Ciudad de México, lunes 11 de diciembre, 2017
CONFERENCIA DE PRENSA
Diálogo simulado si se pretende aprobar minuta; deben aprobar reglamentaria del 29 para normar actividad del Ejército: Luis Sánchez
Conferencia de prensa ofrecida por el GPPRD, encabezados por el coordinador Luis Sánchez Jiménez, al término de su reunión con organizaciones sociales para tratar el tema de la Ley de Seguridad Interior.
Luis Sánchez Jiménez (LSJ): Gracias a los representantes de los medios de comunicación por estar presentes.
Quiero presentar a quienes nos acompañan, la senadora Angélica de la Peña, que como ustedes saben, en su carácter de presidenta de la Comisión de Derechos Humanos y una activista y una compañera que está profundamente relacionada con el tema que hoy nos ocupa que es la Ley de Seguridad Interior; nuestro compañero, Celestino Cesáreo, también senador por Guerrero, que es también un conocedor de la materia, por experiencia incluso, por su vivencia en Guerrero y el grado de delincuencia que se genera allá; nos acompaña también en esta ocasión nuestra compañera secretaria de la Comisión de Derechos Humanos, del comité ejecutivo Nacional del PRD, Paloma Castañón; nos acompaña aquí también Jorge Amador Amador, él es el Director de Seguridad Pública en Nezahualcóyotl, un modelo de seguridad ciudadana exitoso a nivel nacional.
Quiero compartir con ustedes que estuvimos en una reunión de trabajo con diversas organizaciones de la sociedad civil. Estuvo con nosotros Mariano Machain de Serapaz; Ixchel Cisneros de Cencos; estuvo Humberto Guerrero de Fundar; Lucía Chávez de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos; estuvo también con nosotros Lisa Sánchez de México Unido Contra la Delincuencia y Alán García de la Oficina Regional para América Central del alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
Hemos analizado la situación que prevalece en cuanto a esta minuta recibida de la Cámara de Diputados. Como ustedes saben el viernes pasado en la entrega del premio nacional de Derechos Humanos, el Presidente de la República le convocó, le invitó al Senado de la República a ampliar los espacios para el diálogo con las organizaciones civiles para escuchar las recomendaciones, las observaciones, las preocupaciones de los organismos nacionales regionales e internacionales, esa fue entiendo la petición del Presidente de la República.
En ese mismo momento en que se daba esa convocatoria, esa petición al Senado de la República, aquí en el Senado, se repartía el anteproyecto de dictamen para aprobar en los mismos términos de la minuta de la Cámara de Diputados esta Ley de Seguridad Interior, sin cambiarle una sola coma, lo mismo, pero ante esa petición del presidente de la República se suspendió hoy la sesión de las 12 del día de estas comisiones unidas para analizar y aprobar esta minuta, y nosotros teníamos esta reunión convocada desde el viernes mismo para seguir escuchando a quienes hacen observaciones de inconstitucionalidad, de violación de los derechos humanos, a esta Ley de Seguridad Interior.
Hoy conocemos, después de suspender la discusión de esta ley, que hay una convocatoria, en este momento, como sabemos, hay 7 gobernadores aquí presentes en el Senado de la República, en su mayoría todos ellos piden que se implemente esta Ley de Seguridad Interior, habrá reuniones con otras organizaciones más tarde y con presidentes municipales tenemos entendido y parece ser que eso es todo lo que se va a hacer en materia de escuchar las opiniones, las observaciones de los diversos organismos y pues lo que se tiene planteado es que el jueves se apruebe la minuta tal como está.
Escuchar no quiere decir entender y ajustar o hacerle cambios a la ley, escuchar solamente es eso para la fracción parlamentaria del PRI aquí en el Senado de la República y me parece entonces una burla esa convocatoria a ampliar el diálogo, es un diálogo simulado, es un diálogo que del otro lado simple y sencillamente hay oídos sordos.
Hemos escuchado a las organizaciones puntualmente, cada uno de los artículos de esta ley tiene observaciones, además de las generales, que es una ley inconstitucional, inconvencional y cada uno de los artículos en su contenido tienen observaciones.
Vamos a eso como una introducción, yo quisiera darle la palabra a la compañera Angélica de la Peña en este momento y después nos acompañe también el resto, gracias.
