El senador Raúl Morón Orozco solicitó a los poderes Ejecutivo y Judicial; a la Procuraduría General de la República y a la Comisión Nacional de Derechos Humanos la liberación inmediata del Doctor José Manuel Mireles y de los integrantes de las autodefensas a quienes les han sido violados sus derechos procesales.
Mediante un punto de acuerdo presentado al Senado de la República, el representante por el estado de Michoacán recordó que en 2013, debido a las condiciones de inseguridad en la entidad, surgieron los grupos de autodefensas en contra del crimen organizado.
“México vivía, y sigue viviendo ya en otra fase, una profunda fractura en todos los órdenes de su estructura social, económica y política: una resquebrajadura que se registra en los miles de muertos y desaparecidos de los últimos años”, mencionó
Señaló que estos grupos fueron un movimiento que respondió desesperadamente a esa crisis y se enfilaban a ser elementos importantes en el debilitamiento del crimen organizado y precursores de la reconfiguración del Estado mexicano.
Morón Orozco informó que en enero de 2014 el Gobierno federal y las autodefensas firmaron el acuerdo de Tepalcatepec, a través de la Comisión para la Seguridad y el Desarrollo integral de Michoacán, en el cual los grupos de autodefensas se comprometieron a incorporarse a los Cuerpos de Defensa Rurales.
“Es claro que el movimiento de autodefensas fue un llamado al Estado de derecho y al restablecimiento de las condiciones ‘normales’ de vida en Michoacán, sin embargo, lejos de que el Gobierno federal actuara ante esto, se hizo evidente la instrumentalización y la cooptación del movimiento”, apuntó.
El michoacano aseveró que fue así como se persiguieron y detuvieron a integrantes de las Autodefensas, “entre ellos a uno de sus líderes más visibles, el Dr. José Manuel Mireles, detenido el 27 de junio de 2014”.
No obstante, agregó el legislador, las acciones penales ejercidas en contra de Mireles y otros integrantes de los grupos de autodefensas fueron manipuladas, ineficaces jurídicamente, y a la vista son improcedentes legalmente.
En este sentido, el senador del PRD destacó que a José Manuel Mireles y demás integrantes del movimiento se les han violado sus derechos procesales al vulnerar la igualdad de medios entre la acusación y la defensa.
“Se han suscitado graves cuestiones sobre la posible intimidación y la fiabilidad en los testimonios de las personas que deponen en su contra; así como también es violatoria la forma de obtención de pruebas en las que se sustentaron las acusaciones”, explicó
Raúl Morón afirmó que el Estado no cumplió con su obligación de garantizar que el fiscal ejerciera sus funciones sin intimidación, hostigamiento, injerencias indebidas o riesgo injustificado de incurrir en responsabilidad penal o de otra índole al obligarlo a ejercitar acción penal.
Por ello, exigió que se resuelva la situación jurídica de los integrantes de las autodefensas a los que fueron violados sus derechos tanto humanos como procesales y que se respete plenamente su derecho de debido proceso, de tutela judicial efectiva, de acceso a la justicia, de presunción de inocencia.
El punto de acuerdo fue turnado a la Comisión de Justicia para su análisis y posterior dictamen.
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