Hoy 12 de agosto se cumplen tres años de que el presidente Enrique Peña Nieto presentó ante el Senado de República la iniciativa de reforma constitucional para modificar el régimen de los hidrocarburos y la electricidad, abriendo totalmente la explotación de estas actividades a la inversión privada y al libre mercado.
Desde el principio de la discusión legislativa expresé mi rechazo total a las reformas constitucionales por considerar que con ello se transfiere la riqueza al extranjero, se pierden fuentes de trabajo y se desmantela la economía nacional.
Los argumentos engañosos y las falsas promesas que Enrique Peña Nieto junto con el PRI y sus aliados políticos, PAN y PVEM, expresaron para impulsar la reforma energética, alcanzaron su objetivo principal de permitir a las empresas privadas su participación en esta industria, en detrimento de la soberanía nacional y la rectoría del Estado en esta materia.
Para Pemex, la reforma energética ha significado un constante debilitamiento a partir de regulaciones asimétricas y disminución de los beneficios o compensaciones establecidas en la misma reforma.
Un ejemplo notable de esta voluntad para debilitar a Pemex radica en el daño patrimonial derivado del incumplimiento a lo señalado en el párrafo quinto del artículo sexto transitorio de la reforma constitucional en materia energética, que establece la obligatoriedad de resarcir a Pemex el valor de sus inversiones hechas en las áreas de explotación que finalmente no retuviera una vez culminada la llamada Ronda Cero.
La Secretaría de Energía, durante casi dos años, no emitió ninguna disposición tendiente a reconocer el “justo valor económico” de las inversiones de Petróleos Mexicanos. Fue hasta el pasado mes de febrero que emitió lineamientos contradictorios que limitan el alcance del “justo valor correspondiente” y pretenden que sólo se le reconozcan a Pemex alrededor de 4 mil 600 millones de pesos y no los más de 70 mil 600 millones de pesos a que asciende el valor de las inversiones afectadas en las áreas totales no retenidas en la Ronda Cero.
Además de esta disminución en el reconocimiento de las inversiones realizadas por Pemex en las áreas no retenidas, la empresa ha tenido que asumir los costos del mantenimiento de 95 “campos en resguardo” que no le fueron asignados en la Ronda Cero. La figura de “campo en resguardo” no aparece en ninguna disposición emitida por el Poder Legislativo.
La riqueza nacional derivada de la explotación del petróleo, lo dijimos siempre, está comprometida y se traslada a manos de empresas privadas nacionales y extranjeras, el asunto es mucho más grave que sólo el alza de las gasolinas.
A través de la llamada Ronda Uno se han entregado en concesión a empresas privadas, en su mayoría extranjeras, 791 km2 y se ha obligado a entregar, antes de que termine 2016, 23 mil 800 km2adicionales, en su mayor parte en áreas marinas. Lo que significará el 33 por ciento del mar territorial perteneciente al Golfo de México.
El gobierno ya anunció que en 2017 inicia la Ronda Dos de licitaciones para nuevas concesiones, donde ha ofrecido áreas marinas que suman 8 mil 900 km2, por lo que, en tres años, el gobierno priista entregará el 44 por ciento del mar territorial del Golfo de México a un puñado de empresas petroleras que lo podrán explotar de manera exclusiva por 35 años.
La extracción de petróleo mexicano profundiza su caída y ha pasado de 2.5 millones de barriles por día en 2012 a 2.1 en 2016, alejándose cada vez más de la otra falsa promesa que profetizaba una extracción promedio de 3 millones de barriles por día en 2018.
A tres años de emprender el mayor golpe contra la nación y la población mexicana, se reconoce tímidamente que no fue el mejor momento para la apertura total a las empresas privadas, que cada día empeoran más las finanzas y las operaciones de Pemex, que el futuro para el país luce sombrío en materia energética y, para terminar, los consumidores de combustibles contribuyen a tapar los hoyos fiscales que este gobierno federal ha abierto y pretende ocultar.
Senador de la República (PRD)
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