Angélica de la Peña Gómez (APG): Es un día complicado porque prácticamente estamos en dos espacios de discusión en la misma materia, sin demérito de lo que tienen ustedes que estar haciendo en dos espacios al mismo tiempo, queremos decir lo siguiente:
Voy a ser muy concreta. En primer lugar, la primera cuestión que quiero decir es que esta minuta de cámara de Diputados no puede ser aprobada, ni siquiera con algunas reformas que maquillen la minuta, puede ser aprobada porque si pretenden hacerlo, vamos –ya sabemos- a detenerla por controversias constitucionales o por acciones de inconstitucionalidad, eso ya está anunciado, qué necesidad y qué necedad de querer aprobarla tal cual.
Segundo. Por cierto, hay que discutir los conceptos, ¿qué se entiende por seguridad nacional? Ya tenemos una ley, hay que estudiarla y contextualizarla en esta discusión; ¿qué entendemos por seguridad interior? No estamos unificados en la misma opinión de lo que entendemos por seguridad interior; y por supuesto, también es necesario discutir qué entendemos por seguridad pública y cuál debe ser la tendencia de México en función del cumplimiento de tratados internacionales, de atender recomendaciones e inscribir esta discusión en los estándares internacionales para transitar de la seguridad pública a la seguridad humana.
Y me parece que el caso de Nezahualcóyotl es una buena práctica para tomar en consideración de la ruta que tiene que transitarse de seguridad pública hacia la seguridad humana.
Y por último, también tenemos que discutir cuál es el contexto del artículo 29 de la Constitución, que son cuatro cosas totalmente distintas; la siguiente cuestión que quiero mencionar es que además esta ley que dicen que no es de seguridad pública, claro que está inscrita en el debate de la seguridad pública aunque digan que no, y por lo tanto, no está respondiendo al problema fundamental de inseguridad pública que tenemos en el país.
Puedo entender, puedo incluso simpatizar, puedo también estar de acuerdo con lo que dicen ahora los gobernadores respecto al desastre que están enfrentando en sus estados, pero ¿saben qué? Las fuerzas armadas han demostrado que no son la salida al problema de inseguridad o de enfrentamiento a la delincuencia organizada, porque ella tenemos lo datos que son incuestionables y, por desgracia, este año va a terminar con mayor violencia, con mayores cifras de asesinatos dolosos y con mayor incertidumbre en la materia de seguridad pública a lo largo y ancho del país, con excepciones como ya la mencionada del caso de Ciudad Nezahualcóyotl.
Y además, y esto es lo más importante, no resuelve lo que se supone está detrás de esta discusión en la exposición de motivos de la minuta que viene de la Cámara de Diputados, porque no está resolviendo el problema de darle este marco jurídico que están solicitando las fuerzas armadas; además, porque si ya está anunciado que sí la quieren aprobar con esta mayoría que tiene el PRI y el Verde y algunos del PAN, pues la ruta de la inconstitucionalidad no va a poder evitar.
De tal manera que qué necesidad de seguir insistiendo en algo que sabemos no va a tener buen fin. No hay manera de que no se discuta estas materias sin la presencia de las y los especialistas, sin que se tome las recomendaciones de los organismos internacionales. México tiene una vinculación con ellos, no somos un país que vive en la Luna, fuera de la globalidad, y además México tiene vinculación con todos estos organismos internacionales.
Me parece que es un error del Estado mexicano, en este caso quien representa al Estado mexicano, simular que haya un diálogo, que sabemos no va a tomar en consideración, ninguna de las inquietudes y propuestas concretas que están haciendo cada vez más organizaciones.
Acabamos de recibir, por cierto, ya de manera formal, el oficio de los distintos académicos y constitucionalistas que nos han enviado al Senado de la República, diciéndonos que esta ley es anticonstitucional, y que tiene graves errores.
Pero también hemos recibido de juezas y de jueces de las Américas y, por supuesto, también de otras organizaciones más, que se suman a las que ya teníamos, ¿qué quiere decir? Que este es un tema de trascendencia nacional, que tiene que legislarse bien.
Tenemos que sentar las mesas de discusión para escucharnos, no solamente oírnos, sino escucharnos y atender cada una de las inquietudes aquí planteadas, y por supuesto, globalmente, poner en la mesa de discusión cuál es el marco jurídico que el Senado de la República y el Congreso tienen que discutir.
¿Seguridad interior? Está bien, discutamos seguridad interior, pongámonos de acuerdo qué concepto entiende cada quien de seguridad interior, sobre todo a la luz de la Constitución.
