Definitivamente no. Por lo menos, no los esperados. La reforma constitucional en materia educativa tuvo como objetivo atender uno de los problemas más graves que enfrenta nuestro país y, lejos de revertir los indicadores, hoy sigue siendo cierto que por muchas décadas ha sido conocido por todos: el sistema educativo en México no funciona.
De acuerdo con datos de Mexicanos Primero, de cada 100 alumnos que ingresan a la primaria, sólo 64 logran concluirla y solamente 10 alcanzan a terminar su educación profesional. Pero aunado a los altos índices de deserción, que pueden explicarse por motivos económicos y sociales, está el tema de la calidad de la educación.
Las mediciones estandarizadas de las pruebas PISA, de la OCDE, y ENLACE, de la SEP (aplicada hasta 2013), demuestran que los maestros no son capaces de enseñar a aprender, ni los estudiantes de aprender a aprender. Año con año, calificamos con niveles de insuficiencia en prácticamente todos los indicadores y la brecha que nos comprar con los miembros de la OCDE se hace cada vez más difícil de acortar.
La urgencia por mejorar la educación del país no es menor, pues además de las evidentes consecuencias sociales y económicas de un sistema que lleva el rumbo equivocado, están las circunstancias políticas que lo complicarían aún más.
La reforma educativa de 2013 no cuenta con el respaldo de una gran parte del personal docente, y a más de dos años su entrada en vigor, el Gobierno no ha logrado hacerla realidad. La presión generada por los sindicatos constituye ahora el primer obstáculo a enfrentar por el gobierno federal, sin embargo, esta presión estuvo presente desde el primer momento de presentada la reforma, y aun así estuvieron dispuestos a aprobarla en sus términos.
Es sumamente preocupante que no contemos con un solo avance en esta materia, en donde los más afectados son los niños, niñas y adolescentes que día a día siguen sin recibir la educación que se merecen.
