El Gobierno federal debe velar por que la asignación de los recursos del agua y las inversiones faciliten el acceso al agua a todos los sectores de la sociedad, sostuvo el senador Benjamín Robles Montoya.
Al presentar una iniciativa para modificar la Ley de Aguas Nacionales el legislador del Grupo Parlamentario del PRD sostuvo que por ello las comunidades indígenas deben ser consultadas por el Gobierno federal antes de decretar el establecimiento de zonas reglamentadas, de veda o de reserva de agua en sus territorios.
Y es que, expuso Robles Montoya, las comunidades indígenas constantemente son objeto de discriminación y sus territorios son objeto de veda de los mantos acuíferos, “a pesar de ser ellos quienes de manera organizada realizan acciones instrumentadas para no perder el vital líquido”.
“Un ejemplo de esto son las comunidades indígenas de los Valles Centrales de Oaxaca quienes han asumido el compromiso de seguir implementando obras de recarga de agua a los mantos del subsuelo con lo que han logrado reabastecerlos”, agregó.
Al justificar su propuesta, el senador por Oaxaca recordó que “el agua es un bien público fundamental para la vida y para la salud, y el derecho humano al agua es indispensable para vivir dignamente y es también condición para la realización de otros derechos humanos”.
En ese sentido, el derecho humano al agua debe entenderse como la disposición suficiente de agua salubre, aceptable, accesible y asequible para todos, incluso para los sectores más vulnerables y más marginados de la población, agregó.
Benjamín Robles añadió que las transformaciones no deben ser en beneficio solamente de una fracción privilegiada de la población sino que deben redundar en beneficio de un sector mucho más amplio.
Sin embargo, lamentó que no todas las personas desafortunadamente en el territorio nacional tienen acceso a este vital líquido, particularmente las comunidades indígenas.
“Hay una política del Estado que debiese sentar la bases para una tutela efectiva del acceso al agua que garantice el desarrollo y el bienestar de la sociedad en su conjunto”, sostuvo.
Finalmente, la iniciativa también propone establecer un trato de excepción al momento de declarar zonas de veda a las comunidades que realicen obras y actividades que contribuyan efectivamente y de forma constante en la protección, mejoramiento, protección y restauración de las cuencas hidrológicas.
La iniciativa fue turnada a las comisiones de Recursos Hidráulicos y Estudios Legislativos Primera.