Segundo, seguridad pública, que es el tema prioritario. Uso legítimo de la fuerza pública, por supuesto también. Lo más importante, ¿cómo vamos a ayudar a los estados para que en base en un modelo de policía, único en el país, contextualizado en las necesidades de los tres órdenes de gobierno, incluyendo el tercero en orden de gobierno, también las policías que están conferidas por sistemas normativos, las policías metropolitanas, en fin, toda esta modalidad tan amplia que tenemos en México, que tenemos que discutir, escuchando a las y los actores que están involucrados en estos temas.
Eso es lo que tenemos que discutir, y entonces sí atender a las organizaciones y también, termino con esto, tenemos muy buenos ejemplos, también buenas prácticas parlamentarias, de parlamento abierto, en lo concreto, oír y escuchar, y discutir texto por texto, artículo por artículo, como lo acabamos de hacer por ejemplo en el caso de desaparición forzada.
Aquí, en los espacios donde nos reunimos, siempre estuvieron los colectivos de las familias de personas desaparecidas.
Alguien aquí decía hace rato hay que escuchar a las víctimas, por desgracia, de violación de derechos humanos, perpetradas por integrantes de las Fuerzas Armadas. Hay que prevenir eso, los policías no deben ser, los gobernadores deben entender que no puede ser omisos, que las Fuerzas Armadas efectivamente no pueden hacer tareas de policías. Lo que pueden hacer, eso sí, contextualizar cuándo tendrían que responder a una eventualidad inscrita en delincuencia organizada.
Ese es el marco que están pidiendo para que eventualmente se pueda recurrir a ellas en una situación de ese tipo, sí, pero esto que nos están presentando, que viene como minuta de la Cámara de Diputados, no es la respuesta.
Llamamos la atención a que no se simule. Ahorita están escuchando a los gobernadores, a otras organizaciones, etcétera, etcétera. Pero en lo concreto no se está analizando, como debería de ser, artículo por artículo, donde se plantee por qué es inconstitucional cada uno de estos artículos.
LSJ: Vamos a pedirle a Jorge Amador nos comente brevemente, porque el tema es de la seguridad ciudadana. Estamos llegando aquí a este extremo del uso de las Fuerzas Armadas porque hay, simple y sencillamente, una falta de quehacer de parte de gobernadores y de parte de presidentes municipales en materia de seguridad ciudadana, entonces por eso invitamos a Jorge Amador, director de Seguridad Pública de Nezahualcóyotl, yo quisiera que nos comentara por qué es exitoso en Nezahualcóyotl, un municipio metropolitano, un municipio de más de un millón 100 mil habitantes con recursos solo del municipio, por qué se puede ahí sí trabajar y darle seguridad a la ciudadanía.
Jorge Amador (JA): Muy buenos días, muy brevemente, nosotros pensamos que efectivamente a nivel mundial, no solamente en nuestro país, la seguridad pública está avanzando hacia la seguridad ciudadana y orientado hacia la seguridad humana, como decía nuestra senadora Angélica de la Peña, y hemos encontrado que lo que hace fuerte a los delincuentes es el miedo, el temor y a veces el terror que infunden a los ciudadanos.
Porque este terror hace que los ciudadanos se debiliten, se dispersen y por lo tanto se vuelvan con cero capacidad de intervención para su propia seguridad.
Y eso trae como consecuencia que las autoridades se deslegitimen porque no están cumpliendo con su obligación legal y constitucional de proteger a su población.
Y con las autoridades deslegitimadas y los ciudadanos atemorizados, los delincuentes son los empoderados.
Entonces no es cosa de inventar el hilo blanco, en el mundo se ha optado por la ciudadanización de la seguridad y eso implica que las iniciativas que se hagan sobre las fuerzas policiales se conviertan en agentes de estrecho contacto, de gran coordinación con la población, de tal manera que los ciudadanos se empoderen y los delincuentes se vean aislados.
En el caso de Nezahualcóyotl hay un proceso, ya de ciertos años, y hemos arribado ahora a la organización de 11 mil redes vecinales de seguridad por cuadra; antes habíamos establecido un patrullaje de 100 cuadrantes en el municipio, hay una patrulla local en cada uno de los cuadrantes y es esa patrulla las que tiene el contacto directo con los ciudadanos para discutir un plan de seguridad en la cuadra.
