Intervención de la Senadora Dolores Padierna para presentar el libro Reforma para el saqueo, foro petróleo y nación


VERSIÓN ESTENOGRÁFICA DE LA INTERVENCIÓN DE LA VICECOORDINADORA DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD EN EL SENADO, DOLORES PADIERNA LUNA PARA PRESENTAR EL LIBRO REFORMA PARA EL SAQUEO, FORO PETRÓLEO Y NACIÓN.

 

Sen. Dolores Padierna Luna: Muchas gracias a todos, especialmente a los coordinadores de este importante libro, Eliezer Morales Aragón y Juan José Dávalos López, por permitirme participar en las reflexiones en torno de lo que yo he llamado la nueva tragedia mexicana, esta reforma energética entreguista, apátrida y, por si fuera poco, fracasada.

 

De la lectura de Reforma para el saqueo hay muchas cosas que comentar.

 

Primero, que debo a muchos de los colaboradores de este volumen una gran cantidad de aportaciones que fueron invaluables para dar sustancia a nuestras posturas en la tribuna legislativa y en el debate público.

 

Una buena parte de las mejores inteligencias de México, abogados, intelectuales que son orgullo del país, profesionales y técnicos de Petróleos Mexicanos, académicos y líderes políticos, hicieron y siguen haciendo sus mejores aportes a esta larga lucha por la soberanía energética de nuestro país.

 

En este libro tenemos una verdadera constelación de patriotas –dicha sea la expresión en el mejor sentido–, de personas que han dedicado sus vidas, desde ámbitos muy distintos, a la investigación, al servicio público, a la docencia. Hay entre ellos muchas diferencias, e incluso puntos de vista encontrados, sí, pero existe una coincidencia mayor: la que les otorga su compromiso con una patria soberana, libre y justa, con una idea que se contrapone a los dogmas de los “insensatos adoradores del mercado”, como los llamó Lula da Silva.

 

Los debates que dimos en la arena pública y en la tribuna, los foros académicos, los artículos e incluso la presentación misma de este volumen forman parte de una convicción compartida que los coordinadores expresan en la contratapa: “No nos reunimos con el simple fin de ‘dejar testimonio’, sino de expresar con firmeza nuestras voluntades ante lo que consideramos un abuso en el ejercicio del poder”.

 

Lo que conocemos como reforma energética es un complejo entramado jurídico que apuntala la supremacía del Ejecutivo sobre los otros poderes del Estado, que elimina los controles del Congreso y con ello el contrapeso que nos debemos como sociedad democrática; una reforma que otorga al Presidente y un par de funcionarios un amplísimo margen para decidir el otorgamiento de contratos y sus condiciones. Ese nuevo piso jurídico, dicho sea de paso y como ejemplo, haría muy difícil una investigación seria y profunda sobre la corrupción en el sector energético como la que se lleva a cabo actualmente en Brasil.

 

La reforma fue encabezada por una elite que llegó al poder con el afán de mantenerse ahí indefinidamente a cualquier costo. Desde su arribo a la presidencia, el grupo en el poder ha dado sobradas muestras de su afán de restaurar los poderes metaconstitucionales del Ejecutivo vía la reconcentración del poder, la anulación de facto del federalismo y el manejo discrecional y patrimonialista de los bienes públicos.

 

El sexenio arrancó con el Pacto por México, un instrumento de cúpulas que  abrió la puerta a la nefasta reforma energética, pero también a un nuevo diseño institucional que ha dotado de más poder al Ejecutivo, que le ha permitido la recentralización de facultades en materia de política interna. Gracias a ese mecanismo, se ha hecho de nueva cuenta de enormes capacidades de negociación y de coerción. En el ámbito económico, el Ejecutivo también cuenta ahora con mayores instrumentos de control y disciplina.

 

Del Pacto surgieron, no hay que olvidarlo, una oposición domesticada, sometida a la agenda y los tiempos del gobierno, y la reforma energética cuyo análisis nos convoca.

 

El Pacto y un conjunto de cambios legales que dieron mayores facultades al Ejecutivo afectaron los avances que habíamos alcanzado en la remodelación del marco institucional y en el fortalecimiento del equilibrio de poderes. Una pieza central de la reforma energética, que no fue redactada en el Parlamento, es que garantiza impunidad a quienes malbaraten los bienes de la nación.

