Para la senadora Angélica de la Peña regular la participación de las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública no resolverá ni la ola de violencia, ni la debilidad de los cuerpos policiacos, ni abatirá a la delincuencia común ni a la organizada, y mucho menos revertirá el desgaste de las instituciones castrenses.
En entrevista dijo que desde siempre ha sido un error enviar a elementos militares a cumplir tareas que les corresponden a las autoridades civiles por mandato constitucional y no se corregirá tal equivocación forzando una legislación.
Los gobiernos estatales y el federal simplemente ha evadido su responsabilidad, explicó, y han colocado al ejército, a la armada y a lafuerzaaérea, en un estado de vulnerabilidad, “y ahora pretenden desnaturalizarlas, convertirlas en una policía militar,olvidandoque fueron creadas para proteger el territorio nacional, al Estado y sus instituciones y a la ciudadanía de una agresión militar externa o interna, o en su faceta más noble, para coadyuvar a las autoridades civiles en situaciones de desastre natural”, añadió.
Recordó las recientes palabras del titular de la Secretaría de la Defensa Nacional, General Salvador Cienfuegos, en el sentido de que sería el primero en “levantar no una sino las dos manos a que nos vayamos a hacer nuestras tareas constitucionales”pues la función real de los militares se está “desnaturalizando” al combatir al crimen organizado.
La legisladora del PRD apuntó que en el debate actual confunden el concepto de seguridad nacional con el de seguridad pública, “la preservación de la seguridad nacional tiene como propósito mantener la integridad, estabilidad y permanencia del Estado mexicano, por medio de tareas de inteligencia y contrainteligencia, para proponer medidas de prevención, disuasión, contención o neutralización de riesgos o amenazas”, detalló.
En cuanto a la seguridad pública, las acciones implementadas deben salvaguardar la integridad y derechos de las personas, así como preservar las libertades, el orden y la paz pública, a través de políticas públicas integrales de prevención, persecución, sanción de las infracciones, así como la reinserción social de las y los delincuentes infractores desde un enfoque de seguridad humana.
“Debemos cambiar la ruta de este debate y discutir cómo podemos garantizar la creación de corporaciones policiacas profesionales en los tres órdenes de gobierno, equipadas, capacitadas científicamente, bien pagadas y con una supervisión interna que las blinde de la corrupción e infiltraciones de la delincuencia”, aseveró.
Lo que debe plantearse en la mesa de la discusión, continuó, es el establecimiento de un plan para el retiro gradual de las tropas desplegadas para tareas de seguridad pública y combate al narcotráfico y para que, de manera simultanea, los gobiernos municipales, estatales y el federal asuman su responsabilidad constitucionalcon cuerpos policiacosdepurados, consolidados y profesionales que garanticen la seguridad de la ciudadanía de manera coordinada.
La legisladora perredista resaltó que el Congreso de la Unión no puede permitirse cometer un error de esta magnitud y aun menos cuando una de las iniciativas pesentadas es contraria a la Constitución, ya que pretende regular (con crtiterios jurisprudenciales de la SCJN) una facultad que no tiene el Presidente de la República, dotar al Secretario de Gobernación de atribuciones que son propias del Congreso de la Unión y otorgar a la Fuerza Especial de Apoyo Federal de atribuciones propias del ministerio público y de las polícas en materia de investigación y persecución de los delitos.
La senadora Angélica de la Peña concluyó indicando que debe respetarse el cometido inscrito en la Constitución para el ejército, que es totalmente distinto al de la seguridad pública, “debemos respetar el orden constitucional y cuidar a nuestras fuerzas armadas y regresarlas a su cuarteles de manera digna; ”.
-o0o-