En la cuadra los ciudadanos necesitan unirse por su seguridad, ahí no hay un problema de pertenecer a un partido, a una religión, porque la causa de la seguridad los une.
Y eso ha provocado una extraordinaria –digamos- reacción de confianza, de participación y de colaboración. Desde problemas triviales como que los perros no ensucien la calle, hasta conflictos intervecinales.
Pero saben qué, lo más importante, los delincuentes ya no se acercan a esos espacios porque la gente tiene poder y porque ahí la autoridad está legitimada.
¿Cuál es el resultado? Pues que la incidencia es menor que en las delegaciones vecinas nuestras y que en los municipios vecinos nuestros.
Y he puesto el ejemplo de que en este momento en Naucalpan para frenar la delincuencia, hay 15 bases de operaciones mixtas del Ejército y la Marina; en Tlalnepantla hay otras 15 bases de operaciones mixtas, en Ecatepec otras 15 bases de operaciones mixta. Es decir, fuerza para resolver un problema que no es de fuerza, es de estrategia y de vinculación y proximidad social entre la autoridad y los ciudadanos.
Por lo tanto, cuando nosotros leemos esta minuta lo que pensamos es que en el fondo se está institucionalizando una estrategia de seguridad que ya fracasó y eso es un inconveniente para todo porque amenaza proyectos que están floreciendo no solamente en Nezahualcóyotl, sino también en otros municipios del país, porque cada vez más se descubre un camino que trae mejores consecuencias, mejores resultados.
Y de alguna manera, legislaciones como esta atentan e interfieren con esos procesos muy constructivos de mejoramiento de la seguridad, ahora ciudadana, pero con orientación humana. Básicamente.
LSJ: Estamos en esta discusión de esta Ley de Seguridad Interior, porque todos los esfuerzos que se han hecho en materia de seguridad ciudadana, seguridad pública, han fracasado.
10 años después de estar incluso invirtiendo mayores recursos en esta materia, vemos que no hay avance ninguno de las autoridades, pero sí por parte de la delincuencia organizada.
¿Qué sucede en el país? No solamente el Gobierno Federal tiene responsabilidad, gran parte de esta responsabilidad es de los gobernadores, y muchos –gran parte de ellos- los que están hoy aquí en el Senado de la República.
Para poner un ejemplo, un diario de circulación nos dice que el Centro de Investigación para el Desarrollo nos da a conocer cómo 15 entidades federativas no han transitado al modelo de fiscalía; o sea, no hay modificación ninguna, no se está hablando de avanzar en el modelo acusatorio y adversarial, por ejemplo.
Pero también, hacen un análisis que éstas aún y cuando se transformen en fiscalías no son autónomas, que era el propósito de toda esta reforma de la Fiscalía General de la República y las fiscalías de los estados, lograr cierta autonomía. Y vemos que no hay autonomía en gran parte de ésas que sí se han transformado.
Entonces, gran parte del fracaso en materia de seguridad en el país le corresponde a los gobernadores, y hay que decirlo, no sólo al Gobierno Federal; entonces es obvio que hoy los gobernadores vienen al Senador y dicen: quiero que las Fuerzas Armadas vengan a hacerse responsable, de lo que ellos no se hacen responsables.
Eso creo que es lo que tenemos que estar discutiendo de fondo, qué vamos a hacer con la seguridad en el país, porque esta Ley de Seguridad Interior no viene a resolver la seguridad ciudadana.
Y estábamos hablando que en algunas ocasiones en el Senado de la República hacemos bien las cosas, y una de esas es una iniciativa –que nace aquí en el Senado, justamente con una propuesta del PRD allá en el 2013-; después viene una iniciativa del Gobierno Federal para reglamentar el Artículo 29 de nuestra Constitución; y en ese Artículo 29 –que se trabajó por mucho tiempo con organizaciones sociales, con la participación del Alto Comisionado de los Derechos Humanos de la ONU, con una diversidad de expertos y también las y los senadores de este Senado- se logró una propuesta de reglamentar el Artículo 29.
¿Qué es lo que pretende ellos? Más o menos darle esa cobertura a las Fuerzas Armadas, pues nosotros lo hicimos hace ya algún tiempo, el 9 de diciembre de 2015 fue aprobado aquí en el Senado por unanimidad la reglamentación al Artículo 29, está en la Cámara de Diputados y ahí se quedó congelado.
