El 3 de febrero pasado, el primer mandatario Enrique Peña Nieto anunció “un conjunto de acciones ejecutivas para prevenir la corrupción y evitar el conflicto de intereses”. Él mismo admitió que las 8 medidas respondían a una creciente percepción negativa sobre la corrupción en su administración y designó como nuevo titular de la Secretaría de la Función Pública al exconsejero electoral Virgilio Andrade.
Peña Nieto tardó casi tres meses en adoptar medidas concretas frente a los escándalos detonados por presuntos conflictos de interés con contratistas como Grupo Higa, a raíz de que se conocieran los casos de la “casa blanca”, que detenta su esposa, la mansión de Malinalco, de su secretario de Hacienda, Luis Videgaray, y el caso de su propia casa adquirida en Ixtapan de la Sal.
La dilación es mayor frente a su débil compromiso para combatir la corrupción. En menos de 18 meses, el gobierno de Peña Nieto mostró una enorme eficacia para imponer y sacar adelante 11 reformas estructurales, tal como las quería el Ejecutivo federal y en el caso del combate a la corrupción ignoró recomendaciones fundamentales de organismos como Transparencia Mexicana y congeló su propia iniciativa para crear una Comisión Nacional Anticorrupción que sustituiría a la Secretaría de la Función Pública.
Si se analizan con detenimiento, las 8 medidas anunciadas por Peña Nieto y la designación de Virgilio Andrade representan un retroceso y no un avance frente a lo que se había avanzado en el Congreso en materia de combate a la corrupción. Estas son cinco razones para sustentar nuestro análisis:
1.- Al revivir la Secretaría de la Función Pública el Ejecutivo federal desautoriza su propia iniciativa para crear la Comisión Nacional Anticorrupción, entregada por la fracción del PRI en septiembre de 2012, cuando aún era presidente electo.
El diseño de esta Comisión Nacional Anticorrupción fue encargado al propio Virgilio Andrade que trabajaba para el PRI. Lo único que produjo esa iniciativa fue la modificación de la Ley Orgánica de la Administración Pública en enero de 2013. No se creó el órgano constitucional autónomo “en materia anticorrupción”, según el Artículo Segundo Transitorio de la misma ley aprobado hace dos años.
2.- Sus “acciones eficaces” ignoraron las cinco medidas urgentes sugeridas hace dos años por Transparencia Mexicana para combatir la corrupción. Entre esas sugerencias se propuso que, además de una fiscalía anticorrupción, se crearan “órganos internos y externos de control y fiscalización con independencia y un auténtico Tribunal Federal de Responsabilidades para los tres órdenes de gobierno”.
También se propuso una legislación para “definir, regular y sancionar el conflicto de interés” de los tres poderes y para los gobiernos estatales y municipales. Y se sugirió que el gobierno y el parlamento abierto se conviertan en auténticas prácticas transversales y generales.
3.- Las ocho medidas de Peña Nieto son insuficientes, incompletas y discrecionales. Ordenó que a partir de mayo todos los servidores públicos entreguen su declaración patrimonial, incluyendo posibles conflictos de interés. Los especialistas advierten que esto es insuficiente, que se deben incluir las declaraciones de impuestos, para permitir el cruce de información.
Peña Nieto también anunció la creación de una Unidad Especializada en Ética y Prevención de Conflicto de Interés. Esta unidad no tiene ningún asidero legal ya que no está contemplada en la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.
Ordenó emitir “reglas de integridad para el ejercicio de la función federal” que amplíen y profundicen los actuales códigos de ética. Esto es ocioso si no existe una legislación específica que defina y establezca sanciones frente al conflicto de interés.
Promete establecer “protocolos de contacto entre particulares y los funcionarios responsables” e identificar y clasificar el nivel de responsabilidad de los servidores públicos que intervengan en estos procedimientos. No mencionó lo obvio: que el contacto entre particulares y funcionarios se puede dar a través de terceros y fácilmente darle la vuelta a esta medida.
4.- Peña Nieto anunció la operación de la ventanilla única para trámites y servicios de gobierno y una lista pública de proveedores sancionados por el gobierno de la República. Estas medidas son correctas, pero se dan con dos años de retraso. El principal responsable de lograrlo era el propio Virgilio Andrade, extitular de la Comisión Federal de Mejora Regulatoria (Cofemer) antes de ser designado secretario de la Función Pública.
5.- El primer mandatario se autoexculpó antes de esperar el resultado de las 8 medidas anunciadas y se lavó las manos señalando que “el presidente no otorga contratos, no adjudica compras ni obras; tampoco participa en ningún comité de adquisiciones, arrendamientos o servicios”.
¿A quién quiere engañar Peña Nieto? El no otorga directamente ningún contrato, pero puede dar instrucciones a sus colaboradores y subordinados. Basta con una llamada por teléfono.
