El senador Fernando Mayans Canabal aseguró que no se va a permitir ninguna privatización en materia de agua y para ello se hará un análisis profundo y las adecuaciones necesarias a la minuta enviada por Cámara de Diputados sobre la Ley General de Aguas.
En este sentido, el legislador por Tabasco señaló que la ley debe considerar ejes transversales con el Sistema Nacional Anticorrupción, la salud, la planeación territorial, el desarrollo metropolitano, el cambio climático, la gobernanza del agua y la participación pública.
“En el dictamen que se hizo en San Lázaro nada más había un artículo que hablaba de la participación ciudadana; y obviamente se hace a un lado a los representantes populares”, mencionó.
En el marco del Panel de Reflexión: Hacia una nueva Ley General de Aguas, organizado por la Comisión de Recursos Hidráulicos, el senador del PRD resaltó que el Estado está obligado a garantizar el derecho al acceso y uso equitativo y sustentable de los recursos hídricos.
No obstante, en el dictamen aprobado en Diputados se contempla garantizar el acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal en el requerimiento mínimo, es decir 50 ml al día.
El tabasqueño aseguró que la falta de agua o su mala calidad pueden causar enfermedades graves gastrointestinales, glaucoma, o hasta cáncer, según la Organización Mundial de la Salud.
Mayans Canabal enfatizó que para construir una buena ley que permita cumplir con las obligaciones del Estado en esta materia es importante no sólo contemplar la participación ciudadana, sino también regular la participación del Congreso de la Unión en toda la Ley General del Aguas.
También propuso que desde el Gobierno federal, estados y municipios se impulse la cultura del cuidado al agua a través de programas de políticas públicas.
“Hoy en día, debemos generar una cultura respecto del manejo del agua y evitar con la creación de la Ley General de Aguas que la contaminación de los ríos continúe”, dijo.
Además resaltó que uno de los problemas identificados actualmente es que la mayoría de los organismos operadores de sistemas de agua para el servicio público son ineficientes y opacos.
“Funcionan con criterios políticos y clientelares, no están debidamente profesionalizados, dependen de cuantiosos subsidios, y no están constituidos como empresas públicas sujetas a reglas claras, fiscales y transparentes, por lo que la administración y operación del agua es ineficiente”, detalló.
Finalmente, Fernando Mayans reiteró que el Estado mexicano debe garantizar el legítimo derecho humano al agua potable para cada ciudadano, que no se privatice el vital líquido y se asegure que las autoridades cumplan cabalmente con su deber, regularizando a los organismos administradores del agua.
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