Si quisieran darle esa seguridad a las Fuerzas Armadas, tenemos el fundamento, tenemos la materia, ésta es la minuta que tenemos allá, ahí está en la Cámara de Diputados.
Y aquí se habla justamente de establecer un estado de excepción, un estado especial en un territorio, en un momento especial, con tiempos determinados, pero con la participación de diversas instancias para cuidar los derechos humanos.
Éste es el modelo que podría aplicarse si quisieran ellos aplicar un modelo, o sea, hay alternativas, si quisieran, en la Cámara de Diputados podrían aprobar esta minuta y resolver el problema de darle seguridad a las fuerzas armadas, claro, mediante todo un protocolo que cuida, que vigila el respeto a los derechos humanos.
Entonces estás las alternativas pero, creo que hay una intención de tener una ley que les permita libertad, que les permita no tener controles, y que eso puede llevar a una violación de derechos humanos grave, y por último, decirles, nos parece que el llamado del Presidente de la República a ampliar este diálogo pues es simplemente tomarle el pelo a la sociedad, es burlarse de la sociedad, este es un diálogo simulado, como lo estamos viendo, como lo vamos a ver todo este día, y prácticamente me parece no van a considerar ninguna de las observaciones, claro, van a escuchar a los que dicen que están a favor de esta ley y esa será la justificación para aprobarla en sus términos.
Sesión de preguntas y respuestas:
Pregunta: Buenos días, directamente a la senadora Angélica de la Peña y al licenciado Amador, ¿senadora en esas reuniones cuál ha sido el principal tope o principal causa por la que están oponiendo esos grupos sociales a la instauración de esta ley? Y ¿Cuál es la propuesta? Digo, acabamos de escuchar una de las propuestas que acaba de mencionar el licenciado Amador, o que se podría sumar a la iniciativa que está ahorita.
Y al licenciado Amador, ¿no le han hecho caso o no se ha reunido con los comisionados de seguridad o con el Secretario de Seguridad Pública, de que en Nezahualcóyotl es un ejemplo a nivel nacional?
APG: La primera crítica que hacemos a la minuta es que no tiene sustento constitucional. Me parece que estamos obligados en el Congreso de la Unión a tener una rigurosidad en el respeto a la Constitución. No solamente no corresponde a lo que nosotros creemos es la lectura del Artículo 89, como aquí han dicho algunos priistas, sino que violenta otros artículos de la Constitución, empezando por el Artículo 1, el 16, 18, 21, 29, 73, 115, 116, es decir, hay muchos artículos de las Constitución que son violentados en este proyecto.
Dos. Es un proceso desde la Cámara de Diputados con un vicio, atropellado, no se escuchó, no se atendió los reclamos, las propuestas, las inquietudes muy concretas que hicieron incluso especialistas constitucionalistas, así como el Alto Comisionado, no solamente el representante en México del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, sino propiamente el Alto Comisionado envió una comunicación, ya todos lo vimos, donde está alertando y manifestando su preocupación, porque cuando él vino en 2015, el Estado mexicano, las autoridades se comprometieron a resolver el reclamo de que las Fuerzas Armadas no estuvieran cumpliendo tareas que corresponden a la autoridad civil.
Y otra cuestión muy importante: No estamos atendiendo el verdadero problema, el que deberíamos estar atendiendo por la situación que estamos viendo en el país, que están padeciendo miles, y miles, y miles de familias.
Si realmente se quieren cuidar a las Fuerzas Armadas, pues lo que debemos hacer es evitar que estén en el desgaste, como ellos mismos han señalado, cumpliendo tareas para las que no están formados ni educados. No es esta ley, no responde a esas preocupaciones, aunque aquí en el Senado hayan dicho que les urge tener ese marco jurídico.
Miren. Hay de todas las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, contra el Estado mexicano, la mayoría son precisamente involucran a Fuerzas Armadas, por cierto, las cuatro son del estado de Guerrero, entonces, sí, donde ha sido un estado que tiene toda una historia de intromisión y de control de las Fuerzas Armadas, hay que recordar simplemente la Guerra Sucia, bueno, pero la situación en Guerrero simplemente no ha cambiado y hoy está peor.
Nos parece que, de manera sintética, les diría yo que la ley no responde al problema, ni siquiera de la certidumbre que está buscando para las Fuerzas Armadas en las tareas que están realizando en las calles, en vez de que se atienda, por parte de la autoridad civil, y en eso destaco y doy la palabra, a Jorge Amador, de atender el problema a partir de las buenas prácticas que hay.
