Con la finalidad de crear mecanismos legales que enfrenten la opacidad en la aplicación del gasto público, el senador Benjamín Robles Montoya propuso establecer sanciones penales a los servidores públicos que realicen transferencias de recursos a cuentas bancarias no autorizadas por la Secretaría de Hacienda.
Mediante una iniciativa, el legislador del PRD planteó reformar los artículos 85 y 86 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental para que la administración de los recursos federales se efectúe de manera oportuna y transparente.
“Uno de los focos rojos en la oportuna aplicación del gasto es la existencia de opacidad en el manejo de los recursos públicos, condición que debe ser analizada exhaustivamente con la finalidad de generar medidas destinadas a minimizar la ocurrencia de subejercicios”, argumentó Robles Montoya.
Explicó que la opacidad generada por los altos índices de corrupción inhibe el efecto social de la inversión pública en áreas estratégicas, fomentando así la agudización de la pobreza y la marginación.
El representante por el estado de Oaxaca afirmó que la existencia de opacidad en el manejo de recursos afecta el cumplimiento oportuno de los objetivos y metas de los fondos y programas, por lo que es imprescindible procurar medidas que limiten las causas del mal manejo del gasto público.
El senador mencionó que de acuerdo con la Auditoría Superior de la Federación (ASF), la operación de fideicomisos no paraestatales, los convenios entre dependencias federales y entidades federativas, y el gasto federalizado son los principales espacios que pueden propiciar actos de corrupción.
Según la ASF, la opacidad es generada por normatividad compleja o ambigua en algunos fondos y programas, imprecisión operativa del principio de anualidad en el ejercicio de los recursos, así como la ausencia de sanciones por la falta del ejercicio oportuno de recursos federales transferidos.
“La existencia de corrupción se vuelve una verdadera problemática para las finanzas públicas en los tres niveles de gobierno, de ahí la imperiosa necesidad de establecer acciones que impidan la recurrencia de esta situación, que está dañando significativamente a la sociedad mexicana”, apuntó el senador oaxaqueño.
Robles Montoya aseguró que el impacto de la opacidad en la gestión del gasto federalizado se manifiesta en las dificultades para la fiscalización de los recursos no ejercidos oportunamente, así como en la falta de certeza sobre su efectivo ejercicio para los fines previstos y con observancia de la normatividad aplicable.
Además, agregó, la falta de claridad en el gasto público abre una gran gama de posibilidades para que los servidores públicos cometan impunemente actos de corrupción.
“Actos de corrupción, que hoy en día tienen a nuestro país sumido en el ostracismo internacional, corrupción que ha mermado profundamente la confianza de las y los mexicanos por sus instituciones, provocando una incertidumbre ciudadana que lastima gravemente a nuestra nación”, concluyó.
La iniciativa fue turnada a la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Senadores para su análisis y posterior dictamen.
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