 

Como he dicho, encontramos en este volumen muchas de las voces que dieron sustento y razones a nuestras intervenciones en la tribuna legislativa. Al calor del debate, por ejemplo, leímos al notable jurista Diego Valadés, quien nos hizo ver que “en México no se habían utilizado los transitorios como técnica de engaño y de ocultamiento, como se hace en el caso de esta reforma. De los 21 transitorios, 11 contienen disposiciones permanentes que deberían formar parte del cuerpo constitucional”.

 

Valadés nos recuerda, en una de sus colaboraciones publicadas en este libro, que las nuevas “empresas productivas” del Estado se constituyen bajo control absoluto de la presidencia, al tiempo que se debilitan aún más los ya de por sí frágiles controles que el Congreso podía ejercer.

 

El abogado Valadés también plantea que dado que el Ejecutivo tiene un amplísimo margen para otorgar los contratos y definir sus condiciones, también recaerán sobre él fuertes presiones de actores internacionales.

 

El jurista llama la atención de ese modo, sobre las perversiones de un diseño jurídico que tendrá funestas consecuencias para el país.

 

Quiero detenerme, sin embargo, en un punto que plantea el abogado Valadés: “La situación es reversible”, escribe.

 

¿Se puede echar abajo la reforma energética una vez que la Suprema Corte rechazó la consulta popular? Hay algunos pasos pendientes en instancias internacionales, pero lo importante es destacar que los cambios no podrían ser un borrón y cuenta nueva, sobre todo porque hacia 2018 es posible que ya haya varios contratos pactados a plazos muy largos.

 

Lo que es urgente es lo que señala Valadés: que la reforma energética dé lugar a una profunda reforma democrática que tenga entre sus componentes “un instrumental democrático de controles” que impediría que el país quedase a merced de “un excesivo poder de las petroleras en perjuicio de las instituciones”.

 

 

La propaganda oficial alrededor de la reforma energética estuvo llena de mentiras, de medias verdades y de promesas que el gobierno sabía imposibles de cumplir.

 

Una buena parte de ese discurso es desmenuzado en Reforma para el saqueo. Por ejemplo, a propósito de la intervención de un invitado oficial en un foro organizado en este Senado, quien dijo que las refinerías no son rentables, José Felipe Ocampo Torres escribe:

 

“En 1992 se terminó un estudio para la instalación de una refinería en México. Participé en él. Lo efectuaron Pemex, el IMP y Fluor. El estudio demostró que todas las configuraciones propuestas y analizadas eran rentables.

“Al terminarse los estudios, el Ejecutivo, a través de la SHCP, canceló el proyecto con el pretexto de falta de recursos. Acto seguido, como no había recursos, se adquirió la refinería de Deer Park. No hubo recursos para invertir en México pero sí en Estados Unidos…”

 

La compra de esa refinería en Texas se hizo en tiempos de Carlos Salinas. Siguiendo a su antecesor y maestro, Peña Nieto preparó el terreno de las “reformas estructurales” de la misma manera que Salinas, quien prometió beneficios inmediatos que nos llevarían al edén, pero sólo consiguió destruir el campo y disparar el éxodo de mexicanos a Estados Unidos.

 

Una y otra vez, en las páginas de este libro encontramos datos y afirmaciones que alimentan nuestra indignación, pero también nos ayudan a comprender cabalmente la magnitud de la traición al país que es la reforma energética.

 

Como si anticipara sus pobres resultados, Enrique Peña Nieto tuvo el mal tino de promulgar la reforma que según él nos sacaría de una “inmovilidad de décadas” justo cuando se afianzaba la caída de los precios internacionales del petróleo. Desde entonces, todo ha sido cuesta abajo la rodada.

 

Mientras el país se sumía en una profunda crisis política y social, en la segunda mitad de 2014, Peña, sus funcionarios y el coro que los acompaña, seguían vendiendo beneficios que nadie ve, y que nadie verá.

 

Nadie conoce hasta ahora un proyecto productivo derivado de la reforma energética. La razón es simple: no existe ninguno. Han habido, sí, algunas inauguraciones y hay proyectos en construcción, pero todos ellos arrancaron en el marco de la antigua legislación.