Yo digo, qué necesidad de seguir repitiendo un modelo que ha fracasado. Diez años de ese modelo, 11 años ya, fracasado, y lo quieren seguir ahora sustentando de manera legal en una ley, que está cuestionada, y que va a tener seguramente un proceso de inconstitucionalidad, yo digo, qué barbaridad, pero por qué.
Creo que los priistas debieran tener mayor sensibilidad para atender el problema de fondo, y sacar este debate del contexto de la cuestión electoral, porque también se ve que tienen un contenido, lo que está detrás es la contienda electoral.
A nosotros, aquí estamos del PRD, no nos interesa partidizar esta bronca, pero nos lo van a poner en bandeja de plata si insisten en llevarlo, discutiéndolo solamente con sus aliados, sabiendo que tienen problemas, y con esto termino como empecé, de inconstitucionalidad.
JA: El modelo de Neza, que por supuesto no es ninguna maravilla, obviamente tenemos problemas de inseguridad, nada más que un poco menos que en otros lados y un poco mejorando siempre, ha sido reconocido por el propio Gobierno mexicano; en el año 2014 nos dieron el premio de ser una buena práctica replicable, organizado por la Secretaría de Gobernación y la USAID, esta organización de los Estados Unidos para el desarrollo, fueron, examinaron y de todas las prácticas propuestas la nuestra la escogieron como la mejor, desde el punto de vista policial.
En el 2015 un complejo de universidades encabezadas por el CIDE nos dieron el premio de buena práctica de gobierno local, precisamente por el modelo de policía vecinal, y recientemente este año, una asociación entre la Secretaría de Relaciones, la Secretaría de Gobernación y la Unión Europea premiaron el sistema de redes vecinales por cuadra como una práctica que contribuye a la cohesión social, y estamos ahorita en un proceso de verificación para que luego se dictamine y se pueda convertir en algo replicable, recomendable.
Es decir, las autoridades conocen esto, pero las más altas autoridades, que son las que han decidido que marcháramos por esta estrategia que fracasa, pues no están en condiciones de reconocerlo, seguramente se van a air y no lo van a reconocer, al costo social enorme que estamos padeciendo.
Yo nada más para contestar su pregunta, le diría que hay formas de intervención de las fuerzas federales muy eficientes, pero son formas que se dan el marco de la estructura constitucional de los tres órdenes de Gobierno, con respecto a las facultades y las responsabilidades de cada uno.
Nosotros en Nezahualcóyotl con este modelo, hemos recibido excelentes aportaciones de la policía federal, de la Marina, del Ejército mexicano , pero son intervenciones puntuales, particularmente en aspectos de inteligencia, no tanto en aspecto de tropa presente o en el caso muy particular en el caso de grupos armados para su desarme, es muy eficiente, muy temporal, a veces de un día, de un grupo de militares que van destinados a un punto preciso, donde el trabajo, el trabajo, digamos ciudadanizado de la policía es aplicar inteligentemente el foco, lo que hay que atender.
Entonces, desde nuestro punto de vista, se trata de pensar que la seguridad, todo se resuelve con seguridad ciudadana, municipal, por así decirlo, se resuelve con una coordinación constitucionalmente establecida como viable.
Cuando uno va a Reynosa, no puede ir uno sin que lo vigilen los halcones de la delincuencia que controlan ese espacio, 11 años de presencia de la Policía Federal allá y no han resuelto ese problema, ni aunque fueran 20, tampoco lo resolverían porque esos halcones son parte de esa sociedad y lo que hay que discutirle a los delincuentes organizados es el control que ahora tienen sobre espacios y funciones públicas y eso ahora sólo se puede realizar con un trabajo con la propia ciudadanía.
Por más halcones que haya, los ciudadanos no comprometidos con la delincuencia organizada son la mayoría, nada más que están atemorizados, dispersos, inhabilitados, dispersos, entonces una nueva estrategia es la que tiene que surgir y está surgiendo.
La semana pasada, estuve en Monterrey en la Conferencia Nacional de Seguridad Pública Municipal, convocada por el secretariado de seguridad pública municipal y me dieron la oportunidad de plantear lo que estamos haciendo y obviamente me di cuenta que muchos de los municipios ahí representados quieren avanzar en esa dirección y lo están haciendo con sus propios recursos, lo que hace falta es que el Gobierno mexicano, yo diría que el Estado mexicano reconozca esa realidad y la transforme, la convierta en un sistema nacional, en norma diferente de esta que lamentablemente está mirando hacia atrás.
