Intervención del senador Alejandro Encinas Rodríguez, del Grupo Parlamentario del PRD, durante la reunión con el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes de la CIDH sobre el caso Ayotzinapa.
Alejandro Encinas Rodríguez (AER). Muchas gracias senadora De la Peña.
Primero, agradecer a los representes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes que integró la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, atender esta invitación, tanto a Carlos Martín Beristáin, como a Francisco Cox Vidal.
La representación de las organizaciones no gubernamentales están apoyando a los padres de las víctimas; a Mario Patrón y a Omar Gómez.
Yo quisiera, en primer lugar, destacar la importancia y la trascendencia que implica la presentación de este Informe, que sinceramente espero marque un hito en lo que es la forma en que el Estado Mexicano está enfrentando la profunda crisis humanitaria y de violación a los derechos humanos por la que atraviesa nuestro país, y que particularmente la ineficacia y la descomposición de las instituciones públicas para garantizar la impartición de justicia y el respeto a los derechos de todos los ciudadanos.
Y esperemos que este Informe marque un antes y un después de Ayotzinapa, en donde además de enfrentar esta crisis humanitaria y de derechos humanos, y este deterioro en las instituciones de impartición de justicia, por fin se ponga fin a la impunidad que rige en el país.
Ayer yo decía que el informe tendría implicaciones jurídicas, legales, políticas, sociales e incluso éticas y morales. Y quiero referirme a la primera implicación jurídica, ya que el informe que se nos ha presentado es el resultado del trabajo de un grupo de expertos integrado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que forma parte de la Organización de Estados Americanos y forma parte del Pacto de San José, el cual fue suscrito y del cual es miembro el Estado mexicano.
Y de acuerdo a nuestra Constitución, todos los tratados suscritos por el Estado mexicano y ratificados por el Senado de la República, tienen valor de ley. Por lo tanto, este informe es vinculante con la investigación que está llevando adelante la Procuraduría General de la República.
Y esto implica deslindar responsabilidades en torno a este informe y en este caso, no sólo atender el informe como una recomendación; sino con la fuerza jurídica que representa el haber sido suscrito por el Estado mexicano.
Y el informe nos revela, en primer lugar, que la autoridad no solamente mintió en el caso de la desaparición forzada de 43 estudiantes normalistas y la ejecución extrajudicial de otras seis personas; sino que además ocultó información y manipuló la información.
El caso más claro es la existencia de un quinto autobús, del cual nunca fue informado ya no digamos el Congreso de la Unión, sino que no fue informado en la Comisión Bicameral de Seguridad Nacional, en donde la autoridad bajo protesta de decir verdad, nos rindió el informe que conocemos hasta ahora y que fue hecho público por el entonces procurador Murillo Karam.
Y la existencia de un eventual quinto autobús, modifica sustancialmente el conjunto de la investigación: uno, por la presunción de que se utilizara ese vehículo que no ha sido acreditado, para el tráfico de droga, particularmente heroína en esta ruta de tránsito de Iguala a Chicago, como una de las zonas de tráfico fundamental de este vehículo.
Pero esto implica también conocer otra forma para encontrar el porqué se dieron los hechos, no solamente el testimonio del chofer, sino los pasajeros que formaban parte de este autobús y nos tienen que explicar por qué fue el único autobús que logró salir de Iguala sin ningún problema.
Nos mintieron al señalar que ninguna autoridad estaba informada de los hechos y el informe ha acreditado que el C-4, es un centro de comunicación de la Secretaría de Seguridad Pública, estuvo informando en tiempo real a todas las autoridades, al gobernador del estado, al procurador de Justicia y al secretario de Seguridad Pública de Guerrero, a la Procuraduría General de la República, a la Armada de México, al Ejército Mexicano, a la propia Procuraduría General de la República; y dicen que en ningún momento habían contado con información.
