar contra la imparcialidad de nuestros jueces.
En el grupo parlamentario del PRD en el Senado, consideramos que en las ternas deben considerarse perfiles de gente con trayectoria profesional impecable; “sin cuotas ni cuates”, como proponen las organizaciones que en change.org, han recogido decenas de miles de firmas en apoyo a esta visión. Además de garantizar paridad de género y una auscultación amplia de las nominaciones.
Adicionalmente, mañana martes, presentaré una iniciativa para evitar que lleguen a la Corte funcionarios públicos que pueden igualmente sesgar políticamente las decisiones. Para evitar conflictos de interés, quienes hoy fungen como magistrados electorales en la Sala Superior, y calificaron la elección del presidente Peña Nieto, no pueden tampoco ser incluidos en las ternas. Tan sólo imaginemos el terrible incentivo de “perdonar” los delitos cometidos en el caso PRI-Monex, a cambio de ser nombrado ministro o ministra de la SCJN.
Si permitimos que el Poder Judicial se politice, entonces nos habremos quedado sin árbitro confiable y la erosión de la República será inevitable.
