· Las únicas respuestas que se han conocido de parte de las autoridades son presencias físicas masivas, que se anuncian como instrumentos de disuasión de la actividad criminal; están durante unos días y después se van, y el tejido social no cambia.
· Hemos escuchado de detenciones de líderes o de actores intermedios, pero si la presencia continua, pues no importa cómo se llamen o no importa si son de tal o cual banda, me parece que esa es tal vez la cuestión menor.
· No solamente en ese lugar, ahora en Acapulco, en Chilpancingo, y esto no es una cuestión de semanas o de meses, es algo que ya lleva de manera estructural enraizada, en enormes regiones del Estado de Guerrero.
· Dos puntos de quiebre de la credibilidad de la actividad de gobierno en este país lo representan tanto los casos que hemos comentado de Iguala – Ayotzinapa, y Tlatlaya, en ese sentido desapariciones y tortura son ejemplos muy puntuales en estos dos casos.
· Si queremos corregirlo pues hay que escuchar las voces que han estudiado a fondo esto y que también tienen referentes de cómo se ha podido solucionar, o por lo menos involucrar propuestas de solución en otros contextos internacionales.
Armando Ríos Piter: …posiblemente la forma en la que se hizo la declaración; la información siempre ha estado alrededor de que fueron policías quienes detuvieron a los jóvenes y que después los entregaron a miembros de la banda criminal conocida como Guerreros Unidos.
No sé si hay información de otra naturaleza, creo que si la hubiera sería pertinente que se revisara. Puede ser el propio contexto de la declaración, ya pues entre policías y Guerreros Unidos no hay una gran diferencia conforme a la investigación que hemos venido conociendo desde hace ya más de un año.
Lo que sí, es que cuando uno platica con la gente de Iguala, es que las cosas no han cambiado en lo más mínimo; que sigue una fuerte presencia criminal, que hay todavía una fuerte, fuerte ausencia del Estado de Derecho, y donde las únicas respuestas que se han conocido de parte de las autoridades, pues son presencias físicas masivas, que llegan y como llegan, se van, que se anuncian como instrumentos de disuasión de la actividad criminal; están durante unos días y después se van, y obviamente el tejido social, el involucramiento de la actividad criminal cobrando piso, lastimando la actividad cotidiana de los ciudadanos, no cambia.
Entonces, esto a más de un año de los hechos del 26 de septiembre, pues es la principal crítica que nosotros hemos venido haciendo; el Estado mexicano jamás quiso –o jamás ha querido- que cambien las cosas en Iguala ni en Guerrero.
Pregunta. Sí, lo que él dice es esto, que lo que quiere que se castigue a Guerreros Unidos que hasta ahora están intocados.
ARP. Bueno, es una banda criminal de las varias que operan en Guerrero, que siguen teniendo una importante presencia. Hemos escuchado de detenciones de líderes o de actores intermedios, pero si la presencia continua, pues no importa cómo se llamen o no importa si son de tal o cual banda, me parece que esa es tal vez la cuestión menor, si hoy sigue presente Guerreros Unidos, o hay otras bandas incluso que se estén disputando el territorio, pues lo importante es destacar que están por encima del propio Estado de Derecho y las autoridades.
Sigue predominando el cobro de piso, las extorsiones, las muertes violentas, los secuestros y ésa es la realidad que hay que destacar. Entonces yo respaldo el comentario, en este caso de Vidulfo, de que nada ha cambiado, y de que la operación en este caso de Guerreros Unidos, pues sigue intacta.
Pregunta. ¿Usted tiene información de que las condiciones en Cocula, en Iguala siguen igual?
ARP. Bueno, cuando uno platica con la gente, con los ciudadanos y las ciudadanas de Iguala, de la región, pues es el comentario continuo. No solamente en ese lugar, ahora en Acapulco, en Chilpancingo, y esto no es una cuestión de semanas o de meses, es algo que ya lleva de manera estructural enraizada, en enormes regiones del Estado de Guerrero, y por lo cual, pues van y vienen declaraciones del secretario de Gobernación, van más de 29 operativos que son solamente declaraciones al vuelo; pareciera ser que son las formas de contestar de bote pronto, sobre las rodillas que tiene la autoridad de gobierno frente a una condición crítica que no logra entender, que no logra resolver, o que le interesa mantener.
Pregunta. ¿El trasiego y la producción de droga siguen?
ARP. Pues la producción de goma de opio en la sierra se ha extendido. Hay indicios de que en la Tierra Caliente ha incrementado el número de hectáreas ahora en Coyuca de Catalán, en San Miguel Totolapan, zonas que están plenamente en disputa, y que encuentran en lugares como Iguala, lugares de acopio, recolección y que hacen que estas bandas –sea repito, Guerreros Unidos o las que se estén disputando ese territorio- pues luchen ferozmente por mantenerlo, puesto que de ahí existen importantes rutas de comunicación con la parte centro del país, que permiten que la cadena de valor agregado se vaya incrementando en el tráfico de ese estupefaciente.
Entonces, si el Estado mexicano no se mete de lleno y de fondo a hacer un cambio radical en la forma en la que está atendiendo este problema, pues jamás nada va a cambiar, podrá haber otros actores, podrá haber nuevos liderazgos, podrá haber otros sicarios, podrán detener a cientos o a miles de personas, pero si la condición económica-social se mantiene intacta, igual, y la autoridad simple y sencillamente responde con presencia física que después se va, pues el tejido socioeconómico jamás se va a modificar, y las condiciones de violencia no van a cambiar.
Por eso es importante tomar medidas extremas, extremas en muchos sentidos; hay que revisar con seriedad el tema de legalizar la goma de opio para uso medicinal –lo pongo como uno de los temas que hoy están en debate en Guerrero- lo puso a consideración el gobernador recientemente. Pues me parece que ese, junto con muchos otros elementos, otros que tienen que ver con importantes inversiones sociales, otros que tienen que ver con generar fuentes de empleo, otros que tienen que ver con fortalecer a la autoridad, a la autoridad en materia de procuración, en materia de seguridad, en materia de impartición de justicia, pues es la cantaleta que por lo pronto yo llevo desde hace ya más de año y medio. Pero pues es lo que el gobierno federal no logra entender o escuchar.
Pregunta. Senador por otra parte, este planteamiento que hizo la senadora De la Peña, en el sentido de que van a invitar a los integrantes del GIEI a que participen en el dictamen de la ley de Desaparición Forzada y de Tortura, y también al relator de la ONU sobre tortura, al que no quieren dejar venir.
ARP. Yo creo que sería muy sano; sería muy sano. Yo creo que dos puntos de quiebre de la credibilidad de la actividad de gobierno en este país lo representan tanto los casos que hemos comentado de Iguala y la desaparición de los jóvenes de Ayotzinapa, y Tlatlaya, en ese sentido desapariciones y tortura son ejemplos muy puntuales en estos dos casos, pero que demuestran condiciones estructurales.
Si Guerrero y el caso de la desaparición de los jóvenes de Iguala lo entendemos como un de caso, que ha revisado de manera profunda el GIEI, pues posiblemente podemos entender cómo la corrupción pues ha cimbrado las estructuras de gobierno en lugares como Veracruz, donde son policías quienes entregan a jóvenes, en el caso de Tierra Blanca o en el caso de Papantla, a actores del crimen, y donde las autoridades de todos los órdenes de gobierno, saben que esto estructuralmente funciona.
Entonces, si queremos corregirlo pues hay que escuchar las voces que han estudiado a fondo esto y que también tienen referentes de cómo se ha podido solucionar, o por lo menos involucrar propuestas de solución en otros contextos internacionales.
Gracias.
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