El sentido común dicta que, frente a una prohibición de la autoridad, los seres humanos adaptamos nuestro comportamiento. A veces simplemente obedecemos a raja tabla, pero otras veces le damos la vuelta a dicha prohibición. ¿De qué depende esto?
Pues, entre otras cosas, de qué tan convencidos estemos de que la prohibición en cuestión soluciona un problema que nos importa, y del margen de maniobra que tengamos para adaptarnos a la nueva circunstancia.
Lo anterior viene a colación por la enorme controversia que se ha desatado por la implementación del programa Hoy No Circula y el anuncio de que se aplicará por tres meses para todos los automóviles que circulen en la capital, sin importar el engomado.
Primero que nada, hay que recordar que en días previos a las vacaciones de Semana Santa, el nivel de ozono llegó a 200 Imecas, cuando el mínimo aceptable es por debajo de 100.
Sin embargo, la forma en que se tomó la decisión y la manera de anunciarla ha generado un enorme malestar.
Diversos sectores han reaccionado en contra, pues existe información de que la prohibición del HNC no soluciona el problema.
Destaco dos fuentes de datos. El multicitado estudio de 2008 de Lucas Davis, de la Universidad de California en Berkeley, cuyos datos muestran que el primer HNC implementado en 1989 no mejoró la calidad del aire entre semana (de hecho, empeoró los fines de semana). Por otro lado, un estudio del Centro Mario Molina de 2014 dice que el HNC es exitoso para enfrentar contingencias ambientales atmosféricas y promueve la renovación de la flota vehicular, sin embargo, con el tiempo, los ciudadanos evitan la restricción adquiriendo otro vehículo, además de que el programa es limitado porque no se aplica en toda la Zona Metropolitana del Valle de México.
La gran paradoja es que, mientras que el 78% de la contaminación la generan los coches, las alternativas que tienen sus propietarios frente a esta decisión son muy pocas.
En estos días hemos escuchado declaraciones de investigadores universitarios que señalan que “sólo crecerá el parque vehicular porque la gente hará un esfuerzo para adquirir un auto más…”, y que se trata de “una decisión cortoplacista que, a la larga, traerá consecuencias negativas…”.
Este tipo de declaraciones están sustentadas en el hecho de que tenemos un transporte público inseguro, ineficiente y lento. Más aun, nadie va a bajarse de su coche para subirse a una bicicleta e ir junto a un camión que avienta grandes cantidades de veneno por el escape.
Frente a esta realidad, la estrategia de endurecer el HNC es parcial y reactiva. Con estas restricciones las personas no van a usar más transporte colectivo, pero sí usarán más taxis y, eventualmente, comprarán más coches y gastarán más gasolina. Las prioridades de política pública están mal asignadas.
Creo que todos estamos de acuerdo en el objetivo a alcanzar: mejorar la calidad del aire en la ciudad para evitar daños a la salud. En lo que no hay acuerdo es en la forma de lograrlo y, menos aún, en la forma en que la autoridad toma y comunica sus decisiones. De ahí que el enojo de la ciudadanía, en principio de aquellos que manejan los 5.5 millones de coches que a diario circulan en la CDMX, es más que justificable.
Además, debe alertarnos que este descontento brote cada vez de forma más recurrente. Existe una distancia que se acentúa entre la agenda de las autoridades y el sentir de la sociedad. Si bien es cierto que hay decisiones impopulares que se deben tomar, las más recientes no han dado resultados, como fue el aumento del precio del boleto del Metro.
El “HNC para todos” podría ser una medida positiva si se observa como una parte de un plan integral, en acuerdo con los gobiernos de la Megalópolis, para resarcir daños ambientales y dotar a la ciudad de movilidad. Recordemos que hoy una persona en la capital invierte, en promedio, 3.5 horas al día en traslados, lo cual aumenta su probabilidad de padecer enfermedades del corazón, diabetes y cáncer. Además, el tráfico genera una pérdida en productividad, equivalente a 55 mil millones de pesos al año.
Se requiere más y mejor transporte público para reducir el uso del automóvil. El gobierno no puede estar contento con su decisión porque, aunque sea justificada, los ciudadanos están insatisfechos.
