VERSIÓN ESTENOGRÁFICA DE LA INTERVENCIÓN EN TRIBUNA DE LA VICECOORDINADORA DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD EN EL SENADO, DOLORES PADIERNA LUNA PARA PRESENTAR PUNTO DE ACUERDO SOBRE LA DESAPARICIÓN FORZADA DE CINCO JÓVENES EN LA COMUNIDAD DE TIERRA BLANCA
Sen. Dolores Padierna Luna: Desde la fracción parlamentaria del PRD en este Senado de la República, condenamos la desaparición de Bernardo Benítez Arroniz, de José Benítez de la O, de Mario Arturo Orozco Sánchez, de Alfredo González Díaz, y de Susana Tapia Garibo, y le exigimos en su momento, a las autoridades del estado de Veracruz y de la Federación que hicieran todo lo necesario para localizarlos con vida y para sancionar a los servidores públicos y a los particulares que hubieren participado en esos terribles hechos.
Después de haber transcurrido casi dos meses de la desaparición forzada de esos jóvenes, la autoridad ministerial no ha logrado develar ni determinar la verdad sobre lo que sucedió ese día en Tierra Blanca, y tampoco ha logrado dar certeza a las familias sobre el paradero de sus hijos e hija.
Según ha dado a conocer la Fiscalía General del Estado en los medios de comunicación, probablemente alguno de los restos óseos localizados en la comunidad de “El Limón” municipio de Tlalixcoyan pudieran corresponder con la identidad de uno o dos de los jóvenes que fueron desaparecidos por elementos de la Policía Estatal de Veracruz; sin embargo, sus familiares aún desconfían de los resultados oficiales y por ello han pedido la intervención de especialistas independientes.
Las investigaciones de este trágico caso, se han conducido como muchas de las miles averiguaciones previas donde se reporta la desaparición de una persona, es decir, con total indolencia y con retrasos injustificados que hacen presumir la existencia de una red de protección hacia los grupos delincuenciales.
Por ello, desde esta tribuna exigimos a las autoridades estatales y federales que no sólo se investigue a los 7 u 8 policías que participaron directamente en los hechos denunciados, les pedimos que paralelamente se realice una investigación de fondo a los cuerpos policiales estatales y municipales, incluyendo a los titulares de las propias Secretarías de Seguridad pública en ambos niveles de gobierno, pues los señalamientos públicos y mediáticos que se han hecho refieren que varios grupos de la delincuencia organizada operan en el estado con la complacencia de las propias secretarías de seguridad pública así como de sus elementos policiales.
El día de ayer, se dio a conocer la declaración de un policía más que presuntamente participó en estos hechos y quien declaró que los cinco jóvenes fueron “entregados” a una fracción de un cártel de la delincuencia que opera en la entidad.
Además de la indignación que nos puede generar este hecho y estas declaraciones de los propios policías, la indignación y el coraje es mayor cuando escuchamos a las autoridades estatales y federales señalando públicamente y de una forma cruel y fría; que los cinco jóvenes fueron levantados, torturados, ejecutados e incinerados, como si cada una de esas acciones no se trataran de actos de lesa humanidad y de violaciones graves contra los derechos humanos.
No puede pensarse que un caso como este la autoridad estatal y la autoridad federal pretendan desvincular la actuación policial de la inmensa red de complicidad y corrupción que permea por todas partes en esa entidad, no se puede pensar que con el encarcelamiento y procesamiento de 8 policías se está dando atención integral a un caso de desaparición forzada y menos podemos pensar o admitir que se pretenda minimizar este asunto como si se tratara sólo de la mala actuación de algunos policías o como si se tratara de un caso aislado.
El gobierno de Veracruz y el gobierno federal no pueden cometer los mismos errores que cometieron en el caso Iguala, no pueden construir una “verdad histórica” a partir de los testimonios de los policías responsables, no podemos aceptar que se sigan presentando casos como éstos y que ninguna autoridad política sea sancionada, tampoco podemos aceptar que la autoridad construya verdades sin móviles, sin causas y sin razones aparentes.
Hoy la complicidad entre las autoridades estatales y los grupos de la delincuencia organizada han llevado a Veracruz a una zona de violaciones graves y sistemáticas a los derechos humanos, hoy tenemos que actuar en consecuencia y documentar la actuación de las autoridades responsables para evitar que esto se siga repitiendo de manera indefinida.
Por lo antes expuesto y fundado, solicitamos el siguiente punto de acuerdo: a fin de solicitar a la Procuraduría General de la República y a la Fiscalía General del Estado de Veracruz, que rindan un informe a esta soberanía sobre los elementos probatorios con los que fueron consignados a la autoridad judicial los policías vinculados con el caso, y que en dicho informe se integren las líneas de investigación que se desarrollaron en ese expediente judicial sobre la posible vinculación de estos servidores públicos con las redes de protección de grupos criminales que operan en el estado de Veracruz.
Por su atención es cuanto, gracias.
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