 

No existe ninguna central o línea eléctrica en construcción y menos aún en operación que se derive de la reforma energética; no se ha perforado ningún pozo exploratorio o de desarrollo con inversión privada nacional o extranjera; no se han construido oleoductos, poliductos, refinerías, plantas de gas o unidades petroquímicas bajo el cobijo del nuevo marco jurídico.

 

A falta de resultados tangibles, el gobierno federal presenta como propias políticas y obras decididas en sexenios anteriores, como el reemplazo de dísel  y combustóleo por gas natural en la generación de electricidad, la ampliación de la red troncal de gasoductos, así como las medidas para eliminar del desabasto de gas y el aprovechamiento de las fuentes renovables de energía y la cogeneración.

 

No se pueden encontrar resultados exitosos donde no los hay. Y como los millones de puestos de trabajo prometidos ni los millones de dólares de los inversionistas privados asoman la cabeza, el jefe del Ejecutivo opta por las medias verdades y por hacer caravana con sombrero ajeno.

 

Por ejemplo, en su tercer informe, Peña Nieto dijo que gracias a la reforma Pemex “pudo contratar tecnologías que aceleraron el proceso de exploración y producción”.

Se trata, sencillamente, de una mentira. No hay tecnología que Pemex no haya podido contratar antes de la reforma.

 

El informe presume el hallazgo de cuatro nuevos campos con importante potencial de hidrocarburos en aguas someras del Golfo de México. Tales descubrimientos, dice, representaron el mayor éxito exploratorio de Pemex en los últimos cinco años después de los yacimientos Tsimin-Xux y Ayatsil.

 

La reforma energética no tuvo que ver en esos descubrimientos. No fueron resultado de ningún contrato de los previstos en la Constitución ni en la legislación secundaria. Esos pozos se hicieron con recursos presupuestales. No fue el sector privado el que hizo los descubrimientos, fue Pemex, con sus propios medios. Además, según información de la Comisión Nacional de HIdrocarburos (CNH), tres de los pozos exploratorios comenzaron a perforarse antes de que fuera aprobada la legislación secundaria en agosto 2014. Sólo en uno de los pozos, el Esah-1, se inició la horadación el 19 de septiembre del año citad, aunque, claro, las localizaciones y la decisión de perforar se definieron meses antes de la reforma constitucional.

 

Según el texto que Peña Nieto entregó al Congreso, gracias a la reforma energética se dio una disminución en el precio de la electricidad en el primer semestre de 2015.

No es sino otra mentira escandalosa. La disminución de los precios de la electricidad se debe a la disminución del precio de los combustibles, a su vez derivada de la baja del precio del petróleo en el mercado internacional.

Son esos bajos precios, no la reforma, lo que ha permitido el fin de los gasolinazos y también la disminución en los precios del gas LP.

 

Las grandes promesas de la reforma con respecto a Pemex simplemente fueron mentiras. No hay “mayor autonomía” ni ha disminuido la voracidad del fisco. Por el contrario, Pemex entrega más recursos a la hacienda pública y de ahí los números rojos de una empresa que pierde su patrimonio.

 

La caída de los precios internacionales le ha quitado atractivo al apetitoso tesorito que decía Felipe Calderón. Pero este gobierno tiene prisa porque se le va el negocio. Así que ha decidido ceder a las exigencias de las compañías trasnacionales y otorgarles condiciones más ventajosas y mayores ganancias en los contratos.

 

La mayoría que el PRI y sus aliados tienen ahora en la Cámara de Diputados no anticipa nada bueno para el país ni abre la puerta a cambios en el entramado de la reforma energética. La elite depredadora se mantendrá en sus dogmas.

 

Nuestra ruta debe ser la construcción de un nuevo modelo de organización, múltiple y diverso, amplio y plural, que unifique partidos, clases y causas, y se exprese en todos los frentes: parlamentario, reivindicativo, social, programático y en el ejercicio del gobierno. Un modelo que nos lleve a la posibilidad de constituir una nueva mayoría en 2018. Tenemos argumentos y razones, como bien se demuestra en los textos de Reforma para el saqueo, cuya publicación celebro una vez más.

 

Muchas gracias a todos.

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