El senador Miguel Barbosa Huerta señaló que hechos como el de Tlatlaya, Tanhuato o la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa, evidencian el fracaso del modelo de seguridad pública del gobierno actual.
En ese sentido, dijo, resulta necesario trabajar en un proyecto de Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública e impulsar el análisis y discusión de la Ley sobre el Uso Legítimo de la Fuerza.
Durante el segundo día de trabajo de la 9ª Reunión Plenaria del GPPRD, los especialistas Eduardo Guerrero Durán y Alejandro Hope abordaron el tema de Violencia y Seguridad, donde coincidieron que México se encuentra frente a crisis dual de violencia e inseguridad.
Guerrero Durán destacó que con las cifras que existen actualmente, el sexenio terminará en un escenario inédito de ingobernabilidad, con especial aumento de conflictividad social en estados como Oaxaca, Veracruz y Guerrero.
Por su parte, Alejandro Hope aseveró que pese al aumento de violencia en todo el país, no hay una aceptación por parte de la autoridad sobre la existencia de una crisis de seguridad.
En este sentido, ambos especialistas coincidieron en que es necesario hacer modificaciones al Sistema Nacional de Seguridad Pública, otorgar autonomía al Secretario Ejecutivo del Sistema de Seguridad, ya que con la aprobación del Mando Mixto se le amplían facultades.
“Es muy importante que se creen incentivos para que los estados y municipios comiencen a hacerse cargo de la seguridad, la dependencia que tienen muchos estados del Gobierno federal en materia de estar mandando soldados o policías es enorme y no hacen esfuerzo por profesionalizar su policía”, mencionó Eduardo Guerrero.
En el caso del incremento del descontento social, señalaron que se requiere de una regulación más clara y central que garantice la protección de los manifestantes y de los propios policías que participen en la contención de movilizaciones.
Las senadoras Dolores Padierna Luna y Angélica de la Peña Gómez coincidieron en que el gran reto que se enfrenta en materia de seguridad pública es la transición de una visión de seguridad pública en la que predomina el enfrentamiento, a una donde se privilegie la seguridad humana.
En este sentido, la vicecoordinadora del GPPRD reconoció que el uso legítimo de la fuerza corresponde al Estado, pero recordó que se han documentado casos muy graves, como las ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas, por lo que urge una regulación adecuada.
Mientras que el senador Armando Ríos Piter señaló que se debe analizar qué tanto está involucrada la clase política y la vida partidaria con la violencia y atacar de manera contundente la corrupción política.
A su vez, los senadores Raúl Morón y Zoé Robledo cuestionaron sobre las formas en que se puede hacer frente a la inseguridad respetando los usos y costumbres de las comunidades y cuáles modelos son los más efectivos para los diversos escenarios de violencia que se viven en el país.
Finalmente, el senador Alejandro Encinas recordó que es competencia del Ejecutivo Federal el monopolio de la fuerza pública, por lo que, dijo, se debe ser muy cuidadoso en dotar de autonomía constitucional a un órgano garante de la seguridad pública.
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