Intervención en tribuna del senador Adolfo Romero Lainas, del Grupo Parlamentario del PRD, para hablar a favor del dictamen por el que se exhorta al Ejecutivo Federal, para que a través de las Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano establezca nuevos mecanismos de coordinación interinstitucional con los tres niveles de gobierno para la regularización de la tenencia de la tierra y los derechos agrarios que de ella se deriven, que den certeza jurídica al campo mexicano.
Adolfo Romero Lainas, (ARL): Buenas tardes, compañeros, compañeras. Con el permiso de la Mesa, señor presidente.
Sin duda, una de las principales causas por la cuales el campo mexicano no ha alcanzado su desarrollo, lo es innegablemente la falta de certeza jurídica y certidumbre documental en la tenencia de la tierra de propiedad social.
Muchos y costosos han sido los esfuerzos para poder lograr este objetivo, así tenemos la política pública implementada entre 1992 y el 2006 del Programa de Certificación de Derechos Ejidales y Titulación de Solares, PROCEDE, y el que pretendió darle continuidad, vigente en la actualidad, denominado Fondo de Apoyo para Núcleos Agrarios sin Regularizar, FANAR, los cuales que si bien es cierto han significado un gran avance en la regularización de los cerca de 30 mil núcleos agrarios, también lo es que no han cumplido con su objetivo.
Pues hoy en día seguimos escuchando de grandes disputas entre los núcleos agrarios por los derechos de la tierra, señalando como uno de los más representativos el caso de las comunidades de San Miguel y Santa María Chimalapa del estado de Oaxaca con ejidos y pequeños propietarios del Noroeste de Cintalapa Chiapas.
Estas disputas cobran mayor fuerza ya que con la entrada de las recientes reformas estructurales la presión sobre la propiedad social será cada día mayor.
Por lo anteriormente señalado es preciso señalar que estos esfuerzos no serán exitosos si no son acompañados de políticas que mantengan perfectamente actualizados los documentos agrarios básicos como lo son los padrones de beneficiados, la lista de sucesión, los órganos de representación entre otros, los contratos que se den sobre éstas, entre otros.
Por lo cual, en su oportunidad, el de la voz suscribió un Punto de Acuerdo para exhortar al Titular del Ejecutivo Federal para que por conducto de la Procuraduría Agraria se implementara un programa nacional para la regularización de los documentos agrarios básicos, ya que el campo no es estático y en este sentido tanto las normas y leyes que rigen el estado de derecho en México como sus instituciones deben actualizarse permanentemente para dar respuesta efectiva a las necesidades que van surgiendo cada día.
El de la voz coincide con los promoventes en el sentido de que el tema es de implacable e inaplazable atención, si tomamos en consideración los datos que manejan los especialistas en el sentido de que el 70 por ciento de la superficie que se incorpora al desarrollo urbano es tierra rural y que cada año se están incorporando alrededor de 35 mil hectáreas rurales al desarrollo urbano, producto de unas 600 mil operaciones de compra-venta irregulares que se realizan durante el mismo periodo de tiempo.
Todo esto tiene lugar, sin que la autoridad imponga un ordenamiento territorial y urbano y sin proporcionar una adecuada asesoría a los titulares de los derechos agrarios
Consideramos que en la mayor parte de la tenencia de la tierra ha faltado esa certidumbre a nuestros compañeros ejidatarios, comuneros y también en algunos núcleos de población que aún no tienen la certeza jurídica.
Considero que es necesario que tomemos en cuenta este punto de acuerdo para que podamos regresar algo de la justicia que se le ha negado a nuestros hermanos y hermanas campesinas.
Es por ello que sí me sumo a este punto de acuerdo, mi voto será a favor.
Muchísimas gracias.
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