Este viernes 22 de enero, el juez de la Audiencia Nacional española, Santiago Pedraz, acordó dejar en libertad provisional con restricciones al exgobernador de Coahuila y exdirigente nacional del PRI, Humberto Moreira, investigado por presuntos delitos como lavado de dinero, malversación de fondos públicos, cohecho y organización criminal.
Entre las restricciones que se le impusieron estuvieron la entrega de su pasaporte y la prohibición a Moreira de salir del territorio español. La decisión de Pedraz se adoptó después de una semana de que detuvieran en el aeropuerto de Barajas al político mexicano.
La decisión del juez fue en sentido contrario a la petición de los fiscales anticorrupción Juan José Rosa y José Grinda, quienes solicitaron la prisión incondicional para Moreira. Incluso, ventilaron a medios informativos que el exgobernador de Coahuila tuvo una relación con el cártel de Los Zetas, algo que aún está en investigación.
En contraste con el extremo interés del gobierno federal en torno al caso de presunto lavado de dinero de la actriz Kate del Castillo con el jefe del cártel de Sinaloa, Joaquín El Chapo Guzmán, la detención y juicio en contra de Moreira ha sido silenciado y minimizado por los principales voceros del gobierno peñista.
Han tratado de deslindarse de este caso como si fuera un “caso personal” y no la demostración más grave de impunidad que ha prevalecido en los últimos diez años en torno a varios gobernadores y exmandatarios estatales acusados de contratar deudas multimillonarias con documentación falsa, de malversar estos fondos y, en muchos casos, de desviar estos recursos para las campañas electorales, incluyendo la de 2012.
Moreira no es un caso aislado y menos un asunto “personal”, ajeno a las instituciones. Se trata del exdirigente nacional del PRI en el momento clave del ascenso de Peña Nieto como candidato único a la Presidencia de la República por este partido. Su gestión elevó la deuda pública de Coahuila de manera inusitada e ilegal, según distintas investigaciones realizadas en Estados Unidos y España: pasó de menos de 350 millones de pesos a más de 30 mil millones de pesos en un sexenio. Todo esto, a costa de los recursos públicos.
El caso Moreira es también una demostración de la capacidad de presión y de investigación de autoridades extranjeras, en contraste con la exoneración en México tanto del exgobernador como de sus principales colaboradores.
Según han informado los medios de comunicación mexicanos y españoles, la alerta a las autoridades españolas sobre los depósitos a Moreira provino de una comunicación de Estados Unidos, cuyas autoridades le advirtieron a la Unidad de Delitos Económicos y Financieros (UDEF) de la Policía Nacional y la Fiscalía Anticorrupción que los 200 mil euros en transferencias bancarias realizadas por Moreira podrían formar parte de un mecanismo de lavado de dinero.
En una corte federal de San Antonio, Texas, sigue vivo el caso, a raíz de la confesión de Héctor Javier Villarreal Hernández, extesorero en el gobierno de Moreira, así como del empresario Rolando González Treviño, quien confesó como “prestanombres” y participante de una red delictiva encabezada por el propio Moreira.
Los fiscales en Texas que llevan el caso de Moreira son los mismos que investigan a los exgobernadores de Tamaulipas, Tomás Yarrington y Eugenio Hernández. Estos fiscales federales son Kenneth Magidson y Robert L. Pitman, de los distritos sur y oeste de Texas. A Yarrington lo acusaron de “conspiración, crimen organizado y lavado de dinero”.
Otras investigaciones periodísticas revelan que en menos de un año Moreira quintuplicó sus ingresos. Invirtió sus presuntos ahorros de 650 mil pesos en dos empresas, en mayo y octubre de 2012, pero obtuvo ganancias por 3.5 millones de pesos.
En otras palabras, no estamos ante un caso aislado sino frente una de las pistas principales que pueden develar una trama de miles de millones de pesos provenientes del erario de entidades como Coahuila y Tamaulipas.
La sospecha es que el caso Moreira sea utilizado como un elemento de presión de las autoridades judiciales y policiacas de Estados Unidospara obtener la extradición de Guzmán Loera, el jefe del cártel de Sinaloa.
La autora es senadora de la República.
Twitter:@Dolores_PL
