En un mundo de éxodos, la migración mexicana a Estados Unidos es un fenómeno singular, porque a diferencia de otras experiencias internacionales, que suelen tener ciclos temporales bien definidos, la mexicana ha sido una migración masiva, histórica y permanente.
Uno de los resultados de ese fenómeno es la presencia, en la actualidad, de alrededor de 5.7 millones de mexicanos sin documentos en Estados Unidos. Ellos son la primera línea de ataque del gobierno de Donald Trump y mucho se ha discutido, en estos días, sobre la necesidad de ofrecerles condiciones adecuadas en México cuando sean deportados. Podríamos discutir extensamente el tema, porque es válido preguntarnos qué puede ofrecer México a los deportados cuando los recursos públicos y las inversiones privadas son insuficientes para dar empleo, salud y educación a los que permanecen aquí.
Más allá de esa cruda realidad, la otra cara de la moneda es que la inmensa mayoría de los paisanos que se han marchado de aquí no quieren regresar acá, por la sencilla razón de que han echado raíces en el vecino del norte, donde han nacido sus hijos.
La alternativa, entonces, es apoyar a ese enorme grupo de mexicanos en su defensa legal frente a la posibilidad de deportación, con todo lo que ésta implica en términos de drama humano, separación familiar y fin del cada vez menos brillante “sueño americano”.
La mayoría de los deportados son personas que son detenidas en su intento de ingresar a EU. Sólo el 15 por ciento son deportados como resultado de infracciones menores (el número de deportaciones de personas que han cometido delitos graves sólo llega al 6 por ciento).
El gobierno de México ha anunciado recursos extraordinarios para la red de 50 consulados en EU, pero no han llegado a los migrantes, que se quejan de que, pese a las amenazas de Trump, siguen recibiendo el mismo maltrato burocrático en las sedes consulares.
Los consulados distribuyen información sobre los derechos de los migrantes, una labor que ya desempeñan organizaciones comunitarias y sociales desde hace tiempo, sin necesidad del respaldo oficial mexicano. La simulación debe terminar y el gobierno mexicano debe emprender una defensa efectiva de los migrantes en riesgo de deportación.
Todas las convenciones internacionales señalan que migrar es un derecho humano. Pero también lo es el derecho a no migrar. Es decir, migrar debe ser una elección y no la única salida para escapar de la miseria y la violencia.
Crear las condiciones en México para que migrar sea una elección implica crear empleos bien remunerados y servicios de calidad para todos. Esa es la gran tarea pendiente que nos exige un cambio profundo en el rumbo del país.
Sen. Dolores Padierna Luna
Coordinadora del Grupo Parlamentario PRD
