El enfoque punitivo que guía actualmente al sistema de justicia penal repercute negativamente en las familias de las personas que están privadas de su libertad en algún centro penitenciario, pues su cotidianidad en los hechos es trastocada en todos los ámbitos como si fueran también responsables de la comisión de un delito, indicó la senadora Angélica de la Peña.
“Estas familias pierden a su principal sustento económico, lo que tiene entre sus primeras consecuencias que las y los hijos adolescentes abandonen sus estudios para dedicarse a trabajar, además de que la familia entera es estigmatizada por la comunidad, aislada de la misma y sin una política pública que le apoye”, dijo la legisladora del PRD en el marco de la presentación del libro “Vulnerabilidad y Silencio. El impacto carcelario en las familias Penitenciarias”.
- Los datos de la Primera encuesta realizada a población interna en Centros Federales de Readaptación Social (2012) elaborada por el Centro de Investigación y Docencias Económicas en penales federales de México, indican que el 78.8 por ciento de los internos tiene hijos. Al extrapolar está realidad a las estadísticas del INEGI (2014), con un promedio de cinco miembros por familia, se estimaría que de los 213 mil 682 internos en el país, 163 mil 680 tienen hijos.
Indicó que ni la autora del libro -Patricia Cerda Pérez- ni ninguno de las y los comentaristas ponen en duda que las personas que han cometido una afrenta a las leyes penales deban recibiruna sanción proporcional al delito cometido, sino que se manifiestan en contra de que las familias de estas personas deban enfrentar consecuencias por actos que no cometieron.
- En México, el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) dentro de los resultados publicados en la Primera encuesta realizada a población interna en Centros Federales de Readaptación Social (2012), señala dentro de las características sociodemográficas analizadas que los reclusos ubicados en estos penales, crecieron entre importantes carencias como:
Abandono o negligencia por parte de los padres, bajo nivel de escolaridad, deserción escolar e incorporación al mercado laboral informal a temprana edad, abandono del hogar, consumo de alcohol o drogas ilícitas entre los adultos responsables, familiares en prisión, violencia o conflictos en la familia, abuso sexual, bajos ingresos, empleo inestable, formación de pareja y procreación a temprana edad.
De la Peña Gómez resaltó que “todas las personas, en libertad y privadas de ella, tienen derechos humanos que deben ser respetados en y desde las políticas públicas, ese es el enfoque que deben adoptar las autoridades y la sociedad; continuar pensando que las delincuencias desaparecerán encerrando a los responsables de la comisión de un delito en una celda y arrojando la llave, lo único que generará son personas rencorosas que volverán a delinquir”.
La también presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Senado indicó que es urgente que las autoridades penitenciarias se organicen como lo establece la Constitución y reconozcan, protejan y promuevan el goce pleno de los derechos humanos, el trabajo, la capacitación, la educación, la salud y el deporte como medios para lograr la reinserción del sentenciado a la sociedad y procurar que no vuelva a delinquir.
“Son múltiples los efectos económicos, emocionales y sociales que las familias de personas privadas de su libertad deben sufrir, afectando su composición hasta el grado incluso de desintegrarse; los integrantes de estas familias al ser aislados, estigmatizados, sin educación ni oportunidades, son fácil presa de la captación por parte de la delincuencia, común y organizada, por lo que deben ser incluidas en una política pública eficaz de prevención social del delito y de reconstrucción del tejido social”, finalizó la senadora Angélica de la Peña.
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