Intervención en tribuna del senador Isidro Pedraza Chávez, del Grupo Parlamentario del PRD, para argumentar en contra del Dictamen de la Comisión de Justicia por el que se pronuncia sobre la elegibilidad de los integrantes de la terna presentada por el Ejecutivo Federal para cubrir la vacante de Ministro de la SCJN.
Isidro Pedraza Chávez, (IPC): Gracias, Presidente.
Compañeros Senadores:
Creo que ha habido tensión de lo que se ha planteado y esto habla que poco a poco queremos madurar en el nivel del papel que desempeñamos en este Senado, aunque en la práctica se demuestre la renuncia voluntaria de las responsabilidades que tenemos para elegir con independencia las personas idóneas en los cargos que aquí se discuten.
Yo creo que una de las cuestiones básicas que estamos discutiendo aquí, tiene que ver con algunas opiniones que han dado personas que les voy a leer muy brevemente:
“El Presidente ha propuesto como candidato a la Suprema Corte a un general de la guerra contra el narcotráfico. En un régimen donde las amistades son más importantes que las trayectorias anticipa que muy probablemente se convertirá en ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ya que cuenta con los respaldos políticos necesarios para acceder a la Corte.
Y llamo al Senado a no cerrar los ojos a los efectos de la política que diseñó y ejecutó Eduardo Medina Mora al frente de la Procuraduría General de la República.
Califica como una insolencia histórica llevar a uno de los generales de esta sangrienta guerra al máximo tribunal del país”, es de Silva Gerson Márquez Jesús, quien cuestionó: “¿Un homenaje a la Guerra?” en un texto publicado en el Reforma el 9 de marzo. No es una opinión mía es la opinión de alguien en cuestión a eso.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación tiene entre sus responsabilidades mantener el orden establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; mantener el equilibrio entre los distintos poderes y ámbitos del gobierno, a través de las resoluciones judiciales que emite.
Además de solucionar de manera definitiva asuntos que son de gran importancia para la sociedad, en virtud, y toda vez, que imparte justicia en el más alto nivel, es decir en el constitucional.
No existe en nuestro país autoridad que se encuentre por encima de ella o recurso legal que pueda ejercerse en contra de su resolución.
“Las funciones del Estado tradicionalmente se han distinguido entre sí de acuerdo con la concepción clásica de la rendición de poderes. Con mayor precisión división de funciones según la cual los órganos Legislativo, Ejecutivo y Judicial realizan las funciones de producción de normas jurídica, la ejecución de tales normas y de solución de controversias, respectivamente”, ésta es una idea que tuvo destellos en el pensamiento de Aristóteles y delineada con tonos precisos por Carlos Louis de Secondat, Barón de Montesquieu.
En este sentido, la Suprema Corte de Justicia de la Nación requiere no solamente estar integrada por los mejores perfiles en materia del conocimiento del derecho, sino además con mexicanas y mexicanos que puedan abordar a la construcción de un marco normativo que mantenga vigente el estado de derecho acorde con la sociedad.
Requiere de hombres y mujeres de estrado con gran calidad moral, honestidad, independencia y parcialidad conscientes de su gran responsabilidad ante la nación.
Voy a hacerles el comentario de lo que la ministra Olga Sánchez Cordero, en 20011, expresaba para decidir a los jueces.
“Debemos prescindir de los jueces que para dictar resoluciones se dejan arrastrar y presionar por los sectores políticos, económicos o sociales. De aquellos que no tienen el valor de dictar una resolución conforme los dispone la ley y su consciencia. Hay que rechazar a los jueces que ven en la función judicial la única manera para garantizar su futuro económico, quitando la importancia del estudio del derecho y la trascendencia de su actuación tiene ante la sociedad.
Debemos prescindir de esta clase de jueces burocratizados sin amor al trabajo, carentes de criterio. Hay que eliminar a los jueces que poniendo por encima de su dignidad cualquier suma de dinero o regalos se apartan del recto juicio y ponen precio a la justicia pasando por encima de la legalidad, la justicia y de la verdad, corrompiendo no solo a su personal, sino en general a sus colegas y al ser humano en general”.
Voy a pedir que me permitan tiempo, ya soy el último en hablar.
“Debemos renegar al juez que se aparte voluntariamente del sentido de la justicia avariciando a alguna de las partes favoreciendo de algún modo al buscar ciertos beneficios para sí mismo o para la parte o hacia la que se inclina.
Hay que evitar al juez de criterio cerrado que se casa con una ideología, con una corriente de pensamiento, o con una barra o un sector comprometiendo sus sentencias sin la libertad de pensamiento y la apertura que debe revertir.
Pero sobre todo hay que evitar al juez hipócrita que aparentando un incorruptible respeto del derecho elude todo compromiso con la justicia y con el espíritu de la ley”.
En fin debemos evitar a los jueces que ponen el compromiso de mejorar conscientemente este país, a sus instituciones y la sociedad en general.
Compañeros, vale la pena realmente darle a la Corte los perfiles que el México y el país de hoy está reclamando. No podemos trasladar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación el escenario de ingobernabilidad, de falta de criterio y de crisis que empezó con el respeto a los derechos humanos que empezó precisamente con quien hoy pretenden llevar como ministro de esta Corte.
Por eso hay que mantener esta Corte a salvo de este tipo de circunstancias y mantener la poca credibilidad que aún le queda.
Si es verdad que México atravesamos esta crisis, creo que Medina Mora entre muchas cosas que han dicho es un enemigo de la transparencia y de la rendición de cuentas.
Porque como procurador fue protagonista de la confrontación entre una institución pública que es el IFAI por ocultamiento de datos. Mantuvo una postura inflexible de negar información concerniente a la guerra contra el crimen organizado. Logró clasificar información de averiguaciones previas hasta para 2022, principalmente las concernientes a Genaro García Luna, el entonces secretario de Seguridad Pública. Desde el Cisen, la Secretaría de Seguridad Pública y la Procuraduría General de Justicia desestimó permanentemente la rendición de cuentas y el acceso a la información.
Por otro lado, todas las declaraciones patrimoniales de Eduardo Medina Mora están restringidas.
Yo los llamó a que en este dictamen de idoneidad que se está discutiendo, veamos que hay una gran incongruencia en lo que se ha presentado aquí.
Voy a permitirme entregarle al presidente de la Mesa Directiva, para que lo integre en la orden de los debates los requisitos de elegibilidad que establece la Constitución, una definición del diccionario jurídico de la UNAM, acerca de la honorabilidad y la buena reputación y una definición que tiene que ver también con la idoneidad con el cargo, que voy a entregar a el presidente de la Mesa Directiva para que pueda hacer sus medidas en ese sentido al proyecto de discusión de este dictamen que hoy se dicta.
Por falta de tiempo no las hago antes ustedes. Gracias compañeros.