P: Senador Luis Sánchez, entendí que habría que aprobar primero la reglamentación del artículo 29 en la Cámara de Diputados para dar certidumbre a esta legislación.
Y senadora Angélica de la Peña, ¿qué tanto se reunirán las firmas para una acción de inconstitucionalidad? O quizás se logran concretar estas firmas, pero como paso con la otra acción de inconstitucionalidad, que retiran después las firmas, ¿qué tanta garantía, ¿qué tantos senadores apoyarían la acción de inconstitucionalidad?
LSJ: Podemos decir, que en lugar de esta Ley de Seguridad Interior, la Cámara de Diputados, si aprueba la Ley Reglamentaria del Artículo 29 de la Constitución que tiene allá desde finales de 2015, estaríamos resolviendo el problema que están planteando las Fuerzas Armadas, darles cobertura legal para actuar en un territorio especifico, con una temporalidad específica y con objetivos específicos, pero vigilados también con otros organismos y sobre todo con pleno respeto a los derechos humanos.
O sea, la solución está, desde el 2015 está en la Cámara de Diputados, hay que insistir en eso.
Esta Ley no tiene nada que ver con la seguridad social, como lo hemos dicho, y tenemos que insistir, en que trabajemos y escuchando a Jorge Amador se tiene que trabajar en materia de seguridad ciudadana desde abajo, es desde los municipios –como hay unos ejemplos de este y de algunos otros municipios- desgraciadamente son muy pocos en el país, pero hay otros ejemplos de policías municipales muy exitosos, ahí están los ejemplos, se puede hacer con recursos propios, ni siquiera extraordinarios, falta misión, falta visión, pero por lo que vemos están empeñados en ir hacia atrás, en lugar de avanzar.
APG: Miren siempre invocar la inconstitucionalidad de una ley, enfrenta muchos obstáculos, pero a ver, según lo plantea la Constitución en el caso de la acción de inconstitucionalidad que está conferida en este caso a PGR o a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, ya está anunciada en el caso de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en el marco del premio otorgado a Miguel Álvarez que lo va a hacer, incluso Miguel se lo planteó de manera puntual en el caso de que no se escuche detener la ley, así lo dijo.
Y en la parte legislativa, lo intentaremos, siempre tendremos legisladores que a lo mejor no digan que no por x o z causa, pero es nuestro derecho, lo vamos a hacer, creo que hay suficientes senadoras y senadores, lo tendremos que ver precisamente en la votación que se dé si se pretende llevar este dictamen al pleno del Senado y entonces veremos cuántas senadores y senadores se van a oponer al mismo.
Y por lo demás, me parece que también hay algunos gobernadores que lo han señalado de manera puntual y yo creo que va a venir una cascada y una dinámica de señalamientos y de críticas que no va a poder el Estado mexicanos, porque ya es un problema que ya está contextualizado en una actitud, en una acción del Estado mexicano y que no puede abstraerse frente a las recomendaciones y los señalamientos puntuales por parte de los organismos internacionales.
Es un contexto muy importante que me parece que tiene que ser tomado en consideración ya en el ámbito de quien representa al Estado mexicano.
P: Es para el Director de Seguridad Pública en Neza, en caso de ser ratificado por varias administraciones ¿usted acreditó su control de confianza?, por un lado.
Y para usted, senadora, ojalá nos pudiera abundar más el temor expresado por el máximo órgano multilateral, ONU, respecto el Estado de Excepción y la aplicación del 29 constitucional
JA: Como no, Federico, quienes estamos todavía como directores de alguna corporación policial, tenemos que estar aprobados por control de confianza, en el caso de nosotros, el control de confianza es cada dos años y en alguna circunstancia, nos han hecho dos exámenes incluso en el mismo año, obviamente buscando que estemos perfectamente idóneos con el cargo.
En uno de los años, donde había conflicto con el tema del mando único, por un lado, me mandaron a las instalaciones estatales para ese efecto y también al CISEN para el mismo efecto y yo creo que lo aprobé, porque todavía sigo ahí.
APG: Muy bien, mira Federico, en el caso de la Ley Reglamentaria al 29 Constitucional, me parece muy importante contextualizar que la Constitución fue reformada el 11 de junio de 2011, en materia de Derechos Humanos, se reformaron 11 artículos de la Constitución. Uno de ellos es el Artículo 29.
