Intervención en tribuna del senador Alejandro Encinas Rodríguez, del Grupo Parlamentario del PRD, para presentar a nombre de la Comisión de Estudios Legislativos, Segunda, el dictamen con proyecto de dictamen en relación a las observaciones del Ejecutivo Federal a la Ley General de Responsabilidades Administrativas.
Alejandro Encinas Rodríguez, (AER): Muchas gracias, presidente.
Bueno, yo no quisiera reiterar lo que ya, tanto la senadora Pilar Ortega como el senador Pablo Escudero han dicho aquí respecto al debate que se dio en las comisiones unidas que terminó aprobando por mayoría el veto que el Presidente de la República emitió sobre el artículo 32 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos.
Yo más bien quisiera compartir con ustedes una reflexión en torno a un debate que empezó en el mes de septiembre de 2012 cuando se presentaron las primeras iniciativas de todos los grupos parlamentarios para establecer una reforma Constitucional a fin de crear el Sistema Nacional Anticorrupción; y que no llevó poco más de dos años esa discusión, la cual finalmente terminó con la promulgación de la reforma en mayo de 2015.
A partir de esa fecha iniciamos una segunda etapa de discusiones que dieron fruto en la presentación de muy diversas iniciativas de los distintos grupos parlamentarios, tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados, que nos llevó a reformar en este momento 7 leyes para crear el Sistema Nacional Anticorrupción, y hacer las modificaciones correspondientes en leyes como la de Responsabilidades, o en su caso el Código Penal.
Lamentablemente esta segunda etapa la terminamos de muy mala manera, no sólo porque fue una discusión muy ríspida la que vivimos en los últimos meses respecto a este paquete de reformas, sino porque el veto presidencial ha puesto en evidencia la premura y la forma lamentable con que en ocasiones desahogamos los temas que corresponden al Poder Legislativo.
Hay que reconocer que efectivamente la reforma que en lo particular se aprobó en la madrugada, en donde discutimos el paquete anticorrupción, traía una redacción que permitía una interpretación muy amplia y discrecional, en donde efectivamente podrían generarse asuntos de interpretación y controversia constitucional, y que pudieran excederse en sus funciones las autoridades responsables del Sistema Nacional Anticorrupción.
Y asumiendo como tal esos errores, quiero también señalar que independientemente del veto del Ejecutivo federal, lo cierto es que a pesar de él prevalecen los dos diferendos sustantivos que hemos tenido a lo largo de este debate.
El primero referente al artículo 29 de la Ley de Responsabilidades respecto a la obligación de los servidores públicos de hacer pública –valga la redundancia- las declaraciones patrimonial, de interés y fiscal.
Y la segunda vinculada con el artículo 32, que es el objeto de este veto, vinculada con los instrumentos de control y verificación de los particulares beneficiarios de lo que son los contratos de obra o infraestructura pública, o los contratos de adquisiciones o la forma en que se asignan las concesiones de servicios públicos en nuestro país.
Yo quiero subrayar, por el debate que hemos tenido en las últimas semanas, que no se trata de una discusión en contra de los empresarios como se ha querido presentar.
Sí se trata de una discusión para establecer mecanismos de control y de sanción, para que aquel pequeño sector del empresariado de nuestro país que ha sido beneficiario, y de lo cual han derivado las enormes fortunas que los han convertido incluso, no sólo en los hombres más ricos de México, sino en algunos de los hombres más ricos del mundo, se han beneficiado justamente del tráfico de influencias de las asignación de obras y contratos de manera directa sin ninguna licitación, o de manera discrecional de concesiones del espacio radioeléctrico de las telecomunicaciones en nuestro país.
Y creo que es urgente que iniciemos una tercera etapa de este proceso legislativo, para establecer con claridad los instrumentos que permitan combatir la otra cara de la corrupción, la cual no está solamente en los servidores públicos o en la administración pública, porque la corrupción tiene dos caras de la misma moneda.
Una, la de aquellos servidores públicos que se corrompen o se dejan corromper en el ejercicio de sus funciones, o la de los empresarios de la iniciativa privada que soborna, que corrompe o que incurre en materia de cohecho.
Creo que es urgente que avancemos en esa legislación, ya que independientemente de lo que ha señalado el senador Pablo Escudero donde efectivamente se toman previsiones en esta reformas respecto al soborno y el tráfico de influencias, todavía falta mucho para establecer los controles de los cuales tienen que ser sujetos los beneficiarios de los contratos de obras y adquisiciones de los distintos órdenes de gobierno.
Y no basta una promesa que ha hecho algún sector del Consejo Coordinador Empresarial, para emitir un código de ética -que ojalá se establezca y se cumpla-, pero los códigos de ética en el campo de la administración pública no tienen valor legal ni mecanismos de sanción a las actividades delictivas o las faltas administrativas que pudieran presentarse.
Y urge que en este país contemos con una legislación que regule la participación de las empresas en los asuntos públicos, en los asuntos particulares dentro y fuera del país.
Porque también fuera del país muchas empresas encubiertas, mediante mecanismos ilícitos, incurren en prácticas en demérito no solamente de la economía nacional y el pago de impuestos, sino en muchos casos del desvío de recursos públicos obtenidos en las obras y contratos que les otorgan los distintos órdenes de gobierno.
Y finalmente, creo que uno de los grandes méritos de este veto –quiero recalcarlo- es que el Ejecutivo demuestra que se pueden revisar las leyes, que las leyes no son de una vez y para siempre, y que se pueden reformar las reformas.
Qué bueno que pudiéramos hacer ya una revisión de la Reforma Educativa, y que el magisterio mexicano tuviera el mismo tratamiento que los empresarios del país.
Es el momento de reformar la reforma, de evaluar a los evaluadores y demostrar, con una actitud de responsabilidad política, que cuando una reforma no funciona, no se puede implementar como la reforma educativa, debe de cambiarse.
Y espero que esto sensibilice a todas las senadoras y los senadores que formamos esta Cámara.
Por su atención muchas gracias.
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