ERUVIEL ÁVILA, GOBERNADOR DEL ESTADO DE MÉXICO, DIVIDE LA SECRETARÍA DE TRANSPORTES EN SIETE DEPENDENCIAS PARA OBSTACULIZAR LOS PROCESOS DE ACCESO A LA INFORMACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS: ENCINAS RODRÍGUEZ
El Senador Alejandro Encinas Rodríguez, señala que el gobernador del Estado de México, Eruviel Ávila, debe explicar los motivos que lo llevaron a dividir la Secretaría de Transportes, en siete dependencias, cuyas funciones se duplican en la mayoría de los casos y se obstaculiza la posibilidad de que la ciudadanía tenga acceso a la información pública.
El legislador por el Estado de México advierte que de acuerdo con el Índice del Derecho de Acceso a la Información en México, elaborado por el Centro de Investigación y Análisis Fundar, las leyes de transparencia en la entidad arrojan una calificación del 5.1, es decir, una de las peores calificaciones, sólo superado por Hidalgo con 4.5 puntos. Además, menciona el Senador Encinas, los rubros en los que se obtiene cero de calificación son precisamente los relacionados con: la publicación proactiva de toda la información de interés público, la documentación de todo acto que derive de ejercicio de las facultades de las dependencias y servidores públicos; y sobre todo, no se establece explícitamente cuáles dependencias tienen asignadas qué tareas de clasificación de información; lo que convierte en un vía crucis la solicitud de cualquier información.
Para el legislador, esta desaparición de la Secretaría de Transportes realizada en diciembre de 2014 y la creación, en su lugar de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Metropolitano, la Secretaría de Movilidad, la Secretaría de Comunicaciones, el Sistema de Autopistas, Aeropuertos, Servicios Conexos y Auxiliares; el Sistema de Transporte Masivo y Teleférico, y la Junta de Caminos del Estado de México; es una estrategia turbia que coincide con la corrupción detectada para elevar los precios de un tramo del Viaducto Bicentenario entre los ejecutivos de OHL y el secretario de Comunicaciones, Apolinar Mena Vargas.
Asimismo, este hecho abre la pauta para que la administración de Ávila “guarde”, o le ponga un candado, de manera discrecional e ilegal, la información que disponía la Secretaría de Transportes, ahora extinta, y con ello todos los archivos de los proyectos y contratos de infraestructura de comunicaciones y transportes, incluyendo los del gobierno de Enrique Peña Nieto.
El Senador Encinas hizo hincapié en la urgencia de solicitar la intervención de las autoridades competentes en esta materia, así como de la Auditoría Superior de la Federación, de la Secretaría de la Función Pública, del Congreso local para garantizar el derecho al acceso a la información de todos los ciudadanos y la rendición de cuentas de estas siete dependencias.
