Más de 6 mil 600 ahorradores fueron afectados por la empresa que sólo fue intervenida el 7 de noviembre de 2014, bajo la acusación de ocultar operaciones a la autoridad supervisora y bajo sospecha de lavado de dinero.
Frente al desafío que representó el quebranto y el fraude a miles de personas, el Congreso de la Unión se dio a la tarea de atender las demandas mediante dos vías:
1. Reintregrar la totalidad de sus ahorros a la mayor cantidad posible de personas y mitigar la situación del resto de los ahorradores, buscando reducir al mínimo el impacto para las finanzas públicas.
2. Modificar el marco normativo para disminuir la posibilidad de que se presenten fraudes similares en las Sociedades Financieras Populares (Sofipos).
En el primer caso, el grupo de trabajo de diputados y senadores creado para el caso propuso la creación de un Fondo de Apoyo con recursos públicos que ascenderá a mil 600 millones de pesos y cubrirá a 80 por ciento del total de las personas físicas afectadas (5 mil 319 ahorradores de sumas menores a un millón de pesos), a fin de que recuperen hasta el 100 por ciento de sus ahorros.
Este Fondo de Apoyo, que comenzará a pagar en mayo, no constituye un rescate. Se trata de un instrumento que permitirá adelantar los recursos de liquidación en beneficio de los ahorradores más pequeños, quienes ceden los derechos de cobro para que se puedan recuperar los recursos.
Los ahorradores que no participen en el Fondo de Apoyo por tener ahorros superiores a un millón de pesos tendrán la opción de un crédito de Nacional Financiera, institución que dispondrá de mil millones de pesos, con el respaldo de la cartera de créditos de Leadman Trade (empresa relacionada con Ficrea), que se repartirán proporcionalmente entre los ahorradores. Además, conservan sus derechos de ir a Concurso Mercantil, con asesoría de la SHCP, para que en cuanto se resuelva el concurso puedan recuperar sus ahorros.
Las modificaciones legales encaminadas a evitar fraudes parecidos busca:
– Limitar los saldos de ahorro permitidos en el sector hasta un millón de pesos para personas físicas y 5 millones de pesos para personas morales. No será posible que los ahorradores vuelvan a invertir sumas millonarias en una institución con otro tipo de objetivos.
– Fortalecer el gobierno corporativo de los intermediarios.
–Establecer regulación prudencial diferenciada en función del riesgo de las instituciones.
– En el caso de las Sociedades Financieras Comunitarias, dado que sólo existe una, pasará a ser Sofipo.
– Fortalecer los mecanismos de supervisión para fomentar el sano desarrollo del sector. No se permitirá que la supervisión auxiliar de las Sofipos la realicen ellas mismas a través de sus federaciones, puesto que ello representa un claro conflicto de interés.
– Establecer que el seguro de depósito para ahorradores del sector de ahorro y crédito popular sea administrado por un fideicomiso público controlado por el Estado y más tarde por el IPAB.
– Fortalecer las facultades de las autoridades financieras, como la CNBV. Establecer la posibilidad de suspender o limitar de manera parcial la celebración de operaciones activas, pasivas y de servicios de las entidades.
–Dar acceso a la información de personas relacionadas, aunque no sean supervisadas por la CNBV, si realizan operaciones con las entidades.
– La CNBV será la única responsable de la supervisión de las Sofipos, mientras que en el caso de las cooperativas se continuará apoyando para la supervisión, ahora bajo la nueva denominación de Sociedad de Supervisión Auxiliar.
– El Fondo de Ahorro Popular será administrado en el Banco de Ahorro Nacional y Servicios Financieros (Bansefi), que se hará cargo del seguro de depósito de Sofipos. Bansefi será el fiduciario de dicho fondo, que contará con recursos autorizados por el Congreso para su operación.
Lo más importante de este conjunto de medidas es que no se reproduce el modelo del Fobaproa, porque no se trata de un rescate a fondo perdido, pues el gobierno recibirá la cesión de los derechos de cobro de los ahorradores para convertirse en acreedor de Ficrea.
Tampoco se trata de socializar las pérdidas para beneficiar a los grandes, como ocurrió con el Fobaproa. Se busca apoyar a los pequeños ahorradores, desfalcados por un grupo de financieros abusivos que se dedicaron a timar, con la complacencia de la autoridad.
