Recaptura del Chapo
Joaquín Guzmán Loera debe ser sentenciado y declarado culpable en México. Una vez que han transcurrido los primeros días posteriores a su detención, surgen los primeros hechos de una cadena de acontecimientos desconocidos sobre los vínculos de este delincuente con actores y productores de televisión y cine. Pronto se conocerá más al respecto, todo será importante, pero lo que realmente nos debe interesar consiste en conocer los vínculos que un hombre tan poderoso como Guzmán Loera ha creado a su alrededor.
Surge una pregunta: ¿acaso alguien puede pensar que al final de cada día Joaquín Guzmán Loera se sienta a contar y después entierra las enormes sumas de dinero que consigue por su criminal negocio? Lo que deben conocer las autoridades es la conformación de su organización criminal, la cual no solamente está integrada por sus sicarios, sino por sus negocios, sus agentes financieros, sus socios y todas las relaciones que lo convirtieron en uno de los hombres más poderosos del mundo.
En México y en varios países, Joaquín Guzmán Loera ha violado la ley, por tanto, resulta pertinente su procesamiento en cada uno de éstos, pero su organización criminal la opera en este país.
La captura de este capo debe tener como consecuencia el desmantelamiento y destrucción de su organización criminal; para ello, se deben conocer las relaciones de complicidad que le permitieron su ascenso delincuencial, mediante relaciones, sin duda, con segmentos del poder público y del poder económico del país. Sólo así se puede entender las dimensiones de su poder.
Llevadas a cabo las dos capturas previas, lo que siguió fue el silencio, nunca se supo qué había declarado Joaquín Guzmán Loera; se le permitió desde el penal en donde estaba recluido seguir manejando su organización criminal. No puede repetirse esta circunstancia.
Debe existir un procesamiento público de Joaquín Guzmán que lleve a los tribunales que lo juzguen a imponerle una sentencia condenatoria con la pena máxima y que producto de ese procesamiento se conozcan sus vínculos y la red de complicidades que lo han protegido, incluyendo quiénes le permitieron sus dos fugas.
Reconociendo el deterioro del sistema policial, del penitenciario y del de inteligencia en México, hacer procedente una extradición pronta de Guzmán Loera, sin que antes sea juzgado y sentenciado en nuestro país, significa permitirle crear una estrategia para conseguir algún día su liberación y cancelar la posibilidad de conocer sus vínculos y complicidades.
Sabemos que es muy complicado mantener la detención de un criminal de tal peligrosidad, el nivel de amenaza y de corrupción que puede generar en el lugar donde llegue. Sin embargo, debe reiterarse la pertinencia de que este delincuente sea juzgado por tribunales mexicanos y que su condena la cumpla en penales nacionales.
El Estado mexicano debe de acreditar que es un Estado fuerte, que tiene instituciones capaces de hacer cumplir la ley, no negamos que tenga cuentas que rendir a tribunales de otro país, pero primero que las rinda por los delitos cometidos en nuestra nación, a leyes mexicanas. Nuevamente el Estado está a prueba.
La detención de Joaquín Guzmán no significa que la seguridad esté bien, continúan pendientes las reformas de seguridad pública, que incluyen cambios sustanciales al sistema policial mexicano a escala federal, estatal y municipal; al sistema penitenciario, de cuyas instalaciones en dos ocasiones se ha fugado el hoy capturado; así como las reformas al Sistema de Seguridad Nacional, porque hay que recordar quién o quiénes encabezaron la detención: elementos de la Marina y el Ejército, los cuales carecen de un marco legal para actuar en este tipo de acciones.
En suma, a la brevedad deben reformarse estos tres sistemas: policial, en sus tres órdenes; penitenciario; y de seguridad nacional, para dotar del marco legal al Ejército y a la Marina.
Esta detención fue una acción de las fuerzas del orden del Estado mexicano que hay que reconocer y decirlo con claridad, pero no significa que las cosas estén funcionando bien o que no haya que hacer las reformas necesarias en la materia.
Queremos saber hasta qué nivel del servicio público estaba involucrado para permitir su evasión. Que diga por qué estaba en Sinaloa, quiénes le permitían su estancia en ese lugar en el momento y durante el tiempo de su fuga.
La recaptura no significa olvidar ni hacer a un lado que se evadió, hay que saber perfectamente quiénes estuvieron involucrados. Hay que hacer un reconocimiento, pero también deben concretarse las reformas legales que acrediten que el Estado mexicano es firme, fuerte y con instituciones sólidas.
@MBarbosaMX
Coordinador parlamentario del PRD en el
Senado de la República.
