La fuga del narcotraficante Joaquín «El Chapo» Guzmán constituye un hecho muy grave que evidencia la penetración del crimen organizado en el sistema penitenciario y en áreas estratégicas de seguridad.
Esta fuga desata una nueva crisis en la credibilidad de las autoridades y pone en entredicho la eficacia de las instituciones mexicanas ante la sociedad mexicana y la comunidad internacional.
Estos acontecimientos reflejan la vulnerabilidad de las instituciones de seguridad en México, la cual deriva de la implementación de una fallida política de seguridad y procuración de justicia y que pone en riesgo la credibilidad misma del Estado mexicano.
“El Chapo” Guzmán es una figura siniestra y emblemática del poder del crimen organizado. Las autoridades penitenciarias, de inteligencia y de seguridad tenían el reto y la responsabilidad de mantenerlo interno en alguno de los penales del país para que su juicio y cumplimiento de condena se realizara en territorio mexicano. Debe reconocerse que se falló en este objetivo.
Por supuesto que la prioridad es la recaptura de “El Chapo” y la identificación de sus cómplices en la fuga, pero igual de importante resulta garantizar que ningún otro interno de alta peligrosidad pueda fugarse. En primer lugar y de manera inmediata, deben revisarse los protocolos y sistemas de seguridad del Penal del Altiplano en el Estado de México; el de Puente Grande, Jalisco; el de Matamoros, Tamaulipas; el de Cuautla, Morelos; el de El Rincón, Nayarit; el de Villa Aldama, Veracruz, entre otros.
En 2014, cuando “El Chapo” fue detenido su apariencia era la de un capo debilitado y en decadencia, pero la realidad fue otra. Uno de los problemas fundamentales consistió en que su captura no significó el desmantelamiento de su organización. De extremo a extremo del túnel de más de kilómetro y medio por el cual escapó, se extiende la acción de una estructura criminal.
Además de la capacidad de la organización criminal de “El Chapo”, la fuga, por segunda ocasión, del líder del Cártel de Sinaloa, fue posible por el contubernio de autoridades del penal de máxima seguridad del Altiplano, ante lo cual debe realizarse el deslinde de responsabilidades y revisarse la permanencia de los titulares del sistema penitenciario y de encargados de la seguridad pública del Estado mexicano.
Más allá de los nombres de funcionarios públicos, esta fuga debe provocar la revisión integral del sistema penitenciario y las sanciones a los servidores públicos de alto nivel responsables y no sólo de los custodios o servidores públicos de nivel administrativo.
Por supuesto que debe darse la remoción de los servidores públicos responsables de las áreas que fallaron o fueron negligentes. La investigación de responsabilidades no puede limitarse en la detención de los custodios y la destitución de burócratas. Se trata de una penetración institucional en los más altos niveles del sistema penitenciario y en las autoridades responsables de la seguridad pública.
Ante esta fuga, ¿cuál es el papel del Congreso mexicano?
El pasado 15 de julio, en la sesión de la Comisión Permanente, las fuerzas políticas representadas en el Congreso expresaron ampliamente sus primeras valoraciones y observaciones respecto a este tema y aprobaron un punto de acuerdo en el cual exhorta a la PGR a realizar una investigación profunda, pronta y a fondo para esclarecer la fuga de este personaje; y pide también a las autoridades informar, de acuerdo a la normatividad aplicable, mantener informada a la sociedad sobre el desarrollo de las investigaciones.
Resulta positivo que la Comisión Bicameral de Seguridad Nacional cite al secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, para que explique qué sucedió y las acciones que se emprenderán para su captura y para fincar responsabilidades. El responsable de la política interior debe rendir cuentas sobre los hechos a los que él mismo calificó como «un descalabro».
El Congreso de la Unión, a través de la Comisión Bicameral de Seguridad Nacional y de otras instancias legislativas, dará seguimiento puntal a las acciones que el Gobierno ponga en marcha para la captura de este delincuente y el establecimiento de responsabilidades a sus cómplices. Así como en analizar y realizar las acciones legislativas para elevar las condiciones de seguridad en los penales de máxima seguridad y la revisión y reforma integral del sistema penitenciario mexicano.
El narcotráfico es uno de los flagelos que afectan a las sociedades modernas, representa una de las actividades económicas más lucrativas propiciadas por las organizaciones criminales que controlan ese mercado con una enorme capacidad de adaptación y evasión de la acción de las autoridades.
Debemos tomar consciencia de que la actual política de drogas no está dando los resultados esperados debido al grado de corrupción que se vive en las instituciones y el involucramiento de múltiples redes de esas organizaciones que se encuentran incrustadas en ellas. Un tema que debe ser atendido por la acción integral del Estado mexicano. TWITTER: @MBarbosaMX XXX
