Con el objetivo reducir la población carcelaria y con ello el costo de su manutención, el senador Fidel Demédicis Hidalgo propuso eliminar el plazo de hasta 48 horas para que un acusado sea consignado ante un juez penal o para otorgar la libertad del acusado de manera inmediata.
Mediante una iniciativa que pretende reformar los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el legislador por Morelos, aseguró que actualmente los Ministerios Públicos también son parte de la crisis de credibilidad que sufren las instituciones.
“Nadie en este país confía en los Ministerios Públicos y menos en las policías ministeriales quienes en 48 horas no sólo pueden torturar sino hasta provocar desapariciones forzadas”, comentó Demédicis Hidalgo.
En este sentido, argumentó que la figura jurídica de suspensión durante 48 horas en México se utiliza como una sanción anticipada, bajo la hipótesis de que alguien cometió un delito y que en automático es privado de la libertad durante el proceso para comprobar su inocencia o su culpabilidad, lo cual lesiona gravemente las normas internacionales del individuo.
“Ante la presunta culpabilidad los presos habrán pasado al menos unos nueve meses en prisión y el Estado habrá invertido unos 140 pesos diarios en la manutención de cada uno, cuando el costo diario por preso supera en más del doble el salario”, destacó Demédicis Hidalgo.
En consecuencia, dijo, en México actualmente el 70 por ciento de los recursos del sistema penal se dedican a los delitos de bajo impacto, por lo que una persona acusada del robo de un producto tan básico como unas galletas, podría pasar en promedio tres meses en prisión y al final, salir bajo fianza con el pago de entre 800 y 900 pesos.
“La manutención de los reos quienes se encuentran recluidos en las 21 cárceles Federales de México en el año del 2014, tuvo un costo aproximado de 1,703 millones 209 mil 173.49 pesos, Es decir, 4 millones 600 mil pesos diarios por mantener a los alrededor de 22,731 internos que había en estos centros para finales del año pasado”, mencionó.
Por ello, urgió a realizar cambios firmes a efecto de modernizar y fortalecer la ley, con el propósito de que se mantenga como el mecanismo jurisdiccional más importante dentro de nuestro sistema jurídico.
El senador del PRD, indicó que la suspensión dictada por una autoridad Constitucional competente, como es el Juez de Distrito, deberá restablecer la libertad personal del individuo además de que debe ser atendida de manera inmediata.
Finalmente afirmó que la Ley de Amparo ha sido parte de importantes transformaciones políticas, sociales y culturales que el país ha vivido en las últimas décadas, por lo que es necesario adecuar las leyes y las instituciones a efecto de garantizar que los cambios se instituyan en el marco jurídico del Estado Mexicano.