Y aquí se empiezan a configurar la primera comisión de responsabilidades: por omisión, por complicidad e incluso por negligencia criminal; y particularmente en el caso del Ejército mexicano, el 27 Batallón de Infantería no solamente contaba con la información del C-4, sino con información de inteligencia militar. Y fue testigo y estuvo presente cuando se cometían las agresiones en flagrancia a los estudiantes.
No solamente están las fotografías que tomó el Ejército en el hospital a los estudiantes heridos que llegaron, sino hay una declaración de la Fiscalía del estado de Guerrero, que señala que el cuerpo de Julio César Mondragón Fontes fue encontrado por miembros del Ejército Mexicano y este cuerpo fue levantado por militares; lo cual fue desmentido posteriormente.
Digo que mintieron y además alteraron las escenas del crimen, no solamente en los nueve puntos donde hubo estos ataques, y subrayo, ataques, no enfrentamientos, porque en ningún momento los estudiantes estuvieron armados sino fundamentalmente en el relleno sanitario.
Porque ahora se ha descreditado de que no se incineraron a los 43 estudiantes en ese sitio. Ya hay evidencias técnicas y científicas y meteorológicas, porque ese día llovió y se mantuvo la lluvia hasta las cinco de la mañana del día siguiente, y al mismo tiempo ha demostrado, independientemente de que aparezcan de acuerdo a los estudios de ADN que se hicieron en Innsbruck, los restos de uno de los muchachos en Cocula ha demostrado que no hubo tal incineración.
Y, por lo tanto, de haber existido que realmente este muchacho, el ADN coincide con los estudios del peritaje de Innsbruck, implica que se sembraron las pruebas.
Pero no sólo se sembraron las pruebas, porque si revisamos el informe de la Procuraduría General de la República, construyó un conjunto de declaraciones para fundamentar su dicho sobre que los 43 estudiantes fueron incinerados en el relleno sanitario de Cocula.
Voy a retomar, lo presenté en la Comisión Bicamaral de Seguridad Nacional, es pública. Señalan, por ejemplo, testigos, que dos camionetas llevaron a los 43 estudiantes al basurero de Cocula, de los cuales 15 estudiantes llegaron sin vida, y los cuales fueron bajados de estas camionetas.
Señalaron que iban en una camioneta de redilas y posteriormente en la reconstrucción de los hechos lo hicieron con una camioneta “estaquitas”.
Señalaron que los jalaron arrastrando de los pies, cuando otros testigos dicen que bajaron por su propia voluntad.
En la reconstrucción de los hechos, señalan que “El flaquito” fue el que estuvo interrogando al “Cochiloco”, al que identificaron como el encargado del operativo, y al “Patilludo”, que era parte de la del grupo de “Los rojos”, junto con el director de la Normal.
Señalaron que “El pato” y “El terco” llevaron a cabo el interrogatorio y después asesinaron a los estudiantes que estuvieron con vida; y estos –según Jonathan Osorio, Agustín García, Salvador Reza Jacobo– sí fueron quienes llevaron los cuerpos de los estudiantes y mantuvieron durante 12 horas el fuego.
Si no hubo incineración de los estudiantes, todo esto fue inventado por la Procuraduría General de la República. Y eso lo pueden encontrar ustedes en el video que hizo público el Procurador General de la República, Jesús Murillo Karam.
Y debe de decirnos quiénes fueron los autores materiales de esta situación.
¿Cuál fue el móvil que llevó al homicidio de estos estudiantes y a la desaparición forzada de 43?
Y deben también señalarnos si se sembraron pruebas como estas que estamos acreditando en el relleno sanitario de Cocula.
¿Y por qué al señor José Luis Abarca no se le ha fincado ninguna responsabilidad sobre los hechos de Ayotzinapa y solamente está detenido por el homicidio del líder perredista Arturo Hernández Cardona?
Yo creo que las preguntas fundamentales giran en torno a identificar bien el móvil, la autoría intelectual, el deslinde de responsabilidades, por supuesto que saber dónde están los estudiantes desaparecidos y que se castigue a los responsables que por omisión, por colusión, complicidad, o por negligencia criminal, permitieron estos hechos.
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