Y ésta, por cierto, es importante conocer la historia de cuándo se ha invocado el Artículo 29 de la Constitución por parte del Ejecutivo. Es un artículo que, prácticamente salvo en 2011, no ha sido nunca modificado, está inscrito desde la Constitución de 1857, y por supuesto, además, reconocido en la Convención Americana de los Derechos Humanos.
¿Y cuál es el cambio que sufre, a partir de la reforma en materia de Derechos Humanos? Pues que un estado de excepción, como dice la Constitución, en caso de invasión, perturbación grave a la paz pública, o de cualquier otro que ponga a la población en grave peligro, o conflicto, decía, solamente el presidente de los Estados Unidos Mexicanos, con la aprobación del Congreso, o de la Comisión Permanente, cuando aquel no estuviera reunido, podrá restringir o suspender en todo el país, o en algún lugar determinado, el ejercicio de los derechos y garantía que fuesen obstáculo para hacer frente rápido y fácilmente a la situación, pero deberá hacerlo en un tiempo limitado. A grosso modo así introduce la Constitución al Artículo 29 de la Constitución.
¿Cuál es el cambio fundamental en la reforma de 2011? Bueno, que obliga a que haya una ley reglamentaria para que, como sigue diciendo el propio artículo, cuando se determine que haya un estado de excepción con estas características, que brevemente yo acabo de leer, pues pase por un dictamen, un decreto, que tiene que ser aprobado por el Congreso de la Unión, que tiene que determinar las causas, el tiempo, el objeto, y por supuesto tener una sanción por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Entonces, nunca, salvo en una ocasión, se ha invocado el 29 Constitucional para determinar un estado de excepción, ¿cuándo? Cuando entramos a la Segunda Guerra Mundial y formamos parte de los aliados, debemos recordar, que dio origen, por cierto, al Escuadrón 201, para poder participar contra los nazis en la Segunda Guerra Mundial.
Nunca más, ni siquiera cuando ha habido una situación de un temblor tan terrible como fue el del 85, o alguna otra eventualidad con las características del 29, se ha invocado el 29 de la Constitución.
Ahora vemos en esta cosa que nos mandan de la Cámara de Diputados, pues preceptos exactamente como los que yo leí, que caracterizan al 29 Constitucional, los vemos en la minuta de Seguridad Interior.
Perdónenme, pero hay, insisto, una confusión. Confunden seguridad nacional con estado de excepción, con seguridad interior y con seguridad pública; entonces yo creo que la tarea que debe hacer el Congreso de la Unión y este Senado, es sentarse a dirimir qué quiere decir cada uno de estos conceptos, porque los cuatro están en esta minuta que viene de Cámara de Diputados, y entonces es una mezcolanza, como ya lo he definido, que francamente me parece
LSJ: Un último comentario del senador Celestino Cesáreo.
Celestino Cesáreo Guzmán (CCG): Muchas gracias, soy senador del Estado de Guerrero y como bien decía la senadora Angélica, conozco de viva voz el tema de seguridad y coincido con el secretario de Seguridad Pública de Ciudad Neza.
La seguridad no es un tema de fuerza, si no de proximidad con la gente, sólo por ponerles dos ejemplos, de Iguala a Ciudad Altamirano hay siete retenes del Ejército y entre retén y retén, la violencia es imparable.
De Chilpancingo por la libre a Acapulco, hay nueve retenes entre el Ejército y policías ciudadanas, y la delincuencia es imparable, entonces no es un asunto de fuerza, ahora con esta nueva ley, con estas facultades que se le da al Ejército y a la Marina ¿qué va a hacer?
Veo que está aquí el gobernador de Guerrero, ¿qué va a hacer? Porque hay más o menos ocho mil ciudadanos armados, campesinos sin instrucción, el Ejército los va a desarmar, cuando han convertido a lo largo de estos meses, años ya de algunos su forma de vida.
Realmente esta ley es un alto riego para un Estado como el de Guerrero, algo escuché de lo que dijo el Gobernador, he estado atento de lo que pasa en mi Estado y hubo una pasarela de partidos políticos, alcaldes, diputados con el gobernador para temas de seguridad y solamente fue para la foto, nada más. No hay ni una propuesta más que se apruebe la Ley de Seguridad Interior.
LSJ: Muchas gracias.
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