Erradicar la tortura y la impunidad que la rodea requiere que nuestro marco jurídico cuente con una ley nacional que establezca no solamente el tipo penal y sus sanciones, sino que también lo defina con la condición de imprescriptible y castigue su encubrimiento, señaló la senadora Angélica de la Peña Gómez, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos.
Durante el foro “La Tortura en México”, de la Peña Gómez mencionó que se espera que la Cámara de Diputados en el próximo periodo de sesiones apruebe la minuta de la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, pues con ello se cumplirá con múltiples recomendaciones hechos al Estado mexicano por organismos internacionales como Naciones Unidas y la Corte Intermaericana de Derechos Humanos.
“Ojalá la colegisladora tome en cuenta la recomendación para que dicha minuta no sufra modificaciones que hizo el relator especial de la ONU sobre la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Juan Méndez, el pasado viernes en una reunión de trabajo”, añadió.
Resaltó que durante la elaboración del proyecto de ley general contra la tortura, se tomaron en cuenta los señalamientos de organizaciones de la sociedad civil acerca del empleo recurrente de la tortura sexual, especialmente contra las mujeres, por lo que la iniciativa fue redactada con perspectiva de género desde el primer artículo y hasta el último de artículos transitorios.
La senadora Angélica de la Peña dijo que la minuta enviada la Cámara de Diputados en esta materia establece que las penas previstas para el delito de tortura se aumentarán hasta en una mitad cuando la víctima sea sometida a cualquier forma de violencia sexual.
Señaló que para garantizar los derechos de las víctimas de este delito al momento de denunciarlo, la minuta también tiene el propósito de consolidar la autonomía de las instituciones reponsables de investigar y recabar pruebas, de tal manera que se termine de una vez con el encubrimiento que las mismas autoridades han brindado durante años.
Participaron en esta reunión Madeleine Penman, de Amnistía Internacional; Stephanie ErinBrewer, del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez; . Jorge Ordóñez y José Mosqueda, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
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